En un gesto por dar mayor transparencia al sistema judicial y evitar suspicacias de magistrados elegidos a dedo, el Gobierno elaboró un proyecto de ley que impulsa: la designación de jueces federales de todo el país por medio de exámenes orales y audiencias públicas mostradas en internet; prevé eliminar los concursos por examen escrito y establece un proceso de investigación a fondo del patrimonio de los magistrados concursantes.
En estricta reserva, la Jefatura de Gabinete y el ministro de Justicia, Germán Garavano, trabajaron en los últimos meses en este novedoso sistema de selección de jueces que será presentado al Congreso por el presidente Mauricio Macri dentro de dos semanas.
"Se trata de dar un salto cualitativo o revolucionario en transparencia para ponernos a la altura de los países avanzados donde los exámenes de los jueces son orales y se muestran en tiempo real en una web oficial", explicó a Infobae un encumbrado funcionario de la Casa Rosada que se dedicó a pleno a trabajar este tema con Garavano y Marcos Peña.
Sustancialmente, el proyecto de ley del Gobierno contemplará que las audiencias y las entrevistas a un aspirante a juez federal por parte de los integrantes del Consejo de la Magistratura se realicen on line. De esta manera, la evaluación de antecedentes y entrevistas personales que realicen los consejeros a los postulantes para el concurso de un juzgado federal será visto por todo el mundo en directo.
Por otra parte, el borrador del proyecto de ley contempla la eliminación directa de los exámenes escritos a los candidatos a juez. Así, la conformación de la terna que se inicia con el llamado a concurso público por parte del Consejo de la Magistratura en la etapa del examen a los postulantes se hará sólo mediante una evaluación oral y también emitida en directo al público.
En el Gobierno están convencidos de que este sistema no sólo generará mayor transparencia en el proceso de selección de jueces sino que también se preparará mejor a los magistrados para que en el futuro vayan llevar adelante juicios orales.
La dinámica de exámenes escritos de concursantes a jueces generó muchas polémicas en los últimos años. Hubo desde postulantes que se copiaban, hasta aquellos que fraguaban directamente el escrito evaluatorio.
"Mediante un sistema de evaluación oral y transmitido on line se evitan suspicacias, se da más transparencia y se evitan los rumores de exámenes escritos copiados", graficó otra fuente del Gobierno consultada sobre el tema. Este sistema de exámenes orales y televisados funciona desde hace tiempo en muchos países, incluidos vecinos cercanos como Brasil.
Luego del examen oral y de la evaluación de antecedentes se elabora el orden de mérito provisorio, que puede ser impugnado por los postulantes y revisado por una Subcomisión del Consejo de la Magistratura elegida por sorteo. Para la entrevista personal ante la Comisión, son convocados como mínimo, los primeros seis puntajes, y posteriormente se elabora un dictamen con los resultados y el nuevo orden de mérito. Este mecanismo no se modificará en lo sustancial.
Sin embargo, el tercer punto innovador del proyecto de ley que elaboró el Gobierno para imponer un nuevo mecanismo de selección de jueces es que en la evaluación de antecedentes, en lo que respecta al patrimonio de un postulante, se hará una profunda investigación técnica.
Según pudo saber Infobae, la idea es que en esta etapa de la presentación de la declaración jurada de un postulante no se convierta en un mero trámite administrativo sino que intervenga la AFIP. Es decir, que habrá un equipo especial de la Administración de Impuestos que se encargará de realizar una "investigación patrimonial integral", según consta en el proyecto.
En la práctica, esta etapa de investigación de antecedentes patrimoniales implicará un profundo cruce de datos entre lo que declara un postulante y la información que tiene la AFIP. Según dijeron los funcionarios del Gobierno que se encargaron de trabajar este proyecto de ley, en la actualidad "el proceso de presentación de declaración patrimonial resulta ser muy liviano y poco consistente".
Con este esquema puesto en marcha el sistema de selección de jueces inaugurado tras la reforma constitucional de 1994 seguirá su curso normal: es decir, el Presidente nombra a los jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema, en base a una terna presentada por el Consejo de la Magistratura y luego se requiere el acuerdo del Senado para el elegido, con dos tercios de los presentes.
Actualmente, los concursos tienen plazos de 90 días hábiles desde el examen pero suelen tardar mucho más. En el Gobierno creen que con el nuevo sistema de selección se agilizará y transparentará mucho más el proceso de selección de magistrados.
La reforma que encarará Macri en la selección de magistrados va en línea con la propuesta legislativa que presentó hace una semana la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que incluye, entre otras cosas, cambios en el proceso de selección y capacitación de los magistrados, y una nueva ley de Procedimiento Laboral.
Los jueces polémicos
Por otra parte, desde la Casa Rosada deslizaron que Macri no tiene previsto avanzar con juicio político o proceso de desplazamiento de ninguno de los jueces cuestionados por su pasado y sus polémicos fallos.
"Hay que dejar que el tiempo decante y que se vayan jubilando o se retiren por sí mismos los jueces. De manera contraria va a aparecer como que el Gobierno, al igual que hizo el kirchnerismo quiere imponer sus jueces", dijo un encumbrado funcionario del gabinete nacional.
De esta manera, la única jueza que aparece en la mira del Consejo de la Magistratura para ser desplazada es Ana María Figueroa, que fue apartada por la Cámara Federal de Casación por una presunta imparcialidad en el juicio que se le lleva adelante al ex ministro Julio De Vido por la entrega de dádivas cuando estaba a cargo de Planificación. Este proceso seguirá su curso.
Sin embargo, en el Gobierno creen que jueces polémicos como, Eduardo Farah (ya pidió su pase a otro tribunal) y Jorge Ballestero, que liberaron a Cristóbal López se retirarán en lo inmediato o pedirán un traslado.
A la vez, en la Casa Rosada están convencidos de que otros magistrados polémicos como Maria Servini o Rodolfo Canicoba Corral el año que viene estarán en condiciones también de dejar sus cargos.
En este contexto, el Gobierno no cree que sea necesario pagar un fuerte desgaste político en el Consejo de la Magistratura por jueces que están a punto de retirarse. En cambio, el presidente Macri es de la idea de mirar hacia adelante y por ello promovió cambios profundos en la selección de jueces federales.
Seguí leyendo: