Quién es quién en la mesa jurídica que rodea a Mauricio Macri en medio de la tensión con el Poder Judicial

José Torello, jefe de asesores de Mauricio Macri, suele darle poco uso a su cuenta de Twitter. Pero los últimos tres mensajes que escribió los dedicó a la Justicia.

"(Jorge) Ballestero y (Eduardo) Farah, los jueces de la Cámara Federal le están tomando el pelo a la gente. Esto es parte de la herencia que nos dejaron y que vamos a cambiar", publicó el sábado 17, horas después de la liberación del empresario Cristóbal López. "Es increíble el daño que le ha hecho parte del poder judicial a la figura del JUEZ", volvió a escribir esta semana. Y agregó, en las últimas horas: "No hay nada más igualador y democrático que una buena justicia, algunos jueces están destruyendo este concepto y los argentinos no vamos a permitirlo".

El sospechoso cambio de carátula en torno a la excarcelación de López y los recientes movimientos en la Justicia -debatidos en estas horas en el Consejo de la Magistratura- prendieron las alarmas en la Casa Rosada, en la que se viven días de tensión con el Poder Judicial. En especial en la mesa jurídica que rodea a Macri, de la que Torello forma parte. Atravesada, por momentos, por intereses cruzados.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene acceso a esa mesa desde la época de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento tenía sillas reservadas para otros dirigentes que entraban y salían, como Francisco Quintana o Daniel Presti.

El ministro estaba al frente por entonces del Ministerio Público Fiscal. Su entrada al gabinete nacional fue consecuencia, en buena medida, de la histórica puja entre Fabián Rodríguez Simón -alias "Pepín"- y "El Tano" Daniel Angelici, otros dos de los integrantes del staff jurídico del Presidente. Aunque "El Tano" rara vez se mezcla con el resto: su relación es mano a mano con el jefe de Estado.

Entre sus múltiples tareas, Garavano tuvo el año pasado una de extrema complejidad: escuchó casi semanalmente las quejas de Ricardo Lorenzetti por las constantes críticas de Elisa Carrió.

La diputada reparte sus simpatías en esa mesa entre Rodríguez Simón y Torello, dos de los buenos vínculos de "Lilita" con la Casa Rosada, además de Mario Quintana. Por el contrario, está duramente enemistada con Garavano y con Angelici. Con Pablo Clusellas, el secretario Legal y Técnico, y Bernardo Saravia Frías, el procurador del Tesoro, los otros dos funcionarios que integran el staff judicial que rodea al jefe de Estado, no tiene relación fluida. Carrió apadrinaba a Carlos Balbín, el anterior procurador que salió del Gobierno en abril del año pasado, en medio del pleito entre el Estado y el Correo Argentino.

Torello es del riñón íntimo de Macri desde la juventud, y es uno de los más críticos de Comodoro Py, los tribunales en los que se dirimen las causas de corrupción, desde hace años la vidriera de la Justicia. Por su rol como apoderado del PRO tiene relación desde hace tiempo con María Romilda Servini, una de los 11 jueces federales, en su caso con competencia electoral. En la última campaña electoral, el año pasado, el funcionario fue además un engranaje clave en el financiamiento de Cambiemos.

Si fuera por el jefe de asesores de la Presidencia habría que depurar al máximo Comodoro Py, una idea que suele chocar con el resto de la mesa judicial, en especial con Angelici y Garavano. Torello es, de hecho, uno de los impulsores de varios de los candidatos a jueces impulsados por la Casa Rosada.

Hace algunas semanas recibió en su despacho a Juan Tomás Rodríguez Ponte, el director de la Oficina de escuchas de la Corte Suprema. Rodríguez Ponte es uno de los principales candidatos a ocupar la vacante que dejó Norberto Oyarbide. Trabajó años en el juzgado de Ariel Lijo. Torello, según su entorno, se llevó una buena impresión. Pero choca con los intereses de Angelici, que se inclina por María Eugenia Capuchetti, integrante del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires. Capuchetti es autora de un libro junto a Martín Ocampo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño que es cercano al presidente de Boca.

