En su paso por la comisión de Acuerdos, la candidata a la Procuración dejó dudas entre los senadores

Visiblemente nerviosa, Inés Weinberg de Roca, la candidata a jefa del Ministerio Público Fiscal propuesta por Mauricio Macri, pasó en la tarde de este martes por la comisión de Acuerdos del Senado en una audiencia edulcorada de casi dos horas y media en la que la jueza dio examen antes de la definición sobre su postulación, que aún no tiene fecha definida.

Weinberg leyó pausada el discurso que tenía preparado, en el que trazó un diagnóstico de la situación actual de la Procuración y dio definiciones sobre sus objetivos en caso de ser designada en reemplazo de Eduardo Casal, el procurador interino. Dijo que la "estructura central" del ministerio está "sobredimensionada", que hay asimetrías entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, y se comprometió a "garantizar la independencia" de sus funciones.

"Mi vinculación con el Presidente es netamente laboral. Lo conocí en 2009, en actos protocolares, y después ha habido reuniones de trabajo pero no solo conmigo sino con otros colegas. A su esposa (Juliana Awada) no la conozco, no la he tratado. La he visto en algunas cenas y la he saludado", aseguró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño ante una de las preguntas del senador Mario Pais. La versión instalada en los ambientes político y judicial daba cuenta de supuestos acercamientos entre la mujer y el jefe de Estado en el gimnasio que frecuentaba con Awada cuando era jefe de Gobierno.

Weinberg había llegado a la reunión con 10 impugnaciones presentadas ante la Cámara alta, entre ellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de Derechos Humanos. Algunas expresiones de la jueza en una entrevista del 2008 vinculada con la política de derechos humanos cuando se desempeñaba en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda motivaron los mayores cuestionamientos de los senadores, aunque dentro del clima light que se vivió en la sesión.

Fueron las senadoras Anabel Fernández Sagasti y María de los Ángeles Sacnun, del Frente Para la Victoria, las que machacaron en ese sentido. La jurista no fue contundente. Dijo que se había referido al caso de Ruanda y se remitió a lo que había expresado un rato antes en su discurso inaugural.

Abundó, en ese sentido, que había que "darles continuidad" a los juicios de lesa humanidad. "Por tratarse de una política de Estado, tendrá su debida continuidad. El proceso conocido como memoria, verdad y justicia iniciado en 1983 ha atravesado etapas complejas. El avance producido es remarcable así como las investigaciones abiertas en todo el país. Esto forma parte del patrimonio cultural y jurídico de nuestra historia de una manera irreversible. El caso de la desaparición de Julio López sigue abierto y nos alerta a seguir adelante y no dejarnos estar", dijo.

Cuando sobre los últimos minutos le preguntaron por el caso Luis Muiña, referido al beneficio de dos por uno otorgado en su momento por la Corte Suprema al ex represor y luego legislado por el Congreso, solo se limitó a contestar que estaba "resuelto legislativamente que no se aplique".

La escuchaban en primera fila Carlos Espínola, Humberto Schiavoni, Maurice Closs, Julio Cobos, Ángel Rozas, Omar Perotti, Esteban Bullrich y Alfredo de Angeli, entre otros. Carlos Balbín, el ex procurador del Tesoro de la Nación, y algunas de las Madres de Plaza de Mayo se sentaron entre los presentes. Miguel Ángel Pichetto entró y salió en dos oportunidades: el plenario en el salón vecino sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) contaba con mucha más atención. Hubo reuniones durante todo el día, de cara a la sesión del próximo miércoles 8, en la que se definirá la suerte de la media sanción de Diputados.

La candidata de Macri no quiso inmiscuirse en el debate sobre el aborto. "Debo ser cuidadosa. De darse el acuerdo, yo deberé aplicar la ley que sancionen cualquiera sea el resultado. Es un debate que estoy siguiendo con mucho interés, yo voy a respetar y aplicar la ley que ustedes sancionen", dijo. A metros de ella, senadores y asesores hacían números y convocaban a reuniones en torno al proyecto que se discutirá en el recinto la próxima semana, y que tuvo manifestaciones durante toda la tarde frente al Parlamento.

Weinberg, que necesita dos tercios de los votos y cuya suerte es aún una incógnita, estuvo rodeada por Federico Pinedo y Rodolfo Urtubey, uno de los senadores que en algún momento se postularon para el cargo.

Durante la ronda de preguntas, Weinberg fue escueta. No ahondó demasiado en sus definiciones. Por momentos se trabó en sus palabras.

Sobre el impuesto a las ganancias, explicó que "en el 2000", cuando la eligieron para integrar la Justicia porteña, "una de las condiciones era pagar" ese impuesto, con lo que se mostró a favor de lo dispuesto por el Congreso en el 2016.

Entre los senadores, el paso de la mujer no despertó demasiado entusiasmo. "Contestó las preguntas, y punto", dijo uno de ellos. La confirmación de su candidatura es todavía una incógnita.

La titular del TSJ explicó además que buscaría la "ansiada" autarquía financiera del Ministerio Público, abogó por la rápida implementación del sistema acusatorio y dijo que respaldaría a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ante los casos de corrupción.

En esa línea, la postulante de la Casa Rosada aseguró que las fiscalías creadas por la anterior gestión "están por ley". "Hay 5.087 empleados y funcionarios y el 35% presta funciones dentro de la estructura central.
De esos 5.087, 3.000 prestan funciones en la Ciudad. El Ministerio Público cuenta con $7.602 millones, y  el 98,12% corresponde al pago de sueldos. El 1,8% restante es para gestión y funcionamiento", subrayó. Habló, en ese plano, de "readecuación" de recursos. "No se trata de desideologizar a los integrantes del Ministerio Público sino de profesionalizar e institucionalizar al organismo en su conjunto", dijo, en lo que pareció un tiro por elevación a Alejandra Gils Carbó.

"Los cargos vitalicios son de una época en que todos nos moríamos mucho más jóvenes. En todos los cargos superiores debería haber un límite temporal", aclaró sobre el límite en los cargos de procuradores y fiscales.

En medio de las preguntas, Weinberg también fue consultada por el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad -se mostró a favor- y por el fallo "Pisoni" de marzo del 2015 en el que el TSJ revocó, por mayoría y con su firma, una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que le había impedido al Gobierno porteño la compra de las pistolas Taser.

Fue, tal vez, el único pasaje en el que la candidata se mostró más contundente y menos titubeante. "No me saquen de contexto", se quejó ante la inquietud del bloque del FPV. "Soy firmemente republicana y creo en la división de poderes. No le corresponde al Poder Judicial inmiscuirse en las esferas de los otros poderes. En este caso, lo que nos estaban pidiendo al Poder Judicial de la Ciudad es que dijéramos al poder administrador qué armas comprar, cómo abastecerse. Alcanzó con la sociedad civil, porque el Ejecutivo nunca compró las armas Taser. Si las armas Taser son mejores que una Beretta, no soy idónea para decirlo, pero sí puedo leer un informe que hizo el relator especial sobre la tortura el año pasado, que dijo que recomendaba el uso (de estas armas). No está tan claro que un arma sea mejor que otra, sería deseable que esto se resuelva legislativamente", enfatizó.

Y se despidió, al rato, con un brevísimo mensaje: "Gracias por la paciencia".