Familiares de tripulantes del ARA San Juan se encadenaron en Plaza de Mayo

Un grupo de familiares de tripulantes del ARA San Juan permanece encadenado a las rejas de la Plaza de Mayo desde esta tarde. Piden que se avance con la contratación de una empresa que provea una nave que permita continuar con la búsqueda del submarino que desapareció el pasado 15 de noviembre. Son unas diez personas que prometen quedarse apostadas frente a la Casa Rosada hasta que se complete la adjudicación a la firma española "Igeotest", la única que superó la etapa de ponderación de pliegos.

Fue luego de que el buque científico Yantar de la Federación Rusa abandonara el operativo de búsqueda del ARA San Juan que el Ministerio de Defensa lanzó una convocatoria internacional para contratar la provisión de una nave que permitiera ubicar al submarino. Desde el principio era previsible que el proceso licitatorio expondría diferencias entre los familiares de la tripulación.

Hay que entender que no todos tienen abogados que representen sus intereses en la instancia judicial que lleva adelante la jueza de Caleta Olivia para determinar la eventual responsabilidad penal del personal naval responsable de la operación del San Juan.

Unas 30 sí tienen patrocinio letrado, que se reparte entre las doctoras Lorena Arias, Valeria Carreras (del estudio de Fernando Burlando) y Luis Tagliapietra, abogado y padre del tripulante del San Juan Alejandro Tagliapietra.

Desde que se lanzó la convocatoria, oferentes nacionales e internacionales (9 en total) se presentaron intentando satisfacer los requisitos del pliego técnico y brindar la oferta económica más ventajosa. Solo una superó la etapa de ponderación de pliegos, la firma española Igeotest SL, empresa dedicada a prospección submarina, geología y otras tareas afines al mundo acuático pero no necesariamente relacionadas con búsqueda de naves hundidas.

Una vez alcanzado el estado de preadjudicada, a Igeotest solo le restaba esperar el plazo reglamentario de tres días hábiles para que los restantes oferentes ejercieran el derecho a impugnar, tal como lo consagra el decreto 1023/01 que rige el sistema de compras del Estado Nacional. Pero no fue un contendiente comercial quien "pateara el tablero", sino la Dra. Valeria Carreras, que en su carácter de representante de un grupo minoritario de familiares presentó dos impugnaciones basadas en la supuesta falta de idoneidad, insolvencia financiera e incumplimiento de las condiciones exigidas en el pliego de contratación.

Ante la casi plena certeza de que estos recursos administrativos serían desestimados por el Ministerio de Defensa, Carreras informó que solicitaría detener el proceso mediante un recurso de amparo, pero antes presentó la semana pasada una denuncia penal ante el fiscal Federico Delgado, quien decidió impulsar la acción penal. El expediente recayó en el juzgado federal a cargo del Dr. Martínez de Georgi.

A partir del dictado de una serie de medidas de prueba por parte de la fiscalía, la cartera de Defensa decidió cortar por lo sano y sometió a revisión todo el procedimiento a la autoridad que emana de la Oficina Nacional de Contrataciones. Según pudo saber Infobae, durante este jueves el organismo nacional se expedirá, determinando si procede o no la adjudicación.

La decisión originó una situación extremadamente particular: siguiendo las posturas divididas de las querellas, los familiares también se han dividido y mientras un grupo aboga por la anulación de todo el procedimiento otro grupo exige la inmediata adjudicación.

Los familiares que protestan frente a la Casa Rosada son los mismos que el martes amenazaron con realizar una "toma pacífica" del anexo del Senado, donde sesionó la Bicameral. Este grupo fue recibido ayer por Aguad, quien les comunicó que se atendría a la decisión del organismo competente. La respuesta del funcionario no conformó en este sector.

Esta particular situación coloca en un verdadero brete a las autoridades nacionales responsables de la adjudicación. Si proceden con Igeotest, deberán cuando menos esperar una embestida de la fiscalía a cargo del fiscal Delgado. Si por el contrario anulan todo, las familias alineadas con Luis Tagliapietra elevarán el nivel de sus reclamos.

De poco sirvió al parecer la idea esbozada por Oscar Aguad en el sentido de proceder a la compra de un AUV propio al mismo precio de lo que cuesta el alquiler del equipo por 100 días, tal como pedía el pliego ahora cuestionado.

Lo que sí ha dejado bien en claro el Ministerio de Defensa es que todas las demoras obedecen a los recursos presentados por la querellante Carreras y por lo tanto escapan a su control. La cartera está obligada a someterse al escrutinio de la Oficina Nacional de Compras. Aguad fue tajante: "Si me dan el OK, sigo adelante; si me dicen que hay fallas, se suspende la contratación".

Cuando ya reinaba la noche y comenzaba a descender la temperatura, un automóvil oficial se detuvo en proximidades del acampe. De uniforme y acompañado por su ayudante de órdenes, el jefe interino del Estado Mayor General de la Armada vicealmirante José Luis Villán descendió del vehículo portando alimentos y bebida caliente para las familias. El propio Luis Tagliapietra se conmovió con el gesto de la máxima autoridad naval del país. "Demostró humanidad en medio de tanto mal trato", comentó el abogado a Infobae.

44 marinos integran la dotación del desaparecido submarino ARA San Juan. 44 familias esperan desde hace casi ocho meses respuestas que no llegan. ¿Qué pasó con la nave? ¿Dónde están los tripulantes? ¿Qué se está haciendo para encontrarlos? ¿Estaba esta unidad militar en condiciones de navegar?

Los tres poderes del Estado trabajan en forma paralela para tratar de desentrañar estas incógnitas: la jueza Yáñez, la Comisión Bicameral del Poder Legislativo y la Comisión Técnica del Ministerio de Defensa. Con enfoques diferentes, todos pretender llegar a la verdad o, al menos, aproximarse lo más posible a ella.