Con la esperanza cifrada en que algo al menos comience a cambiar, la semana se inicia con novedades respecto de dos de los mayores reclamos efectuados por buena parte de las 44 familias de los tripulantes que se encontraban a bordo del submarino ARA San Juan, desaparecido desde noviembre del año pasado.
En primer lugar, ya se encuentra vigente el llamado a concurso (técnicamente es una compulsa de precios para una contratación directa) para que empresas extranjeras coticen las tareas necesarias para ubicar e identificar fehacientemente a la nave en el fondo del mar.
El procedimiento administrativo fue publicado no solo en el portal oficial del sistema de contrataciones del Estado, sino además a nivel internacional en la ONU. Hasta el momento, al menos cuatro empresas internacionales han efectuado consultas mediante el portal digital habilitado a tal efecto.
Desde el Ministerio de Defensa aclaran que este llamado es particularmente complejo, ya que la normativa vigente no prevé la "Contratación Directa Internacional", sino que refiere a la "Licitación Pública Internacional" que no solo reviste mayor complejidad técnica, sino que además eleva considerablemente los plazos de todo el proceso.
Esta situación ha generado hasta el momento varias dudas respecto de la forma en que los oferentes extranjeros deberán adecuarse a requisitos contemplados en un procedimiento previsto para ofertas nacionales. Sin embargo, desde el área de compras del Ministerio de Defensa aseguran que se trabaja para resolver y subsanar todas las dudas que los distintos oferentes planteen utilizando los medios digitales habilitados.
"El problema con demorar excesivamente los tiempos no solo representa un motivo de inquietud adicional para las familias, sino que a la postre atenta contra el objetivo central -encontrar al San Juan- ya que las condiciones climáticas en la zona de búsqueda desmejoran considerablemente a medida que avanza el invierno", explican. Desde el Servicio de Hidrografía Naval, dependiente del Ministerio de Defensa, son concretos a la hora de brindar precisiones sobre el escollo climático que deberá afrontar quien resulte adjudicatario de la tarea.
Para agilizar lo más posible todo el proceso, pero cuidando de no violentar normas básicas del sistema de contratación pública -en especial todo lo relacionado con la transparencia y lucha contra la corrupción-, los funcionarios del área diagramaron el siguiente cronograma de evolución del proceso licitatorio:
En el esquema puede apreciarse que las distintas etapas desembocan finalmente en una fecha estimada de inicio de tareas por parte de la empresa adjudicataria estimada para los primeros días de junio.
Considerando que el pasado viernes, atendiendo a planteos de alguno de los potenciales oferentes, la apertura de sobres se difirió para el 2 de mayo en lugar del 26 de abril (fecha originalmente prevista), es probable que la fecha de inicio de tareas también se atrase algunos días.
También es importante aclarar que, si existieran impugnaciones cruzadas entre distintos oferentes, el proceso de adjudicación se podría ver demorado, ya que este tipo de recursos que asiste a los "contrincantes" en un proceso de adjudicación, obligan al Estado a efectuar el análisis de los planteos, y resolver sobre los mismos en forma adecuada. "En este supuesto no nos quedará otra alternativa que estirar los plazos", remarcan desde Defensa. Al mismo tiempo, aclaran que "impugnar no es gratis" ya que el mecanismo prevé que el oferente que impugne a otro deberá afianzar su protesta con un importe equivalente a un 3% del valor de la oferta impugnada. Este importe le será definitivamente retenido si la impugnación planteada resulta inválida.
Hugo Marino, el venezolano que asegura que encontrará el ARA San Juan
Entre los potenciales candidatos a presentar ofertas se encuentra el ya conocido Hugo Marino, un empresario venezolano que si bien declara no dedicarse al rescate de buques y aeronaves siniestradas en el mar como actividad principal, sostiene enfáticamente que en no más de 100 días encontrará al San Juan.
Además de sus apariciones públicas, Marino ha mantenido encuentros personales no solo con algunos familiares (a los que supo entusiasmar con su plan de búsqueda) sino además con la comisión bicameral que investiga la tragedia y con autoridades del Ministerio de Defensa.
Su propuesta original consiste en una búsqueda de no más de 100 días a un costo de casi 4 millones de dólares que no incluyen la provisión de un buque que pueda mantener una velocidad extremadamente baja (3,5 nudos o su equivalente 6,3 kmts/h) sin perder el buen gobierno de la embarcación. Si esta nave no es provista por Argentina, el costo de alquilar la misma elevaría en casi otros 3 millones el costo de su contratación. Familiares consultados por Infobae aseguran que Marino estaría dispuesto a extender ese plazo más allá hasta efectivamente dar con el submarino. Pero eso se sabrá solo cuando el venezolano formalice su propuesta.
Otras empresas interesadas anticipan propuestas que rondarán los 7 millones de dólares pero con una condición de "no cure no pay", muy usada en los contratos de rescate marinos: si no dan con el San Juan, no cobrarán ni un solo dólar. Aquí otra vez habrá que esperar al 2 de mayo para ver si concretan en los papeles lo que informalmente declaran.
Asistencia a las 44 familias
El otro punto de tensión entre las familias de los 44 marinos y las autoridades tiene que ver con la asistencia, en especial a esposas e hijos.
La Armada emitió un comunicado para indicar que, hasta el presente, las familias de los tripulantes del San Juan perciben el 100% del salario del personal en actividad, y que se han atendido diversas necesidades puntuales planteadas por las familias. También aclararon que dado que aún no se ha decretado por parte de la justicia la "desaparición con presunción de fallecimiento" no es posible que perciban aún el seguro de vida obligatorio que por ley ronda la suma de $50.000.
Al margen de la controversia, en las próximas horas el presidente Mauricio Macri enviará al Congreso un proyecto de ley para el otorgamiento a las 44 familias de una pensión especial, que será compatible con la percepción de las pensiones militares que correspondan. Algo similar a lo que ocurre con los Veteranos de Guerra de Malvinas e incluso con las familias de las Víctimas de Cromañón que reciben un resarcimiento mensual, aunque este está a cargo del Gobierno de la Ciudad.
Este beneficio se suma a la beca por estudios implementada hace pocos días. Asimismo, y tal como también ocurre con los veteranos de Malvinas, no se descarta que cada provincia establezca beneficios económicos o impositivos para las familias que residan en los territorios.
Más allá de cualquier otra consideración, resulta evidente que la asignatura pendiente por excelencia es la ubicación del submarino. Si bien las tareas en ningún caso contemplan el rescate del mismo en caso de ser hallado, contribuirán en gran medida al avance de la investigación judicial y a permitir el inicio de un duelo que las 44 familias necesitan en forma imperiosa.
"Vivimos una tragedia con daños colaterales que afectan a todos los estamentos de la república", evaluó un alto funcionario del Ministerio de Defensa consultado por Infobae.
Y explicó: "En primerísimo plano obviamente los 44 tripulantes y sus entornos familiares resultan ser las víctimas principales de la tragedia. Por otra parte la Armada no solo perdió su capacidad submarina al menos por un buen tiempo, sino que con ella se fue parte de su credibilidad en materia comunicacional. Por el lado del poder político, nada de lo que hemos realizado hasta el presente parece satisfacer a las familias. Y la opinión pública en general está desconcertada".
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