Ni la declamada lucha para bajar de forma acelerada el gasto público para reducir déficit fiscal. Ni la tensión que desde hace tiempo mantiene el Gobierno con gran parte del sindicalismo. Nada de eso parece haber impedido que la delegación argentina asistiera a la 107° Conferencia Internacional del Trabajo que se realiza en Ginebra, Suiza, con 181 integrantes, la más numerosa de todas.
El cónclave, organizado todos los años por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), arrancó este lunes y se prolongará hasta el viernes 8 de junio. Reúne a representantes de 187 países.
La delegación argentina está compuesta por representantes del gobierno nacional, de gobiernos provinciales, legisladores, sindicalistas, empresarios y asesores.
En general, los gastos de traslado y alojamiento de los funcionarios públicos y los integrantes de la delegación gremial oficial corren por cuenta de cada país. Del resto, se hacen cargo las distintas organizaciones.
Según el listado provisorio que figura en la página oficial de la OIT, con sus 181 integrantes, la delegación argentina es la más grande, superando ampliamente a países más ricos. Está encabezada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y otros diez funcionarios de la cartera laboral.
También figuran siete senadores nacionales: Daniel Lovera (Frente para la Victoria, de La Pampa), Laura Rodríguez Machado (Cambiemos, de Córdoba, quien no viajó), Ana Almirón (Frente para la Victoria, de Corrientes), María Odarda (Alianza Frente Progresista, de Río Negro), Gerardo Montenegro (quien finalmente no irá) y Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino, Neuquén). En principio, la mayoría tendría previsto viajar después de la sesión clave de este miércoles por la ley de tarifas.
El diputado Albor Cantard, que figura en la lista, también aclaró que no viajará.
En la delegación también hay funcionarios de gobiernos provinciales y legisladores. Y, claro, sindicalistas como Gerardo Martínez, Héctor Daer, Julio Piumato, Pablo Micheli, Roberto Baradel o Ramón Ayala. Y varios empresarios, como Miguel Acevedo, Gustavo Weis y Daniel Funes de Rioja.
Los 181 integrantes de la delegación argentina -un país con un PBI per cápita de 14.000 dólares- contrastan con los de otras comitivas mucho más pequeñas de países más desarrollados económicamente. Por ejemplo, Alemania, que tiene un PBI per cápita de casi 51.000 dólares, lleva solo 30 miembros; Austria (PBI per cápita de USD 53.760) participa con una comitiva de 20 personas; Israel (PBI per cápita de USD 42.120) con 13 integrantes; Nueva Zelanda (PBI per cápita de USD 44.640) con 11; Bélgica (PBI per cápita USD 49.270) con 58; Suecia (PBI per cápita 58.350) con 31 y Suiza (PBI per cápita 86.840) con 29.
La diferencia también es muy pronunciada si se comparan los 181 miembros que traslada la Argentina con la de un país vecino, Chile, que traslada 45 integrantes (PBI per cápita USD 15.090).
De acuerdo con el programa que figura en la página oficial, este año está previsto abordar algunos temas de especial actualidad, como "la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo".
Tras la publicación de esta nota, fuentes del Ministerio de Trabajo aclararon que de los 181 inscriptos solamente viajarán 132. La cartera laboral se hace cargo de los gastos de 10 representantes: 4 empresarios, 4 integrantes de la CGT, 1 de la CTA Autónona y 1 de la CTA de los Trabajadores.
En el ámbito gremial local no se sorprendieron tanto por la cantidad de integrantes sino por el nombre de alguno de ellos. Sucede que generó sorpresa y malestar la invitación a la conducción del SOMU, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos que supo liderar Omar "Caballo" Suárez, actualmente detenido.
El gremio, que estuvo intervenido y fue recuperado recientemente por sus afiliados, inició una serie de demandas judiciales en las que imputó a los ex interventores y al propio Ministerio de Trabajo por supuestas irregularidades administrativas cometidas durante los dos años de intervención judicial.
El moyanista Raúl Durdos y buena parte de su plana mayor del SOMU aceptaron la invitación de Triaca para viajar a Ginebra.
Ayer, la Justicia federal respondió a uno de los planteos del SOMU y negó la existencia de irregularidades durante la intervención. Sin embargo, alentó a los denunciantes a concurrir a distintos organismos para tratar de determinar si existieron responsabilidades administrativas.
La estadía en Ginebra, imaginan algunos, podría servir para limar asperezas.
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