Incertidumbre. Temores a que sean comparados con el oscuro pasado argentino. Reparos legales, cierta desconfianza e incluso algunos condicionamientos. Desde el cabo menor hasta las altas jerarquías de las Fuerzas Armadas se plantearon en los últimos días muchos interrogantes sobre el alcance real de la decisión del presidente Mauricio Macri de poner a los militares al servicio de la seguridad en la Argentina.
El escaso nivel de directivas que hubo hasta ahora y la falta de información concreta desde el Ministerio de Defensa resultó ser inversamente proporcional a la incertidumbre y los reparos que hay en las Fuerzas Armadas ante la idea que Macri puso sobre la mesa en el Día del Ejército por el nuevo rol de los militares.
El ministro de Defensa Oscar Aguad le comunicó la semana pasada a los jefes de las tres Fuerzas Armadas en forma muy elíptica los eventuales alcances de una eventual participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero no abundó en detalles. Ni siquiera les habló de la herramienta legal que usará el gobierno para poner en marcha este ambicioso y polémico plan. Aguad se negó a dialogar ante las consultas de Infobae. No hubo detalle alguno hasta ahora del decreto que finalmente saldrá con los cambios para las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, numerosas fuentes castrenses consultadas por Infobae evaluaron que la medida presidencial hoy hace mucho ruido internamente. No sólo por el impacto que ello pueda generar en espacios políticos naturalmente hostiles a los militares sino en la sociedad en general. También preocupa la forma en que se podría llegar a poner en marcha los planes del gobierno anunciados.
"No queremos ser auxiliares de la Justicia en la persecución criminal y tampoco dirigir el tránsito. Podemos custodiar objetivos de infraestructura crítica y podemos hacer vigilancia de fronteras no en los pasos sino en las fronteras secas para tener menor exposición en las ciudades", evaluó un uniformado.
En esta misma línea una alta fuente del Ejército destacó ante Infobae que "hay mucho temor en los jóvenes militares que ni siquiera vivieron la época de la dictadura a que sean emparentados con las Fuerzas Armadas de aquellos años por el simple hecho de hacer tareas de seguridad o lucha contra el narcotráfico".
Un dato que ilustra este sentimiento es que cada vez son más los edificios militares satélites (aquellos que no están dentro de unidades militares) que tienen seguridad privada con un costo elevado porque las fuerzas quieren evitar exponer al personal militar a la simple tarea de tener que pedir documentos a un civil que ingresa al edificio.
En esta línea, un uniformado de la Fuerza Aérea destacó: "Hay voluntad de dar apoyo a las fuerzas seguridad pero las funciones deberían ser bien precisas a fin de evitar polémicas futuras". En pararlelo otra fuente castrense consultada fue tajante en esta lectura al sostener que "no queremos ser vinculados con errores del pasado que nos pueden costar muchos años remontar".
Así, quedó en claro que las Fuerzas Armadas prevén la anulación del decreto 727 que dictó Néstor Kirchner en el 2006 para reglamentar la Ley de Defensa ya que esta medida limitó la aplicación de esa norma al autorizar el empleo de los militares sólo contra fuerzas armadas de otros Estados. Pero se espera una normativa bien clara a futuro.
En la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia dijeron que aun no está listo el decreto presidencial para dar un nuevo rol a las Fuerzas Armadas aunque se espera que haya un estudio profundo con antecedentes incluidos sobre el tema. Así, fuentes de la Casa Rosada dijeron a Infobae que "la eventual normativa que disponga el gobierno para el nuevo rol de las Fuerzas Armadas debería ser bien precisa para definir qué se hace ante casos puntuales donde un miembro del Ejército o la Armada, por ejemplo, sean atacados por grupos de narcos, contrabandistas o cualquier otro".
Además, Pasqualini destacó que "si se cambia la normativa podríamos hacerlo en un futuro, con equipamiento, entrenamiento y preparación". Pero remarcó que para ello se necesitará "mucha preparación y capacitación".
En este sentido, no sólo en el Ejército sino también en la Armada y en la Fuerza Aérea alertaron que si en el futuro tienen que tener bajo su mando a policías que no están formados en la fuerza y se dan situaciones de exceso ante una agresión de un grupo piquetero los primeros perjudicados o acusados serán los militares. Este tipo de situaciones son las que generan cierto temor a que en la Fuerzas Armadas vuelvan a estar emparentadas con los militares represivos de la dictadura sin siquiera ser responsables de hechos violentos.
Organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la oposición relacionados con la izquierda y el kirchnerismo cuestionaron duramente al gobierno por la idea de darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas.
Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron el viernes a Infobae que existe la posibilidad de traspasar suboficiales del Ejército a Gendarmería. El objetivo es sumar más efectivos a los operativos de seguridad en los grandes centros urbanos para revertir los alarmantes índices del delito. Desde el punto de vista salarial, en las Fuerzas Armadas puede atraer esa idea ya que los sueldos literalmente son el doble. Sin embargo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas admiten que "la inserción de un militar que se viste parecido a un gendarme, tiene complicaciones escalafonarias y profesionales".
En esta línea de análisis hay mucha desorientación. Un almirante explicó a Infobae que "nadie entiende demasiado que hace unos días el Gobierno había asegurado que la Prefectura iba a pasar a depender de la Marina y la Gendarmería del Ejército pero luego esa directiva se cambió para decir que van a ofrecer a personal militar para las fuerzas de seguridad".
En las Fuerzas Armadas coinciden con el Gobierno en que limitar las agresiones externas a la invasión o ataque de otros Estados, y dejar afuera al terrorismo y al narcotráfico no se ajusta a la realidad mundial. Sin embargo, para llevar adelante esta idea o acompañar a a las fuerzas de seguridad exigen condicionamientos legales y un fuerte apoyo político.
Como adelantó Infobae la semana pasada, desde el Poder Ejecutivo se contempla el apoyo logístico del Ejército en las denominadas Zonas de Seguridad de Fronteras para la lucha contra el narcotrafico, la trata de personas, el contrabando y otros delitos trasnacionales.
Por otra parte se prevé la cobertura de objetivos estratégicos, como represas, radares y satélites como ARSAT, que hoy están en manos de Gendarmería, y deberían estar custodiados por una fuerza armada.
El apoyo operativo en las fronteras ya está previsto en el decreto 1091/2011 del Escudo Norte dictado por Cristina Kirchner. Así, se llevaron adelante en los últimos años operativos conjuntos de militares y fuerzas de seguridad que en teoría el decreto de Néstor Kirchner lo impedía.
Ante los repartos y alertas que hay en las Fuerzas Armadas, desde el gobierno admiten que cualquier medida será profundamente estudiada con antelación para evitar problemas a futuro. Pero la decisión de darle un nuevo papel a los militares en la lucha contra la inseguridad ya es un hecho.