En agosto de 2016, el Gobierno comenzó a realizar un relevamiento junto a diferentes ONG y movimientos barriales para determinar la cantidad de asentamientos en todo el país. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que instrumenta el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, se identificaron 4.228 villas. Sumadas, cubren una superficie de 415,5 km2, dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Y en esas tierras viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
En base a esta información, y como parte de un plan integral, el Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto para urbanizar estos asentamientos y avanzar con acuerdos para que sus habitantes se transformen en propietarios. Luego de que fuera aprobada por el Senado, y que la discusión en las comisiones de Diputados avanzara de acuerdo a lo previsto, la iniciativa llegó hoy al recinto de la Cámara Baja con acuerdo de los principales bloques para que se transforme en ley.
De esta forma, empezó este mediodía la sesión especial en la que se votará el proyecto de regularización dominial de villas y asentamientos precarios. Además, la cámara aprobó la llamada "ley Justina" que modifica la ley de trasplante de órganos. También forman parte del temario el debatido proyecto sobre Donación de Alimentos en Buen Estado (DONAL), modificaciones en los montos de penas y multas especificados en la ley de Estupefacientes, regulaciones del vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina con el Estado Nacional, entre otras iniciativas. La sesión, que arrancó a las 12:12 con un quórum de 137 diputados, es presidida por el diputado sanjuanino del FpV José Luis Gioja.
Entre otros puntos, el proyecto propone que se declare "la utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles" los terrenos que componen el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para realizar convenios con provincias y municipios para la transferencia de estos inmuebles y para establecer mecanismos de compensación impositiva.
Consultado por Infobae, el diputado nacional Fabio Quetglas (Cambiemos), que será el encargado de informar al cuerpo de Diputados los detalles del proyecto, dijo que los tres puntos más importantes de la ley son "la necesidad de un acuerdo multinivel, o sea, gobierno federal, provincias y municipios, para acordar el tema de la informalidad urbana"; "los recursos que se ponen a disposición al poner toda la propiedad privada ocupada sujeta a expropiación, que por más que se haga escalonadamente, significará desembolsos importantes del gobierno nacional o acuerdos importantes en aquellos lugares donde la ocupación significaba deudas por parte de los propietarios para el Gobierno"; y "la compensación económica" que representa , porque "se encara un proceso de formalización masivo que no se hace con criterio paternalista, sino tratando de establecer justicia, porque se pone a cargo de los ocupantes la necesidad de pagar por su terreno y se limita eso a mecanismos que sean equitativos".
El despacho que llegará al recinto para la creación de un régimen de regularización dominal para la integración sociourbana dispone que la tarea de la AABE será "individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas".
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años. Según el Gobierno, será un proceso "que puede durar años", y los títulos de propiedad se realizarán en base a los Certificados de Vivienda Familiar, instrumentados por la ANSES, que se comenzaron a entregar a los habitantes censados en junio del año pasado.
Con este certificado se puede acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tales como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Hasta abril de este año ya se habían entregado 94.692 certificados.
Sesión en el Senado
El Senado sesionaba esta tarde para votar el proyecto de Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia Tic, que permitirá a las empresas telefónicas ingresar al mercado de la televisión satelital.
También llamada "Ley de Convergencia" o "Ley Corta", la iniciativa contempla la obligación para las compañías telefónicas y los licenciatarios de servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Tic) de compartir infraestructura, como torres, postes y ductos, para "reducir los precios de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales".
Antes, los senadores votarán una serie de pliegos de diplomáticos, entre los que se destaca el del embajador ante los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.
SEGUÍ LEYENDO