El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Ministerio de Trabajo y ordenó un embargo de $809.790.710 más intereses de $242.937.213 al gremio de Camioneros por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.
La presentación de la cartera laboral se había llevado a cabo este lunes por la tarde, cuando el ministro Jorge Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros.
El juez Ramonet decretó el embargo preventivo y pidió que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro "a fin de que traben la medida ordenada por la suma de $ 269.930.236,66 -con más la de $ 80.979.071- cada uno en la forma dispuesta precedentemente".
El lunes, el Gobierno cumplió con la advertencia que había realizado hacia fines de la semana pasada. Y el ministro Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre de 2017, es decir, el pedido de embargo preventivo de las cuentas del gremio conducido por la familia Moyano.
La decisión de la Justicia se tomó a raíz de la negativa de Camioneros de pagar la multa de $810 millones impuesta por la Justicia por no haber acatado una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio a fin del año pasado.
Los Moyano apelaron la decisión judicial, pero no abonaron la multa, como prevé la ley.
La relación entre el camionero y el Gobierno entró en su etapa de máxima tensión. La semana pasada, antes del viaje a Sudáfrica, Macri había dejado trascender entre sus colaboradores que Moyano no se adaptaba a los "cambios". El líder sindical había amenazado con un nuevo paro y había comparado a la gestión de Cambiemos con la dictadura.
"Camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento", había explicado Triaca.
Y agregó: "Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante".
Respuesta de Camioneros
Daniel Llermanos, uno de los abogados que defiende los intereses del sindicato de los Moyano, calificó al fallo de Ramonet como "bochornoso".
"Se trata de una medida aberrante desde lo político y lo jurídico", sostuvo el letrado, que advirtió que la decisión podría paralizar el funcionamiento del gremio.
"Con esa plata se paga a los empleados, a la obra social. Es la que hace funcionar al sindicato. El daño ya está causado, alguien va a tener que pagar el daño", sostuvo en diálogo con A24.
Por otra parte, Hugo Moyano (hijo), abogado del Sindicato de Camioneros, aseguró que "es notable que esta es una operación de carácter político" y que se trata de "una situación de extrema gravedad institucional".
"Mañana nos vamos a reunir en el sindicato y evaluaremos los pasos a seguir. Esta multa sería muy grave para el movimiento obrero en su conjunto", explicó.
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