Con la firma del presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia Germán Garavano, el Poder Ejecutivo aprobó el traslado del camarista del fuero federal Eduardo Farah al Tribunal Oral Penal N°1 de la Capital Federal. El movimiento había sido solicitado por el propio magistrado y avalado por el Consejo de la Magistratura.
Con la publicación del decreto este jueves en el Boletín Oficial, quedó desmantelada la mayoría que votó a favor de la liberación de Cristóbal López a mediados de marzo. Es que ayer se conoció la renuncia del otro camarista que se había votado a favor de excarcelar al dueño del Grupo Indalo, Jorge Ballestero.
La decisión de Farah y Ballestero fue revisada por la Cámara de Casación, el tribunal penal más importante del ordenamiento jurídico argentino, y el empresario regresó a prisión. Está acusado de haber defraudado al Estado porque una de sus empresas, Oil Combustibles, se quedó con $8.000 millones de un impuesto que se le retiene a los consumidores cuando cargan nafta.
Tanto Farah como Ballestero habían sido muy criticados por el oficialismo luego de la resolución que benefició a López. También la Corte Suprema les había pedido explicaciones sobre la forma en que se conformó el tribunal que revisó el procesamiento del empresario.
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