En el Gobierno están convencidos de que "el club de la obra pública" "se desactivó" en la Argentina tras la llegada de Mauricio Macri al poder y creen que "lo mejor que le puede pasar es que los empresarios corruptos vayan presos".
Las definiciones parten de un encumbrado funcionario del Ministerio de Energía que lidera Javier Iguacel y que anoche comentó a Infobae que el Presidente tiene "toda la tranquilidad" de que entre las empresas que aparecen nombradas en los cuadernos del chofer Oscar Centeno no hay ninguna que figure hasta ahora en las licitaciones de obra pública otorgadas a los Proyectos Público-Privados (PPP) lanzados por Macri.
¿Qué pasará si aparece en los PPP alguna de las empresas involucradas en la megacausa de coimas del kirchnerismo?, preguntó Infobae al funcionario de la Casa Rosada. "Simple: se revisará todo y si se corrobora alguna irregularidad se lo apartará", fue la respuesta.
Desde el Ministerio de Energía aseguran que en todo el espinel del gobierno esperan que "la justicia actúe rápido para sacar a los empresarios corruptos", aunque están convencidos de que muchas de las empresas nombradas en los cuadernos podrán seguir operando ya que se trata de "delitos personales, no de empresas".
Desde el gobierno hicieron en las últimas horas una suerte de paralelismo entre los cuadernos de la era K con el Lava Jato de Brasil y evaluaron que allí los empresarios fueron presos pero las empresas siguieron funcionando. De todas maneras, desde el Ministerio de Energía ya pidieron un análisis profundo de cada uno de los PPP para verificar nombres y datos.
Un allegado a Iguacel comentó ayer a Infobae que desde la llegada de Macri al gobierno "se desactivó el club obra pública". Y lo explicó con hechos concretos: cuando estuvo a cargo de Vialidad Nacional, el ahora ministro de Energía presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción".
Iguacel presentó más de 100 denuncias al juez Julián Ercolini por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Desde Vialidad Nacional se revisaron 52 contratos por más de 46.000 millones de pesos, "plagados de irregularidades".
Hasta donde evalúa el gobierno, las contrataciones con China no se alterarán a pesar de que Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, se quedó con la licitación de las represas de Santa Cruz aunque no se descarta una revisión de esos contratos en el futuro inmediato.
Por lo demás, Iguacel ya cerró con el gobierno chino un contrato de financiamiento por 7.500 millones de dólares para la construcción de una central nuclear antes del 2022. "La idea es mantener la relación diplomática y comercial con China ya que hay compromisos asumidos", deslizó un allegado a Iguacel.