El fiscal Álvaro Garganta había citado a declaración indagatoria al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por la adjudicación supuestamente de manera irregular a un empresario cercano de $117 millones para la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).
Además de Scioli, la decisión de Garganta alcanzó -entre otros- al ex ministro de Salud bonaerense Alejandro Collia y al empresario Ricardo Miller, que le alquilaba y luego le compró una posada a metros de La Ñata (la residencia ubicada en el Tigre) a pesar de que el lugar prácticamente no se utilizó, según declaró un empleado del lugar.
"Se detectaron diversas irregularidades que demuestran un claro interés para beneficiar a la empresa de Miller", resumió Garganta su resolución. La denuncia inicial la realizó la diputada nacional Elisa Carrió.
El ex gobernador cumplió con el requerimiento judicial y presentó hoy un escrito en donde rechazó las acusaciones en su contra. Entre otros puntos, aseguró: "Todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los Organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
"No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA para beneficiar a un proveedor determinado", detalló.
Además, consideró como "totalmente falsa" la supuesta relación con uno de los proveedores. "Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi período como gobernador, como se me imputa haberlo hecho", explicó.
"Hubiese bastado repasar mi agenda pública en ese lapso de tiempo para advertir que, en la mayoría de las fechas de los presuntos viajes, no me encontraba en Villa La Ñata", amplió.
Por otro lado, afirmó: "Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial. Con respecto a la venta también mencionada en la imputación, fue efectuada en 2017, cuando ya no era Gobernador, a valor de mercado, bancarizada y cumpliendo con las normas legales vigentes para dicha operación".
Por último, señaló que jamás influyó "indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno, como se me ha imputado. Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo".
"Es mi deber como hombre de la democracia responder a las acusaciones que los denunciantes, si existiera buena fe, tienen la libertad de realizar. Es mi voluntad, como lo hice desde el primer momento, despejar todas las dudas que existiesen", finalizó.
Scioli, por otro lado, destacó la importancia de los organismos de control, que durante su Gobierno estuvieron en manos de funcionarios de la oposición y profesionales de carrera. Estas áreas avalaron todas las contrataciones provinciales de la gestión del ex Gobernador.
También destacó el rol de los UPA como "piezas clave" del Plan Quinquenal de Salud, que también incluía la Ley de Fertilización Asistida y la de Adopción, entre otras. Según se informó desde su entorno, estas unidades sanitarias atendieron a más de 2 millones de personas desde su creación, descomprimiendo los hospitales tradicionales de la provincia y los municipios.
Por último, respaldó el rol de su equipo en el Ministerio de Salud, especialmente la larga trayectoria del ministro Alejandro Collia en el sector académico y de la salud pública antes de asumir su rol ministerial.
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