Luego de un fallido intento de la oposición en la Cámara de Diputados de avanzar con más de 20 proyectos de ley que buscaban frenar el calendario de aumentos de tarifas de servicios públicos, y de que el Senado aprobara una tres iniciativas impulsadas por el oficialismo, el jefe de Gabinete Marcos peña se presentó en la Cámara Alta para brindar su informe de gestión y responder preguntas de los legisladores.
Previo a su presentación, Peña respondió por escrito 709 preguntas formuladas por los senadores de todos los bloques y entre los principales temas hubo consultas sobre la deuda pública, la inflación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y el INDEC.
Quien no participó de la sesión de preguntas y respuestas fue la senadora Cristina Kirchner, quien no había enviado consultas en la previa, y resolvió no sentarse en su banca para escuchar al Jefe de Gabinete. La ex mandataria siguió la presentación de Peña desde su despacho hasta las 9 de la noche, cuando abandonó el edificio.
Ya en el recinto, Peña fue el primer funcionario del Gobierno que explicó la intervención del Banco Central en el mercado de compra y venta de dólares, y argumentó que "hay varias razones" para que la entidad gastara casi USD 1.500 millones. En ese sentido, citó la "devaluación de monedas en varios lugares de nuestra región, (y el) aumento y cambio de política de tasas en Estados Unidos".
Por otro lado, se refirió a la posibilidad de reducir el IVA en los servicios públicos, y afirmó que ese impuesto es "coparticipable, con lo cual cualquier modificación que hagamos será financiada tanto por la Nación como por las provincias".
Durante su exposición inicial, Peña se enfocó en los recursos que la Nación destina a las provincias y pidió que "asuman la responsabilidad de sus gastos". El ministro coordinador se expresó de esta manera en medio de la discusión política por los aumentos de las tarifas de servicios públicos y del intentó de la Nación para que las provincias reduzcan los impuestos que se cobran en las facturas.
Peña además indicó que "el Estado nacional destina (a las provincias) 10% del presupuesto en agua, vivienda y obras públicas, 20% en energía y transporte", y agregó: "Los recursos genuinos de las provincias tienen que volver a las provincias y las provincias tiene que asumir la responsabilidad de sus gastos". En esa línea, destacó que "en estos dos años y medio" el Gobierno "aumentó las transferencias automáticas" a los Estados provinciales.
"En diciembre de 2015 nos encontramos con un federalismo vacío de contenido, con la mayor concentración de recursos de la historia en detrimento de las provincias", agregó Peña, al tiempo que señaló que los fondos "se repartían con discrecionalidad, una explícita herramienta de disciplinamiento político".
Además, señaló que la oposición hace "demagogia" con los proyectos de ley presentados en ambas Cámaras del Congreso para moderar los aumentos tarifarios propuestos por el Poder Ejecutivo, y le pidió al kirchnerismo "más responsabilidad".
"Tienen un límite la manipulación y la demagogia en una propuesta", dijo Peña al contestar las preguntas formuladas por el bloque del Frente para la Victoria.
"Estamos en contra de la idea de que el Parlamento sea el lugar donde se fije la política tarifaria y esto lo dijo también el Consejo Federal de Energía", aseguró Peña.
Y recordó que la administración de Mauricio Macri recibió "un país que, pese a tener todos los recursos naturales para ser exportador, era un país que importa energía por las malas políticas de la gestión anterior".
"Aquellos que tuvieron rol de gobierno, y los más cercanos a la ex presidenta, deberían tener una mirada de mayor responsabilidad", remarcó.
Respecto de la intervención del Banco Central en el mercado para frenar la suba del dólar, Peña le respondió una pregunta a la senadora por Santa Fe del FpV Marilín Sacnun: "La cuestión del contexto internacional afecta a la cuestión económica, particularmente con un tipo de cambio flotante. Hay varias razones que influyen en una situación como la de hoy. Devaluación de monedas en varios lugares de nuestra región, aumento y cambio de política de tasas en Estados Unidos que afectan, y que por supuesto nos inquieta. Lo que nos da una enorme tranquilidad hoy es que el Banco Central tiene reservas, cosa que no tenía cuando nos entregaron el gobierno. Hoy el Banco Central tiene la capacidad de defender el valor de la moneda y de poder intervenir en situaciones excepcionales".
Al momento del intercambio con los senadores, uno de los más duros fue el formoseño José Mayans, del Bloque Justicialista, quien le señaló que para las pequeñas empresas "es imposible trabajar con las tarifas que han puesto" y criticó la política de endeudamiento. Mayans manifestó también su preocupación por la balanza comercial y, al respecto, graficó: "Dicen que hay récord en venta de automóviles, pero el 70% son importados".
Finalmente, le pidió que "no tome represalias" contra la provincia de Formosa por su discurso y agregó: "Se lo digo porque ustedes después le bajan la caña allá diciendo 'tu senador dijo tal cosa'".
A su turno, Peña le respondió que confiaba más en su vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui (uno de los coordinadores principales del área económica) que en él y le aclaró que "8 de cada 10 dólares de importación son para bienes de capital".
Finalmente, y sin responder sobre el endeudamiento ni la cuestión tarifaria, remató: "No hay ninguna posibilidad de reprimendas a la provincia por diferencia de opinión. Tenemos diferencias de criterio claramente, pero creemos que el proceso económico fue ratificado en las elecciones hace muy poquito".
Sesión en el senado
El Senado decidió hoy suspender el debate de la ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales hasta la próxima sesión, para escuchar el informe de gestión de Peña. La decisión fue aprobada por unanimidad y el proyecto de ley será discutido, en principio, la próxima semana.
Antes de la decisión de pasar a un cuarto intermedio, el Senado había convertido en ley un nuevo régimen de Subrogancias Judiciales y enviado a Diputados modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación.
La iniciativa que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión también promueve el juicio político para jueces y fiscales. La iniciativa impulsada por el bloque justicialista obtuvo el respaldo en Comisión de los legisladores de todas las bancadas.
El expediente responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende.
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