El Gobierno deja para el segundo semestre el debate por el financiamiento de campañas y hay inquietud por su aprobación

El debate parlamentario por el proyecto de ley de financiamiento de la política, uno de los agujeros negros del sistema, quedará para el segundo semestre. Así lo confirmaron a Infobae altas fuentes oficiales a cargo de la agenda del Congreso, aunque aseguraron que el proyecto, cuyo borrador fue consensuado por todos los sectores de la coalición oficialista, forma parte de las "prioridades" de Cambiemos.

En las últimas semanas, hubo contactos y reuniones informales entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso vinculados al proyecto, que entre sus puntos principales se destacan la bancarización total de los aportes y la vuelta de las donaciones empresarias a las campañas políticas, prohibidas entre las modificaciones del 2009 tras el triple crimen de General Rodríguez de agosto del 2008. Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina desnudaron el negocio de la efedrina en nuestro país y la complicidad con la política, evidenciado en el financiamiento de la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos del 2007.

A mediados de semana, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos Políticos del Ministerio del Interior -uno de los impulsores de la ley-, visitó algunos despachos del Senado, según fuentes de la Cámara alta. "No hay mucho avance, no hay una sola opinión", explicaron desde el Parlamento.

En varios de los principales despachos del PJ del Senado están abocados al análisis de los borradores del proyecto del Poder Ejecutivo. Una de las objeciones, según confiaron asesores parlamentarios, pasa por la publicidad de los aportes de las empresas. "Habría que ver qué mecanismo ágil y transparente se puede instrumentar para que se sepa qué empresa aporta a cada partido. Que efectivamente esa información llegue a todos", abundaron.

Los artículos 57, 58, 59 y 60 del proyecto borrador del Gobierno, vinculados al "financiamiento privado de campañas electorales", dan cuenta de los topes, las restricciones y las sanciones por los aportes de campaña, pero no ahondan demasiado en la publicidad de las donaciones.

Fue uno de los puntos que sobrevoló el encuentro que el Gobierno organizó a principios de mes en la planta baja de la Casa Rosada con un grupo de empresarios que integran el "grupo de integridad y transparencia" de la fundación Red de Acción Política (RAP). "Nos gustaría que los candidatos digan en los debates cómo financiaron sus campañas", dijo Álan Clutterbuck, presidente de la fundación. Sonó a utopía.

Los detalles del proyecto oficial -que tuvo el visto bueno de Elisa Carrió, históricamente reacia a los aportes de las empresas a las campañas electorales- no es el único escollo a sortear por el Gobierno cuando encare la discusión parlamentaria. Hay inquietud además por la voluntad política de algunos sectores de la oposición peronista -mucho más combativa con el oficialismo desde fines del año pasado- de cara al debate. Y por algunos desbarajustes internos del oficialismo.

El Gobierno aún no definió si el proyecto entrará por la Cámara alta, si será enviado por el Ejecutivo o si se presentará como una iniciativa de los legisladores. El Senado frustró, a fines del 2016, la reforma política impulsada por Mauricio Macri.

"Este es el tercer seminario que hacemos, probablemente el último antes de que enviemos el proyecto de ley al Congreso", había dicho el ministro Rogelio Frigerio a fines de febrero en la presentación de un evento en Casa Rosada del que participaron senadores de buen diálogo con el oficialismo, como Dalmacio Mera, del PJ.

János Bertok, jefe de la división de Integridad en el Sector Público de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se mostró alarmado en ese encuentro "por el nivel de efectivo que se mueve en la política argentina" y abierto a que las empresas aporten durante las campañas. Aunque alertó con un ejemplo reciente de los Estados Unidos, cuyas normativas permiten donaciones sin topes. "Los mayores aportantes (en su momento) fueron la industria financiera y la de los seguros. Eso llevó a relajar regulaciones y a la crisis", explicó en alusión al estallido financiero del 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, el Gobierno hará un último intento para consensuar el proyecto entre las organizaciones de la sociedad civil antes de enviarlo al Parlamento. Será a fines de mayo, principios de junio, en el marco de un taller impulsado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), que conforman varias organizaciones y que tendría además el paraguas de CIPPEC, que el lunes pasado convocó a buena parte de la dirigencia política, judicial, empresarial y sindical en una multitudinaria cena en La Rural de Palermo.

Entre las organizaciones de la sociedad civil también sobrevuelan dudas en torno al proyecto del oficialismo. Por el contenido y por la "viabilidad política para sancionarlo", como analizaron desde una de las ONG más importante.

El último martes, la Cámara Nacional Electoral y Argentina Debate firmaron un convenio de colaboración en el marco de la obligatoriedad de los debates preelectorales entre los candidatos a presidente. Por la organización civil estuvieron su presidenta, Karina Román; Juan Pablo Bagó -que participó de la última reunión para impulsar los aportes a las campañas en Casa Rosada- y Marcos Galperín.