Radiografía de Comodoro Py: las causas por corrupción demoran tres años y medio

En los últimos 20 años, se tramitaron 9.476 causas por corrupción en todo el país, de las cuales 2.178 se encuentran aún abiertas y 7.298 están ya terminadas. En los juzgados federales de Comodoro Py, donde tramitan los casos más sensibles para el poder, hay abiertas 700. El promedio de demora es de tres años y medio, y hay casi un 20% de expedientes que llevan más de seis años – y hasta diez- sin ser resueltos.

Así surge de la Auditoría concretada por el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación, que el plenario del organismo acaba de presentar.

El informe abarca los expedientes en los que están involucrados funcionarios públicos, de juzgados y tribunales federales de competencia penal en todo el territorio, incluida la Cámara de Casación, máxima instancia en esta materia.

Se tomaron en cuenta aquellos expedientes en los que hubo al menos acusación del fiscal, no solo el ingreso de una denuncia. Se refieren a los delitos de estafas y otras defraudaciones en perjuicio de la administración pública, cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito, entre otros.

El trabajo pone la lupa sobre la cantidad de expedientes acumulados en cada juzgado federal, y el tiempo de tramitación de las causas. El objetivo es que este diagnóstico del funcionamiento de la justicia federal en casos de corrupción exponga a aquellos magistrados, tribunales o cámaras que revelen una mayor morosidad.

La idea es revertir la mala imagen que tiene la Justicia en su conjunto, identificando a los jueces que no cumplen acabadamente con su tarea "en plazos razonables", así como las falencias que tienen muchos juzgados y tribunales por falta tanto de recursos tecnológicos y de infraestructura, como de personal.

Según el nuevo Código Procesal Penal (ley 27.063), el plazo de duración máxima del proceso penal es de 3 años para delitos no complejos y de 6 años para los complejos. Pero hoy se encuentra efectivamente implementado solo en Salta y en Comodoro Rivadavia.

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Una radiografía de Comodoro Py

Del análisis de Tribunales Federales de Comodoro Py, el ámbito donde se tramitan las causas más sensibles para el poder político, surge que hay actualmente 699 causas en trámite, lo que equivale a un promedio de 58 causas por juzgado.

Pero el detalle de los números muestra que el Juzgado con más causas en trámite es el Nro. 11, a cargo de Claudio Bonadio, con 83 causas. En número de expedientes, lo sigue el de Julián Ercolini (Nro. 10), con 76, y el de Sebastián Ramos (Nro.2) con 70. En cuarto lugar, se ubican el Juzgado Nro.4 de Ariel Lijo y el Nro. 7, de Sebastián Casanello, ambos con 67 causas.

En la contabilización de cantidad de causas, la Auditoría distinguió entre las resoluciones de cuestiones de fondo y las "incidentales", que no constituyen otro expediente autónomo del delito y los funcionarios comprendidos en los expedientes bajo análisis. Por ejemplo, una causa que se encuentra resuelta por el juzgado de primera instancia, pero está en trámite en la Cámara respectiva, fue contabilizada como una única causa.

Si se analiza el plazo de duración de las 699 causas de corrupción en Comodoro Py, el promedio arroja que llevan tres años, seis meses y 7 días en trámite. El 59% (412 causas) está por debajo de los tres años, en tanto que el 23% (159 causas) lleva entre tres y seis años, y el 11% (81 causas), entre seis y diez. Hay aún 47 causas que superan los 10 años sin haber sido resueltas (el 7%).

El ranking del tiempo de tramitación de las causas lo lidera el que fuera el Juzgado del hoy jubilado Norberto Oyarbide, el Nro.5. En ese despacho del tercer piso de los tribunales de Retiro, los expedientes permanecen en promedio cuatro años, cuatro meses y 27 días. Este Juzgado está siendo subrogado desde principios del 2016 por Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Nro.8.

En segundo lugar, en cuanto a plazos de las causas contra funcionarios públicos, aparece el Juzgado Nro.4 a cargo de Lijo con un promedio de cuatro años, cuatro meses y 24 días, seguido del de Casanello, con solo 4 días menos. En cuarto lugar, aparece la única mujer jueza, una magistrada histórica de Comodoro Py que a la vez es jueza electoral, María Servini, con un promedio de cuatro años en la resolución de las causas de corrupción.

Los delitos más frecuentes en orden de jerarquía son la defraudación a la administración pública (200 causas), abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (143), negociaciones incompatibles (56), enriquecimiento ilícito (44), malversación de caudales públicos (42) y lavado (40).

Respecto de los procesamientos, última etapa en los juzgados federales de primera instancia antes de la elevación a juicio, el que tiene un menor número dictado en relación con las causas que lleva es también Bonadio, con solo 6,5% (2 procesamientos en 31 causas). Aparece en el informe seguido de Rodolfo Canicoba Corral, con un 8% , ya que dictó 4 procesamientos sobre 50 expedientes en trámite en el período analizado.

Casi dos años de trabajo

El trabajo del Cuerpo de Auditores comenzó a mediados del 2016, a partir de la renovación del Consejo, bajo la presidencia del abogado Miguel Piedecasas, quien fue electo nuevamente a fines del 2017. Fueron auditados 147 sedes judiciales y 294 jueces federales de todo el país.

Los ocho auditores del Consejo de la Magistratura que realizaron el trabajo fueron sorteados en julio del 2016 para garantizar la transparencia de la auditoría. La idea es que "sea un proceso permanente" que "se desarrolle en forma continua", y por eso se incorporarán en los próximos meses los datos del 2017, que se estima que estarán disponibles para agosto.

El plenario conducido por Piedecasas aprobó, asimismo, que los datos de la Auditoría se suban a un portal informativo de datos abiertos, cuyo formato y funcionamiento se presentó en la reunión. Será de acceso libre y estará online para que pueda ser consultado sin restricciones.

Una tarea nada sencilla

La Auditoría se encontró con varios obstáculos a la hora de realizar y sistematizar el relevamiento.

La recepción, carga y relevamiento de los datos se vio dificultada por el hecho de que se encontraban dispersos en los distintos juzgados de todo el país, sin estar sistematizados, y fueron recibidos algunos en papel y otros en distintos formatos digitales.

En muchos casos no estaban completos, y hubo que realizar requerimientos posteriores para unificar y conformar una base de datos, que se volcó en una plataforma digital que permitirá a futuro ir actualizándose con los ingresos de nuevas causas y su estado de trámite.

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