La Cámara de Diputados será sede de la primera ronda de exposiciones en torno al proyecto de despenalización del aborto, con 15 disertantes por cada uno de los dos sectores, en tanto que están previstas concentraciones frente al Congreso nacional de militantes a favor y en contra de la iniciativa.
Las audiencias se extenderán hasta fines de mayo, mientras que la discusión en el recinto podría llegar recién a mediados de junio.
Según reveló el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetsky, quien quedó a cargo de la moderación de los plenarios que se desarrollarán hasta fines de mayo, la audiencia estará dividida en dos bloques: de 10 a 13:30 expondrán representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y personalidades de la cultura a favor del aborto legal, mientras que de 14:30 a 18:00 será el turno de los oradores en contra. En total concurrirán unos 1.000 expositores a explicar sus argumentos.
Entre los oradores confirmados que defienden el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos hasta la semana 14 de gestación expondrán en el anexo C de la Cámara baja el periodista Luis Novaresio; la titular de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis; el Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier; la socióloga e historiadora Dora Barrancos; el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez; la abogada, docente e investigadora Paola Bergallo; la abogada y especialista en Derecho de Familia Nelly Minyersky; la psicoanalista Martha Rosenberg; y la abogada Susana Chiarotti.
En el segundo bloque, correspondiente a los representantes de organizaciones que defienden "el derecho a la vida del niño por nacer", desfilarán, entre otros, el padre Pepe (José María De Paola); el director Ejecutivo de Profamilia, Oscar Botta; la abogada especialista en Sociología Jurídica María Angélica Gelli; el abogado constitucionalista Alberto Bianchi; la directora de Sophia, Cristina Miguens; la médica experta en Bioética Raquel Graciela Bolton; y la profesora de filosofía y asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina Alejandra Planker.
El dictamen de consenso, que podría firmarse en la segunda quincena de mayo, tomaría como base el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que viene presentando la iniciativa desde hace varios años, en tanto que el texto podría ser debatido durante el mes de junio en el recinto de la cámara baja, para pasar luego al Senado.
Más allá de la ronda de intervenciones dentro del Congreso, que finalmente no tendrá como oradores a diputados (quienes se limitarán a hacer preguntas), en la calle se vivirá un partido aparte, ya que desde ambos sectores convocaron a movilizaciones frente al anexo, sobre la Avenida Rivadavia.
Las organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tomarán la delantera a las 9:30 cuando concentren frente al anexo de la Cámara baja y no se moverán de allí hasta las 18, horario en que realizarán un "pañuelazo" en señal de apoyo al proyecto de ley que se debatirá en el plenario de comisiones.
En paralelo, la Unidad Provida, la red de organizaciones sociales que se definen en contra de la despenalización del aborto, no se quedará atrás en la pulseada por ganar la calle en una jornada de alta exposición mediática: movilizarán al mismo punto de concentración para desplegar allí un "banderazo" en defensa del "derecho a la vida" del "niño por nacer", a partir de las 15:30.
Si bien desde ambos comandos de campaña se comprometieron a evitar cualquier tipo de provocación, todo indica que la tensión se adueñará de la escena ya que durante varias horas de la tarde convivirán ambas manifestaciones.
Para minimizar riesgos, se podría disponer un vallado para separar a los dos grupos, aunque todavía resta pulir los detalles de la logística.
La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación -que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil.
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