El Gobierno realizó una jugada política fuerte –la baja de impuestos locales sobre tarifas en Capital y Buenos Aires-, pero apela además a la pirotecnia con la idea de un proyecto de ley para generalizar la medida en todas las provincias y municipios. El peronismo en sus distintas vertientes volvió a la carga con el debate en el Congreso, pero es incapaz por ahora de unificar criterios, mientras algunas de sus figuras responden también con fuegos artificiales reclamando una baja del IVA sobre esos servicios. Huele a adelanto de campaña.
Existe una secuencia que precipitó la toma de posiciones más políticas del oficialismo. Empezó con la lectura de encuestas (algo que el sentido común indicaba) sobre el impacto del incremento de tarifas, en especial gas y luz. Siguió con las tensiones en las propias filas de los socios de Cambiemos. Y se agregó finalmente el condimento de la ofensiva opositora en Diputados.
Por supuesto que era razonablemente previsible, aunque el condimento político no apareció desde el inicio de este trámite. Fuentes del Gobierno y del oficialismo legislativo señalan en estas horas que las audiencias públicas por tales aumentos registraron planteos de diversas organizaciones, pero no de legisladores del peronismo federal ni del bloque alineado con el kirchnerismo. Una queja retroactiva.
Como sea, el montaje que vale es el que puede observarse ahora. La semana pasada estuvo cruzada por dos movimientos centrales: el primer intento opositor de sesión especial en Diputados y los encuentros, reservados y públicos, de las primeras líneas del oficialismo para cerrar el frente interno, luego de los reclamos de Elisa Carrió y de la UCR para buscar mecanismos que amortigüen la fuerte suba de las boletas.
Fuentes de Cambiemos afirman que esas tensiones fueron desarmadas con las citas de la semana pasada, donde por lo menos en un par de casos se cruzaron algunos cuestionamientos sobre el modo en que fue manejado el asunto y la propia dinámica interna de la coalición. Allí se advierten algunas señales a futuro, es decir, pensando en el próximo año electoral, que en general no coincide con el calendario sino que transcurre de modo anticipado.
Algunos de esos reflejos domésticos siguen activos frente a la iniciativa que se dejó trascender ayer sobre una ley para impulsar la eliminación de cargas locales sobre las tarifas. Esa iniciativa apuntaría a tachar de las boletas los gravámenes provinciales y municipales, con excepción de Ingresos Brutos y la aclaración de que en el orden nacional seguirá contando el IVA. En el mejor de los casos sería, según entienden algunos legisladores consultados sobre la materia, un llamado a moverse en esa dirección, porque se trata de decisiones en manos de los distritos. El asunto da, al menos, para la polémica pero además y sobre todo podría generar temblores en la relación global con los jefes provinciales y municipales, incluso al interior del oficialismo nacional.
El proyecto ingresaría por el Senado y allí se verá el verdadero alcance de esta señal y cuánto tiene de real y fundada elaboración. O si sólo es ruido. Casi en el mismo tenor se anotaron las reacciones de algunos gobernadores del PJ, entre ellos Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, que en contraposición reclamaron al Gobierno una poda del IVA, el impuesto más gravitante de la recaudación que, se sabe, es coparticipable.
Más trabajada, por su impacto y por su proyección concreta, tiene la movida que puso a Mauricio Macri en el centro del discurso oficial y fue orientada además como mensaje a los gobernadores, aún sabiendo que las provincias exponen realidades muy diferentes en materia de impuestos propios, sin que puedan ser agrupadas por su color político.
Ese gesto presidencial fue seguido en apenas 24 horas por los anuncios de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, con precisiones sobre la decisión de eliminar las cargas que Buenos Aires y la Ciudad aplican sobre las tarifas.
Son dos distritos poderosos, las principales plazas en manos del oficialismo: un ensayo para exponer en espejo a los jefes provinciales que no aflojen en el mismo rubro. Con todo, no es lo único ni lo más destacado: los porteños y los bonaerenses son los más afectados por la creciente eliminación de subsidios al gas, al servicio eléctrico y al agua, por el piso del cual partieron antes que por la cifra final. Un intento de mostrar atención al malestar por los aumentos, cuyo efecto de arranque en términos de percepción social es un interrogante.
En todo este cuadro, la avanzada opositora en el Congreso es otro dato de peso. La semana pasada una sola banca sin ocupar provocó el fracaso de la sesión especial convocada por el kirchnerismo y acompañada por el peronismo alineado con los gobernadores y el massismo. La convocatoria de hoy fue motorizada por éstos últimos y todos trabajaron para asegurar el número.
Se espera entonces que esta vez sí haya debate: la oposición en sus distintas versiones tiene número sobrado para imponerlo. Si no lo hace, amplificaría el efecto de la semana pasada, que al menos para el Gobierno fue suficiente aviso.
Por supuesto, si hay quórum, el oficialismo bajará al recinto. Para avanzar con la votación es requerida la mayoría especial de dos tercios, algo inalcanzable si Cambiemos baja con toda su representación. Pero la sesión en sí misma será un dato político significativo.
Ahora bien, el paso pendiente es la cuestión de fondo: el desafío para el peronismo sigue siendo la alternativa de confluir en un proyecto único. Esa hipótesis no es descartada en algunos medios oficialistas de Diputados –al menos, es una inquietud latente-, pero antes el peronismo federal y el kirchnerismo deberían superar cuestiones técnicas y, en primer lugar, políticas.
En síntesis, el kirchnerismo plantea retrotraer tarifas y congelar por dos años los valores. El PJ de los gobernadores y el massismo proponen revisar los números llevándolos a diciembre del año pasado para actualizarlos en función del índice salarial nacional. La cuestión política de fondo es otra y se relaciona con la disputa por el liderazgo opositor y con el camino para recomponer el PJ, algo que no quedaría resuelto en este trámite pero que podría aportar elementos para la consideración, política y social, sobre el futuro peronista.
Para el oficialismo y para la oposición, lo que ocurra en el Congreso será un test nada despreciable. Eso, por supuesto, más allá del bochinche.
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