En las próximas semanas y meses llegarán a los tribunales de Comodoro Py nuevos jueces. Sus nombres hoy son poco conocidos pero empezarán a repetirse en los medios porque tendrán que resolver muchas causas de impacto político: las de corrupción. Son jueces propuestos por el gobierno de Mauricio Macri que pasarán por el Senado de la Nación donde el peronismo tiene mayoría y ya dio el visto bueno para su aprobación.
Los postulantes comenzaron a pasar por el Senado esta semana, lo harán a fin de mes y en los próximos meses. Hay postulantes para la Cámara Federal, la de Casación Federal, un Tribunal Oral Federal y la vedette será Inés Weinberg de Roca, la candidata de Macri para la Procuración General de la Nación.
La aprobación de estos jueces no solo será clave para llegar a los cargos, sino porque detrás de eso hay una ingeniería del gobierno para volver a un anhelo que le frenó la Corte Suprema de Justicia: aumentar la cantidad de Tribunales Orales Federales, los que juzgan a funcionarios públicos por casos de corrupción.
El tribunal clave es la Cámara Federal de Casación Penal. Es el máximo tribunal penal del país después de la Corte y, entre otras funciones, revisa las condenas y absoluciones de los tribunales orales. Tiene cinco vacantes desde hace más de cuatro años. El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección de los jueces, destrabó recién el año pasado el nombre de los postulantes por las internas políticas en el organismo.
El gobierno ya mandó al Senado dos nombres, los de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ambos jueces de Tribunal Oral Federal de San Martín. Tienen cita en el Senado el próximo 30 de mayo para la audiencia pública.
Barroetaveña cuenta con el apoyo del radicalismo. Integra el oficialismo de la Asociación de Magistrados y fue uno de los jueces que en 2013 condenó al sindicalista José Pedraza y otros acusados por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Petrone llega con el visto bueno del gobierno –es amigo del ministro de Justicia, Germán Garavano– y fue el primer juez del caso de la valija del venezolano Antonini Wilson, en el inicio del primer mandato de Cristina Kirchner. También tiene el apoyo de un sector del radicalismo: fue juez en Mendoza, donde entabló relación con Ernesto Sanz.
El 30 de mayo también tiene que ir al Senado Carlos Mahiques, juez de la Casación Federal. Es el padre de Juan Bautista Mahiques, funcionario del Ministerio de Justicia, representante del gobierno en el Consejo y la cara visible del enlace entre el macrismo y la justicia. También el de Ignacio Mahiques, uno de los fiscales que investiga a Cristina Kircner en distintas causas.
"Coco", como es conocido Mahiques, llegó a Casación por un traslado que aprobó el Consejo y firmó Macri mediante un decreto. Su designación hizo ruido: de ser el primer ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal pasó a un tribunal que revisa la actuación de actuales y ex funcionarios.
Pero ese nombramiento quedó bajo la lupa de la Corte Suprema cuando analizó los traslados. El máximo tribunal dijo que si un juez pasa de una jurisdicción –Mahiques era juez de la Casación Nacional– a otra –fue a la federal– tiene que tener acuerdo del Senado. Por eso el gobierno mandó su nombre a la Cámara Alta.
Otro postulante que el gobierno mandó al Senado y que llegó esta semana fue Guillermo Yacobucci, también para la Casación Federal. Yacobucci ya integró ese tribunal como subrogante. Fue uno de los jueces que en 2008 falló a favor de la libertad de 12 represores de la ESMA, entre ellos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz, las que finalmente no se concretaron.
Por esa decisión el kirchnerismo lo relegó a cualquier ascenso y ahora el macrismo lo rescató. Primero lo nombró en uno de los nuevos tribunales orales federales y ahora lo propuso para la Casación Federal. Yacobucci fue colega de Carlos Mahiques en un tribunal oral y tiene la aprobación de la mesa judicial del gobierno.
La última vacante de Casación todavía no llegó al Senado. Pero el pliego con el nombre ya salió del Ministerio de Justicia y está en la Casa Rosada. Es el de Javier Carbajo, actual secretario general de Casación que tiene el apoyo de los jueces del tribunal. Solo resta la firma de Macri para que su nombre vaya al Senado. Disputó palmo a palmo el cargo con Karina Perrilli, jueza de un tribunal oral en lo Penal Económico. Algunas fuentes no dan por cerrada la discusión pero el nombre de Carbajo ya está en el despacho de Macri.
También en la decisión del Presidente de la Nación está otro postulante para ir al Senado. Es Ricardo Basílico, juez de un tribunal oral para integrar el Tribunal Oral Federal 1. Basílico ya fue magistrado subrogante allí y será uno de los jueces que juzgue a Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía Axel Kicillof, entre otros acusados, por la causa del dólar futuro. La llegada de Basílico al tribunal debería ser rápida porque ocupará el lugar de Gabriel Vega, quien ya dejó el cargo.
Cristina Kirchner como senadora podrá aprobar o rechazar la postulación de Basílico.
El nombramiento más inminente es el de Mariano Llorens, en la Cámara Federal, un tribunal dinamitado con las salidas de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, los jueces que salieron después de las críticas públicas y las gestiones subterráneas que hizo el gobierno por haber liberado a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa "Oil Combustibles".
Llorens tuvo su audiencia pública el jueves pasado en el Senado. La Comisión de Acuerdos –que presidente el senador peronista Rodolfo Urtubey, también integrante del Consejo de la Magistratura- dictaminó a favor de su nombramiento y resta la aprobación del pleno de la Cámara. Eso ocurrirá la próxima sesión que podría ser la semana que viene.
Llorens ocupará un lugar en la Sala I de la Cámara Federal. Será compañero de Leopoldo Bruglia, un juez designado allí por el macrismo. El tribunal hoy se completa con Martín Irurzun, en la Sala II. Solo tres de los seis cargos que tiene la Cámara Federal. Farah se fue esta semana a un tribunal oral en lo Penal Económico, Ballestero presentó la renuncia a partir del 1 de junio y Horacio Cattani renunció en enero tras dos años de licencia por problemas de salud.
El gobierno quería designar en lugar de Farah a Pablo Bertuzzi, juez del Tribunal Oral Federal 4 que está juzgando al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone y al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la tragedia de Once.
Pero la gestión por ahora chocó contra la pared. Requiere de una propuesta formal de la Cámara pero hoy sus únicos dos jueces tienen posturas divididas. Bruglia fue compañero de Bertuzzi en el tribunal y no objeta su llegada. Pero Irurzun la resiste. "No quiere que le impongan a nadie", coinciden tanto en la Cámara como en el gobierno.
Pero todos están de acuerdo en que un tribunal tan importante no puede funcionar solo con tres jueces. Hoy, con Irurzun y Bruglia, hay uno solo por sala del tribunal.
Si la situación no se modifica –pocos apuestan a que pueda cambiar– se aplicará la nueva ley de subrogancias que aprobó el Congreso y para que entre en vigencia tiene que publicarse en el Boletín Oficial.
La norma establece que ante una vacante en la Cámara Federal será subrogada por un juez de la Cámara en lo Penal Económico que saldrá por sorteo. De ese mecanismo surgirían los reemplazantes de Farah y Ballestero. Pero en cualquier momento el gobierno puede utilizar el mecanismo de trasladar a un juez. Esa es una posibilidad que al macrismo le queda abierta.
El rol del peronismo
Todos los candidatos a jueces que envió el gobierno al Senado tienen un filtro. Es el peronismo. El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto tiene mayoría y sin sus votos no hay aprobación. Pero eso hoy no es un problema. "Están ok para salir", le dijo a Infobae un hombre del PJ que trabaja en esos pliegos. Ya en la Comisión de Acuerdos se aprobó la propuesta de Llorens.
Los candidatos son los que quiere el gobierno y ninguno de ellos fue pedido por el peronismo. Pero eso puede cambiar. "Siempre es una negociación constante con el peronismo por los jueces", señala un funcionario nacional.
– ¿En donde puede estar esa negociación?, preguntó Infobae.
– En los juzgados federales de las provincias, en la Cámara Electoral y en los jueces de los tribunales orales federales.
Los jueces federales de las provincias son clave para los gobernadores. Son los magistrados que tienen la competencia electoral de cada distrito. En la Cámara Electoral hay una vacante y los candidatos para integrarla avanzaron esta semana.
Para el gobierno hay dos casos centrales. Son los de Mahiques y Basílico. Si el Senado aprueba sus traslados de la jurisdicción nacional a la federal el macrismo podrá avanzar en la creación de nuevos tribunales orales federales. "Eso será en la segunda parte del año", dicen en el Ministerio de Justicia.
El Congreso aprobó a fines de 2016 una ley de fortalecimiento de los tribunales orales que convertía a cinco ordinarios –los que juzgan homicidios, robos y violaciones– en federales –que tienen los casos de corrupción y crimen organizado. Al primero que se puso en marcha le tocaron las causas de lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez y la del memorándum de entendimiento con Irán y allí fueron designados jueces cercanos al gobierno.
Pero la Corte Suprema no aprobó su habilitación y dejó en suspenso toda la ley. El gobierno quiere reimpulsar la iniciativa.
Todo será la previa del plato fuerte judicial que tendrá el Senado. El debate por el nombramiento de Weinberg de Roca, la mujer que eligió Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbó en la Procuración General.