El miércoles al mediodía se inició la sesión especial en Diputados que incluyó, entre otros temas de suma importancia social, el proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios.
Finalmente, la iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 194 votos a favor, pasadas las dos de la madrugada.
En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios.
Entre otros puntos, el texto estipula que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" los terrenos que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años.
Régimen de donación de alimentos
Más temprano, los diputados aprobaron con cambios el régimen de donación de alimentos, por lo que el proyecto fue girado nuevamente al Senado para su sanción definitiva.
Precisamente, se trata del proyecto sobre Régimen Especial para la Donación de Alimentos en Buen Estado (DONAL). La iniciativa recibió 145 votos afirmativos, 49 negativos -del Frente para la Victoria-PJ- y dos abstenciones, de los integrantes del bloque Justicialista Diego Bossio y Eduardo "Bali" Bucca.
Elisa Carrió defendió la iniciativa al resaltar que "en Argentina se pierden 16 millones de toneladas de alimentos y tenemos un 27% de personas pobres. La lucha contra el hambre es un escándalo moral, no podemos tener población con hambre cuando sobran alimentos y cuando se desperdician en estado de uso".
Por su parte, el líder del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, se opuso al considerar que el proyecto "no está a la altura de la Argentina de hoy", ya que a su entender es una solución que sería válida "luego de la crisis de 2001" pero no para un país "con 12 años de políticas de inclusión". En cambio, desafió al oficialismo a "aumentar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pónganle a las empresas que ganaron con el tipo de cambio uno o dos puntos de retenciones y úsenlo para aumentar la AUH".
En pleno debate, se desató un áspero cruce entre ambos legisladores, que incluyó apelativos como "cara rota" y "personaje siniestro".
Respecto a los cambios aprobados en el proyecto impulsados por el massista Marco Lavagna, Carrió explicó: "El problema era que los donantes eran responsables también de la fecha posterior. Es decir, si la empresa entregaba la mercadería dos meses antes (de su vencimiento) y se repartía cinco meses después o en la casa se usaba cinco meses después, tenía responsabilidad". Por lo tanto, indicó que "la responsabilidad (de la empresa) cesa cuando se entrega la mercadería apta para el consumo, y obviamente tiene que estar estructurada la logística para el reparto".
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