Tarifas: la primera gran batalla política con la mirada puesta en el 2019

La línea que suponía un antes y un después del Mundial en materia política parece haber sido borrada por la pelea en torno de las tarifas. Las charlas informales con dirigentes oficialistas y opositores remitían en general a un tiempo posfutbolero como inicio del año político fuerte, es decir, el anticipo de la campaña del 2019. Pero, al menos en este rubro, se adelantó el segundo semestre: la primera gran batalla electoral empezó a librarse en el Congreso.

Hasta hace apenas unas semanas, en medios del Gobierno se analizaba que en la segunda parte del año empezaría a notarse la tensión de campaña, especialmente con los gobernadores. La idea circulaba incluso en papeles de análisis interno. No aludía al calendario nacional –un tema de lectura política antes que de registro social-, sino a la muy difundida hipótesis que habla de un generalizado adelantamiento de comicios provinciales –en especial, en los distritos peronistas- para despegarlos de la competencia presidencial, de las primarias y de la general.

Pero el problema de estas horas es el terreno en que acaba de ser planteada la prematura competencia. Es imposible disociar la pulseada por las tarifas de la búsqueda de impacto mediático, aunque es fácil advertir que no se trata sólo de una cuestión de imagen frente al malestar social que genera la suba de los servicios.

La discusión, en definitiva, afecta a un nervio vital del plan del Gobierno, o al menos refiere a una cuestión central de su esquema presupuestario. La poda de subsidios al gas, la electricidad y el agua está vinculada directamente al intento de equilibrar las cuentas fiscales, achicar el déficit y comenzar a reducir los niveles de endeudamiento. Ese recorte es aceptado en líneas generales como un paso inevitable aunque costoso por la mayoría de los sectores políticos, salvo la oposición más dura. ¿Pero lo que se discute es únicamente la instrumentación, sus efectos y los tiempos?

El peronismo más vinculado a los gobernadores cree que sí, y considera que su propuesta –retrotraer tarifas, rediscutirlas en función de variables como el índice salarial en el caso de los consumos residenciales y analizar también el IVA- va en esa dirección.

El oficialismo ve otro panorama: una inquietante búsqueda de recomposición y liderazgo en el PJ que es potenciada por la dureza del kirchnerismo en la competencia interna.

Los éxitos en estas peleas pueden ser anotados casi día a día. La oposición, encabezada por las distintas vertientes peronistas, puede exhibir el hecho de haber forzado la discusión en el Congreso. Lo destacaban ayer sus voceros. El oficialismo, puesto a dar ese debate, puede mostrar que la mesa no se limita a los legisladores: también otros actores –en particular, los gobernadores y de manera menos visible, los intendentes- son parte ahora de la respuesta. La discusión sobre cargas locales y el IVA integran el temario.

Diputados expuso ayer algunas escenas, pero de ningún modo el final de la película. La oposición se aseguró contar con voluntades propias para garantizar el quórum de una sesión especial, justo una semana después del anterior y frustrado intento. El oficialismo se apuró a ocupar sus bancas ante la realidad inevitable y prenunciada siete días antes, pero también hizo valer su número para evitar el tratamiento efectivo de alguno de los casi treinta proyectos sobre el asunto.

Vendrán ahora otras entregas. El peronismo de los gobernadores y el massismo lograron dictamen –con apoyo parcial del kirchnerismo– en las dos comisiones a su cargo que deben tratar las iniciativas sobre tarifas. La semana que viene sería el turno, según anunció el oficialismo, de la Comisión de Presupuesto, presidida por Cambiemos.

El oficialismo y las principales corrientes del peronismo deberán agotar antes algunas instancias. El PJ federal y el massismo, motorizados por Pablo Kosiner, Diego Bossio y Graciela Camaño, jugarán fuerte a encolumnar al resto de la oposición detrás de su proyecto. El punto es si el kirchnerismo, que también busca encabezar la movida, se allana a acompañar como actor secundario esa iniciativa. Ya dejó constancia de que va por más: plantea retrotraer las tarifas a fines del año pasado y congelarlas por dos años.

El cuadro legislativo es curioso. En Diputados, el peso numérico mayor es del kirchnerismo, frente a peronistas federales y massistas. Y en el Senado la ecuación se invierte. Allí domina el bloque alineado con los gobernadores, encabezado por el experimentado Miguel Angel Pichetto.

Está claro, por supuesto, que si logran dirimir sus disputas en base a cálculos de costos y beneficios, juntos pueden garantizar la aprobación de algún proyecto en sesiones ordinarias. No lo descartan algunos legisladores oficialistas con largo recorrido político. Se verá: el objetivo pasaría a ser entonces forzar un veto presidencial. Alguna vez lo padeció Cristina Fernández de Kirchner, en relación al 82 por ciento para las jubilaciones. Algunas críticas de aquella época sobre a la poca responsabilidad legislativa podrían tener eco en esta época.

El oficialismo deberá a su vez transitar el estrecho camino que le permite su condición de primera minoría en las dos cámaras. En el terreno estrictamente legislativo, sólo está en condiciones de lograr leyes por acuerdo con otros bloques. En ese contexto debería ser leído el proyecto para eliminar cargas impositivas provinciales, con excepción de Ingresos Brutos –que tiene proyecciones de contención propias-, y municipales aplicadas a las tarifas. Parece por ahora un elemento para involucrar en el debate público a otros sectores y protagonistas.

En la misma dirección, aunque con efecto real en las boletas, apuntaron los anuncios de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. La provincia y la Ciudad decidieron eliminar esas cargas: señal a otros mandatarios y también un intento de amortiguar parcialmente el malestar en los dos distritos. En el oficialismo creen que en la misma línea podrían avanzar otras provincias de distinta tintura política, entre ellas San Juan, Misiones, Santa Cruz, Corrientes y Jujuy.

Pero la cuestión de los gobernadores no se agota allí. El proyecto avalado por el bloque que responde a los jefes provinciales del PJ incluye la propuesta de reducir el IVA. Lo plantearon o sugirieron además algunos gobernadores. Los primeros fueron el cordobés Juan Schiaretti y el salteño Juan Manuel Urtubey. Después, de manera directa o por vía de voceros se sumaron algunos de sus colegas.

En forma llamativa, también desde las filas del PJ partió la primera señal de cierta alarma. El entrerriano Gustavo Bordet indicó que habría que considerar el impacto para las provincias de una reducción o eliminación del IVA, impuesto plenamente coparticipable.

El Gobierno no perdió el tiempo y envió a los jefes provinciales una estimación sobre los efectos de la eliminación del IVA en las boletas de gas, luz y agua. La proyección de mínima oscila en los 30.000 millones de pesos, y la de máxima estira el número a casi 40.000 millones.

En cualquier caso, la pérdida de coparticipación para las provincias representaría más del 50 por ciento de ese total. Y los distritos más afectados serían Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad, Chaco, Tucumán y Santiago del Estero.

Son cálculos, financieros y políticos. ¿Compartirán costos? Final abierto.

Seguí leyendo: