De un lado, las gestiones del Gobierno para logar apoyos locales o frenar cuestionamientos a las negociaciones con el FMI, un sello de amargo eco histórico. Del otro, los esfuerzos para traducir en respaldo concreto las señales de los países de mayor peso –económico y en la cúpula real del Fondo- frente al pedido argentino. Y en el medio, un debate que animan los ortodoxos y el resto no atina a dar seriamente: ¿resistiría la Argentina un ajuste brutal y, más aún, quién estaría dispuesto y en condiciones de ejecutarlo?
El oficialismo, en boca de funcionarios de primer nivel y referentes partidarios, sostiene al menos dos puntos centrales de su plan, con sentido conceptual y práctico. El primero expresa que el denominado "gradualismo" es el único sendero posible a transitar, es decir, que el "ordenamiento" de la economía y sobre todo la reducción del déficit llevarán tiempo, para empezar toda esta gestión.
El segundo agrega que el "gradualismo" requiere financiar esos tiempos, de manera decreciente y apostando a que una moderada pero persistente mejora de la economía permita también ajustar exigencias del Estado hoy intocables.
Con ese argumento, anotado aquí muy linealmente, descartan lo que tradicionalmente es catalogado como ajuste ortodoxo, que demandaría no sólo políticas de shock, sino además una poda formidable –en el sentido original de la palabra, temible- de casi todos los rubros del Presupuesto para achicar el déficit dramáticamente. Eso, con el implícito teórico de que garantizaría un armonioso acompañamiento de los mercados y un crecimiento sostenido y tal vez no tan lento de la economía.
En muchos de los cuestionamientos de economistas surgen de diferente modo referencias a la necesidad de acomodar las cuentas. Se cruzan algunas consideraciones políticas, pero mientras algunos, los más moderados, hablan de profundizar el reordenamiento y la reducción del déficit –lo que indicaría cierta comprensión del contexto social y medidas escalonadas, incluso en materia impositiva-, otros plantean abiertamente o sugieren medidas drásticas porque estiman, de hecho, que no está en marcha un proceso real de ajuste.
El asunto ineludible, al menos para el Gobierno y la mayoría de la oposición, es que el Presupuesto no ofrece muchas ramas a podar. Buena parte de los fondos son consumidos por programas sociales, asistencia al sistema previsional y salarios. Se han producido reducciones, costosas algunas a pesar de parciales, entre ellas las de subsidios a las tarifas. El ejemplo más reciente: fue anunciado un recorte en la obra pública, que no es sustancial en números presupuestarios pero que enciende luces amarillas en un área destacada para reanimar la economía en lo que va de la gestión Macri.
Por supuesto, las consecuencias del arrastre de un déficit que lleva la estampilla de grave desde hace por lo menos cinco años no resulta un elemento aislado. Pero ese tramo económico que pasó por el freno, la caída de la actividad y una mejora gradual y despareja, no puede ser aislado en el laboratorio como si no existieran consecuencias sociales. La política, con algunos más y variados menos, intenta transitar en ese territorio complejo.
Se ha dicho: el cuadro actual, con la electricidad que produce la escalada del dólar y una inflación resistente, reconoce factores externos y elementos estructurales, además de errores del Gobierno, falta de acuerdos políticos elementales, déficits de una coalición gobernante que busca consolidarse y un peronismo por ahora expresado en distintas vertientes, sin liderazgo dominante y que por momentos acelera su propia competencia en función del grado de relación o dureza frente a Macri.
La reacción del Gobierno exhibe hasta ahora, como desde su inicio, gestos parcelados. Buena parte de la energía está puesta en "tranquilizar" la situación interna y en generar apoyos externos para su pedido al FMI. En esa página, anotó avances significativos que busca expandir, aunque nada garantiza expresión automática en las decisiones del Fondo. Poco además se sabe sobre los términos y condiciones que podría tener un acuerdo.
Desde el anuncio de recurrir al organismo internacional, sumó el respaldo de Estados Unidos, Japón y China –de peso en el FMI y también en la economía mundial, aunque no en el mismo orden-, además de España, Brasil y Chile. Busca nuevas señales, en medio de un intenso trabajo diplomático, y anota expectativas sobre otros países europeos, especialmente Alemania.
En el plano interno, apuesta a evitar ofensivas políticas de peso y a sumar sino apoyo expreso, respaldo menos visible. Las conversaciones registraron reuniones de Macri y sus funcionarios con gobernadores peronistas y provinciales. Los jefes políticos de Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, San Juan, Misiones y Santiago del Estero ya se anotaron en esa lista. Suman además a los cinco mandatarios de Cambiemos. Y dicen que la semana próxima seguirán en esa línea con otros gobernadores.
Los encuentros parecen necesarios aunque pálidos frente a la realidad. Hay, como siempre, inquietudes de naturaleza presupuestaria: en primer lugar, las obras públicas, que el Gobierno promete continuar en el caso de las que ya arrancaron y ser cuidadoso para el resto, incluso en la proyección del año próximo. Otro asunto no siempre expresado en estas horas alude a las complicaciones individuales en el plano financiero local y el internacional.
Ese último no es un dato menor para ninguno. En medios oficialistas afirman que están razonablemente controladas las cuentas presupuestarias en los distritos que gobiernan, empezando por Buenos Aires y la Capital, con previsiones hasta fin de año. En el circuito del peronismo describen un panorama similar para varias de las provincias que están en sus manos, entre ellas San Juan, Tucumán y La Pampa, y con mirada más matizada o crítica, según el caso, refieren a otros territorios, como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego, entre otros. La línea final en ese listado es ocupada por Santa Cruz.
Con todo, las citas presidenciales no se limitan a los jefes provinciales y empiezan a sumar otros actores. Ayer mismo, Macri recibió a empresarios de peso individual y a representantes de entidades del sector, de variada escala: AEA, la UIA, La Cámara de Comercio y Came. Son encuentros para exhibir comprensión por el momento y explicar la decisión de jugar la carta del FMI. En paralelo corre la inquietud por los precios, aunque sólo fue expreso ese punto en la negociación con las petroleras para postergar aumentos.
Miradas globalmente, todas son piezas de un tablero por ahora incompleto y siempre tratado por el Gobierno en forma separada. Nada de pacto amplio, se dijo desde el principio. Difícil rediscutir esa alternativa en el actual contexto. Por supuesto, no se trata de pensar en gestos al estilo Billiken, pero sí de acuerdos pendientes. El principal debate ahora pasa por la salida económica: suena disperso el gradualismo o como quiera ser llamado fuera del oficialismo; es más uniforme el viejo planteo ortodoxo. Dos problemas en uno.
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