La oposición analiza el proyecto del Gobierno de financiamiento político y hay dudas por su aprobación

Si en el Gobierno había desde hacía meses inquietud por el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, el caso de los aportes falsos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año pasado le agrega una cuota extra de dramatismo al texto enviado a última hora del viernes por la Casa Rosada.

Si bien un sector del oficialismo impulsaba la ley para el segundo semestre del año, las denuncias judiciales por serias irregularidades en la última campaña bonaerense de Cambiemos, originadas tras la investigación del periodista Juan Amorin, apuraron los plazos. El envío del proyecto no estaba pautado para estos días. Tampoco en el que trabajan en la administración bonaerense y que planean mandar de un momento a otro a la Legislatura provincial.

Es uno de los principales argumentos de la oposición para rechazar el proyecto: el apuro del macrismo en su afán de buscarle una salida a la polémica por los aportes que sacudió por primera vez desde que es gobernadora a María Eugenia Vidal y su entorno.

En las últimas horas, los principales bloques de la oposición en Diputados, por donde entró el proyecto de ley, mandaron a analizarlo.

Desde el bloque del PJ que responde a algunos de los gobernadores ya mostraron algunos reparos. "El escenario no es el ideal", aseguró anoche en declaraciones radiales el diputado Pablo Kosiner, de Salta. Diego Bossio mandó a desmenuzarlo a sus asesores.

En el Frente Renovador hay serias dudas, igual que en el kirchnerismo. Si bien reconocen que hay que discutir el financiamiento de la política, el bloque liderado por Sergio Massa ya mostró los dientes. "Es una falta de respeto, ahora están apurados", explicaron cerca del ex intendente de Tigre. Elaboraron en esa línea un resumen comparativo con la iniciativa del oficialismo y los proyectos presentados en el 2016 por el massismo.

Hay dudas, en ese análisis, en la incorporación del artículo 7 bis en las modificaciones propuestas a la ley 26.215, que da cuenta de que "los partidos políticos reconocidos podrán solicitar al Ministerio del Interior aportes extraordinarios destinados a cubrir gastos no electorales y no contemplados en el desenvolvimiento institucional". "No queda claro el sentido ni el destino de esos fondos", se preguntan desde el FR.

En el Senado también mandaron a estudiar por estas horas el proyecto del oficialismo. En medio de la discusión por el presupuesto 2019, que plantea un severo ajuste.

El texto, de 17 carillas –incluido el mensaje del Poder Ejecutivo–, que lleva las firmas del ministro Rogelio Frigerio y de Marcos Peña, jefe de Gabinete, avanza en la bancarización total de los aportes de campaña, propone la eliminación de la prohibición de realizar aportes de campaña a las empresas, impone sanciones más duras, registros online de proveedores y dota de más profesionales al cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral, que revisa los informes de financiamiento presentados por los partidos políticos después de cada elección.

La vuelta de los aportes de personas jurídicas a las campañas –sí están permitidos para el desenvolvimiento de los partidos–, prohibidos en las modificaciones introducidas por la anterior gestión en el 2009, es una de las dudas del proyecto para un sector de la oposición. Incluso le costó aceptarlo a Elisa Carrió, históricamente en contra de los aportes de empresarios. Según sus colaboradores, abre los ojos cuando le apuntan las últimas novedades del caso de los aportes falsos a Cambiemos del año pasado.

"Año tras año y elección tras elección, la sociedad argentina observa que el financiamiento de la actividad política continúa siendo un ámbito donde prevalece la opacidad y donde muchas situaciones continúan comprometiendo seriamente la equidad en la competencia. Esta situación atenta contra la integridad de los procesos electorales y, en definitiva, afecta la calidad de nuestra democracia", apunta una de las frases del mensaje del Poder Ejecutivo del proyecto enviado el viernes.

Y sigue: "Es evidente que los aportes en efectivo presentan un obstáculo tan importante como injustificable para el logro de este objetivo", abunda en alusión al origen y el destino de los fondos en épocas electorales. Casualmente uno de los puntos que investiga la Justicia en relación a la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado.

El flujo de dinero negro en las campañas políticas de la Argentina era un secreto a voces a punto de estallar.

El 5 enero este medio publicó que el Gobierno quería impulsar una nueva ley de financiamiento que lo obligara a ordenar las recaudaciones de campaña ante la opacidad reinante en el sistema político. "En el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde $10.000 en adelante, generan todo tipo de suspicacias. Uno de los grandes dilemas de los procesos electorales no es de dónde sale el dinero si no quién se hace cargo, lo que en la jerga se llama 'simulación de aportes'", subrayaba el comienzo de la nota.

Como el resto de la política, el PRO se financia desde hace diez años con efectivo.

En el 2007, las listas encabezadas por los candidatos Carlos Melconian y Federico Pinedo, a senador y diputado respectivamente, recaudaron más de $1.300.000 en donaciones de $5.000 a $40.000, todas en efectivo, según los informes presentados ante la Justicia Electoral. En esa campaña figuran aportes de actuales funcionarios y allegados al oficialismo.

En el 2011, la elección nacional legislativa que llevó a Pinedo como cabeza de lista a diputados, el PRO recaudó algo más de $1.600.000, otra vez todo en efectivo, según los informes presentados. Lo mismo ocurrió en el 2013, esta vez con Gabriela Michetti y Diego Santilli como cabeza de lista para el Senado y el rabino Sergio Bergman en Diputados: se presentaron aportes por más de $6.000.000. Todo en efectivo.

En el 2015, y el año pasado, el porcentaje de donaciones en efectivo fue superior al 90%, a pesar de que no existía ninguna ley que prohibiera la bancarización de los aportes, como ahora propone el oficialismo.