Con un plan B y votos peronistas y de los K, el Gobierno comenzó a cubrir cargos en Comodoro Py

Con el mundial de fútbol en el centro de toda la atención pública, el Gobierno nacional logró en los últimos días avanzar en la cobertura de cargos de jueces que son claves para las causas de corrupción. Además se puso en marcha un plan B para otro sillón judicial de peso político, ante el fracaso de la idea original que fue resistida dentro del propio oficialismo.

Los lugares en juego son en la Cámara Federal de Casación Penal, en la Cámara Federal y en uno de los Tribunales Orales Federales. Es en donde se define el futuro de una causa corrupción o la condena o absolución de un funcionario público. Son cargos fundamentales para la política.

Pero el macrismo no lo logró solo. Contó con el apoyo del peronismo del Senado y del bloque del kirchnerismo, que dieron sus votos para aprobar los jueces propuestos para el Gobierno. Con la excepción de la ex presidente Cristina Kirchner.

Cámara Federal de Casación Penal

Es el máximo tribunal penal del país después de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por allí pasan las causas de corrupción que se investigan como las que ya pasaron por un juicio oral. La Cámara tiene cuatro vacantes y el Gobierno está proponiendo los candidatos que pasaron por el concurso público de selección.

El Senado aprobó en su sesión de este miércoles los pliegos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone para ocupar la Sala I de la Cámara de Casación. También aprobó la postulación de Mario Villar en la Fiscalía 1 de Casación. Sus nombres fueron aprobados por 66 votos a favor y ninguno en contra. Eso incluye todos los bloques políticos del Senado, incluido el Frente para la Victoria. No votó Cristina Kirchner, quien estuvo ausente.

También se aprobó la llegada a Casación de Carlos Mahiques. Pero el trámite tuvo discusión por la particularidad del caso.

Mahiques fue el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Estuvo seis meses en el cargo y volvió a la Cámara Nacional de Casación Penal, donde era juez. Pero el macrismo impulsó su traslado a la Casación Federal que lo aprobó el Consejo de la Magistratura de la Nación donde el representante del gobierno es Juan Bautista Mahiques, hijo del juez. Carlos Mahiques también es padre de Ignacio Mahiques, uno de los fiscales que investigó a Cristina Kirchner en las causas "Los Sauces" y de las irregularidades de la obra pública que recibió el empresario detenido Lázaro Báez.

Pero el traslado se puso en discusión judicial –con denuncias penales y administrativas– que llegó hasta la Corte Suprema. El máximo tribunal dijo que cuando un traslado es de una jurisdicción a otra debe intervenir el Senado. Es el caso de Mahiques, por lo que la Cámara alta intervino en el caso.

En la sesión del miércoles, el Senado trató el caso de Mahiques y lo aprobó. El Gobierno también contó con el apoyo del peronismo pero el rechazo del Frente para la Victoria. Con 54 votos a favor, 11 en contra -los del Frente para la Victoria con Cristina Kirchner ausente y el bloque de Adolfo Rodríguez Saá– y una abstención, Mahiques seguirá en la Casación Federal.

En breve llegará al pleno del Senado otros dos nombres. Son los de Guillermo Yacobucci para la Cámara Federal de Casación y el de Ricardo Basílico para el Tribunal Oral Federal 1, donde se está realizando el juicio oral al detenido secretario de Obras Públicas José López por sus millonarios bolsos y donde se juzgará a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno por el caso de dólar futuro.

Yacobucci y Basílico estuvieron el miércoles en una audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado que ya dio dictamen a sus pliegos. Ahora tienen que pasar por el pleno del Senado y se espera que eso sea, en principio, el próximo 11 de julio.

Todos estos nombramientos son la previa del cargo judicial más importante que comenzará a debatir el Senado. Es el de Inés Weinberg de Roca, la candidata que propuso el presidente Mauricio Macri para reemplazar a la Alejandra Gils Carbó al frentre de la Procuración General de la Nación. La postulante tendrá el próximo 31 de julio su audiencia en la Cámara alta.

Cámara Federal

Por ese tribunal pasan todas las investigaciones por corrupción y se definen cuáles siguen y cuáles no, y con qué funcionarios -actuales o ex- como imputados o procesados.

