El cálculo es estimativo, pero comenzó a circular entre los principales funcionarios del Ministerio de Hacienda: el paro general convocado por la CGT -el tercero durante la gestión Cambiemos- representa la pérdida de 28.824 millones de pesos para el país, según informaron desde el Ejecutivo a Infobae.
La huelga, sin movilización por parte de los sindicatos pero sí por parte de partidos político, fue decidida por el consejo directivo cegetista el 12 de junio pasado, y recibió la adhesión de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), y de movimientos sociales. También se adhirieron sindicatos claves como los estatales UPCN y ATE, además de los de todos los medios de transporte y la banca, lo que afectará tanto a la Administración Pública como al sector privado.
Los partidos Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista, todos de la izquierda trotskista, anunciaron que desde mañana a las 7 harán cortes del tránsito en accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde al mediodía llevarán a cabo un acto en el Obelisco porteño.
A pesar de la convocatoria sindical, un sector del gremio de taxis y remise garantizarán de manera parcial el transporte en la ciudad de Buenos Aires; lo mismo sucede con estaciones de servicio de YPF, que estarán abiertas.
La CGT fundamentó esta huelga "en la necesidad de expresarle al Gobierno nacional" su "más enérgico repudio al ajuste salvaje al que somete a los trabajadores". En este sentido, citó "el veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, la seguridad social y las economías regionales, que no hacen más que agravar dramáticamente la ya insoportable situación social".
"No vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias," remarcó en un documento difundido a mediados de junio.
Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que la protesta "no tiene ningún sentido" porque "ni siquiera la gente sabe por qué está parando". "En el gobierno no rompemos el diálogo", subrayó en declaraciones a distintos medios de prensa.
"Al día siguiente vamos a estar en el mismo lugar. El diálogo está; hablamos con todos los que quieran sentarse a dialogar pero hay muchos que no quiere", insistió Frigerio.
A su vez, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, remarcó hoy que "la huelga es un derecho", pero advirtió que "no transforma la realidad" del país.
"La huelga es un derecho de todos los trabajadores, pero creo que un paro no cambia, no transforma la realidad", aseguró Vidal, para quien "lo que transforma la realidad es trabajar juntos para cambiar aquello que nos preocupa".
El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid sostuvo hoy que esta huelga tendrá "un nivel de acatamiento muy grande, tal vez el más importante de los últimos años", debido "al agravamiento de la economía y todo lo que eso significa para el pueblo trabajador."
"Lo que debería ocurrir es que el Gobierno ponga un poco más de atención a todos estos problemas, porque hasta ahora su atención fue escuchar mucho más a los sectores concentrados de la economía," puntualizó Schmid, líder del sindicato marítimo, a la radio LaOnceDiez,
En tanto, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, denunció que "hay sectores del sindicalismo que buscan tensión social y la inestabilidad del Gobierno."
"Buscan el conflicto por el conflicto mismo y no resuelven los problemas de la Argentina con un paro," aseguró sin hacer nombres en declaraciones publicadas hoy por Infobae.
El primer paro general de la CGT contra el Gobierno se llevó a cabo el 6 de abril de 2017, un año cuatro meses después de que Macri asumiera la jefatura del Estado, y fue en señal de protesta por despidos, la apertura de importaciones y el cierre de pequeñas y medianas empresas.
El 18 de diciembre pasado se llevó a cabo la segunda huelga cegetista, esta vez en rechazo del proyecto oficial de cambios en la movilidad de las jubilaciones, finalmente fue aprobado en el Congreso en medio de un clima de tensión y disturbios.