Viene de vivir tiempos convulsionados por la salida de tres de sus seis jueces: Horacio Cattani renunció en enero tras dos años de licencia por enfermedad y Jorge Ballestero y Eduardo Farah se fueron tras liberar a los empresarios Cristobal López y Fabián De Sousa en la causa "Oil Combustible", un fallo que el propio Macri dijo que lo indignó y por el que el Gobierno se movió para lograr las salidas de esos magistrados. Ballestero renunció y Farah se trasladó a un Tribunal Oral Penal Económico.

La Cámara hoy está integrada por Martín Irurzun, Lepoldo Bruglia –trasladado allí por el macrismo desde un Tribunal Oral Federal y que ha sido implacable en sus fallos contra el kirchnerismo– y Mariano Llorens, quien llegó al cargo hace 15 días.

Con las salidas de Farah y Ballestero, el Gobierno tuvo un candidato para ir a la Cámara Federal: Pablo Bertuzzi, juez del Tribunal Oral Federal 4 que actualmente juzga al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once.

La llegada de Bertuzzi a la Cámara contó desde un comienzo con el aval de Bruglia porque fueron compañeros en el tribunal oral, y el rechazo de Irurzun, quien no quería que le impongan un juez en el tribunal y señalaba que la vacante se debía cubrir por el procedimiento legal de concurso público.

Todo se zanjó con una nota al Consejo en el que cada juez dejó asentada su postura. Llorens todavía no había llegado a la Cámara para dar su opinión que es la misma a la de Irurzun: las vacantes se deben cubrir como dice la ley y el cúmulo de trabajo del tribunal no amerita la llegada excepcional de otro integrante.

Con la nota, el macrismo tenía el camino allanado para nombrar a Bertuzzi como subrogante en la Cámara Federal. Pero encontró resistencias en el Consejo de la Magistratura.

Tanto el senador radical Ángel Rozas como los peronistas Rodolfo Urtubey y Mario Pais y el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade señalaron que el Congreso había aprobado una ley que regulaba las subrogancias y que se debía respetar esa norma que todavía no estaba en vigencia porque no se había publicado en el Boletín Oficial. Finalmente se publicó y el régimen de subrogancias dejaba a Bertuzzi afuera de la Cámara.

Así se puso en marcha el plan B. Bertuzzi envió este miércoles una nota al Consejo de la Magistratura de la Nación en la que pidió su traslado definitivo a la vacante que dejó Ballestero en la Sala I de la Cámara Federal, que es donde están Bruglia y Llorens. Irurzun es de la Sala II.

En esa nota, a la que accedió Infobae, Bertuzzi sostuvo que contaba con los requisitos para el traslado, que conoce el fuero federal porque se desempeñó por todos los escalafones de la carrera judicial y es juez desde hace nueve años y medio y que la Cámara Federal se encuentra "en una situación excepcional" por las vacantes que tiene.

Bertuzzi también informó que está en condiciones que afrontar simultáneamente los cargos en la Cámara Federal y en el Tribunal Oral hasta terminar los tres juicios que está realizando, que son los de Ciccone, la tragedia de Once y otro por trata de personas y abuso sexual, que tiene previsto finalizar entre julio y septiembre.

El juez tiene el aval del Gobierno. En los últimos días se reunió con Juan Mahiques, el representante del oficialismo en el Consejo y hombre clave en articular y conseguir los votos que el macrismo necesita. El pedido de traslado iba a ser tratado ayer por la Comisión de Selección del Consejo pero se postergó.

El camino no será tan sencillo. El diputado Tailhade ya pidió que las vacantes por las salidas de Farah y Ballestero se sumen al concurso público que está abierto por la salida de Cattani. Es una forma de cerrar la llegada de Bertuzzi pero no cuenta con los votos necesarios.

Sin embargo, el mayor problema puede venir de una idea que el peronismo y algunos jueces que integran el Consejo comenzaron a elaborar. Y es reformar el reglamento de traslados.

Hoy para cambiar de cargo a un juez se requiere una mayoría simple de votos, que son siete de los 13 miembros del Consejo y que el Gobierno con sus aliados los tienen. La idea que se está analizando es llevar el piso de votos a una mayoría especial de nueve y que todo traslado pase sin excepción por el Senado siguiendo la resolución de la Corte Suprema. Hoy el caso de Bertuzzi no requeriría su paso por el Congreso.

Si la propuesta avanza –hoy son charlas que Infobae confirmó en consejeros que hablan sobre el tema pero todavía sin ninguna propuesta presentada– todo dependerá si se pone en práctica antes o después de que se trate el caso de Bertuzzi. Como hasta ahora será la política quien lo resuelva.