En los últimos días, Torello también recibió en su despacho a Diego Molea, el flamante representante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Rodríguez Simón es íntimo amigo de Torello -cuando está en Buenos Aires ocupa su oficina, en el primer piso de la Casa Rosada- y responde directamente a Macri. Ocupa un sillón en directorio de YPF y en el Parlasur por expreso pedido del Presidente. Es que en el 2015, en Cambiemos estaban convencidos de que Cristina Kirchner iría allí en buscar de fueros. El Presidente quería en el Parlamento del Mercosur a un hombre de confianza.

No está en la gestión diaria ni frecuenta a jueces federales, pero "Pepín", como lo llaman en confianza, es el cerebro de algunas de las decisiones jurídicas más relevantes. Y polémicas, como la designación en comisión de los jueces Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, al inicio del gobierno de Cambiemos.

En las últimas semanas, el asesor tuvo que volver de Uruguay -donde pasa al menos una semana al mes- a las apuradas para profundizar la defensa legal del ministro Luis Caputo en el marco de la investigación por los denominados "Paradise Papers".

A fin del año pasado, Rodríguez Simón le había puesto el grito en el cielo al propio Macri por el intento de la Casa Rosada de sacar la polémica reforma previsional a través de un decreto presidencial que el Ejecutivo estuvo a punto de convalidar. Fue uno de los que se opuso, junto a Carrió. Del gabinete, la única que se mostró reacia a firmar la medida fue la ministra Carolina Stanley.

El resto del gabinete la había convalidado. Esa noche, tras la fallida sesión del Congreso -la reforma jubilatoria se aprobaría la semana siguiente-, Clusellas y Saravia Frías se pasearon por los pasillos de la Casa Rosada. Eran dos de los integrantes de la mesa judicial de Macri que avalaban el decreto.

Clusellas, viejo amigo del colegio Newman, de extremo perfil bajo, es el encargado de darle el visto bueno a las leyes y normas que salen del Ejecutivo, trabajo que heredó de la Ciudad. El procurador, por su parte, lleva los juicios del Estado, mira de reojo los movimientos en la Corte Suprema y en las últimas semanas empezó a ocuparse de la relación con algunos fueros que, según explican en su entorno, estaban descuidados.

Como el previsional y el comercial, dos fueros claves para el Gobierno en estos tiempos. El primero por los coletazos de la reforma que cambió la fórmula del cálculo jubilatorio. El segundo, por un caso puntual: el concurso de la empresa insignia del empresario Cristóbal López, cuya deuda con el Estado por el impuesto a los combustibles ascendería a unos $17.000 millones.

Saravia Frías se convirtió en las últimas semanas en uno de los nexos con el juez Javier Cosentino, que interviene en el concurso de la compañía del empresario K. Cosentino suele tener causas sensibles para el poder político: llevó adelante, por ejemplo, el expediente comercial del caso Ciccone.

El procurador, por el contrario, le escapa a Comodoro Py. Su único vínculo con ese edificio era Rodolfo Canicoba Corral, pero obligado por el colegio al que iba una de sus hijas.

El nexo con Comodoro Py recae en ese sentido en Garavano -los jueces lo miran cada vez con más desconfianza-, en Juan Bautista Mahiques -uno de los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura nacional-, en Angelici y en Alejandro Pérez Chada, histórico abogado del Presidente.

Pérez Chada sí camina a diario los pasillos de los tribunales federales, pero lo hace casi exclusivamente en nombre de Macri. Hay algunos jueces y fiscales que ya empezaron a fastidiarse por algunos mensajes, que no coincidirían con la independencia de poderes que dice practicar el Gobierno. Coincide, en buena medida, con algunas de las recientes decisiones de la Justicia federal.

Atravesada, según los especialistas consultados, por al menos dos razones: los mensajes difusos y la composición heterogénea de la mesa jurídica que rodea al jefe de Estado, y el cada vez más activo rol de viejos operadores judiciales, paradójicamente de estrecha relación con algunos integrantes del entorno más íntimo de Macri.

El papel de Clusellas también está ligado a la ciudad de Buenos Aires. El secretario Legal y Técnico se ocupó durante el verano de volver a tejer una alianza electoral con Jorge Rizzo para las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, previstas para el próximo mes. Lo hizo junto a Ocampo.

La relación entre Rizzo, actual presidente del colegio de abogados, estaba resentida desde hacía tiempo por su disputa con el entorno de Angelici, en especial con Juan Sebastián De Estefano, "El Enano". A fin de año, la puja se trasladó al Consejo de la Magistratura porteño, que en un par de semanas también renueva representantes de los abogados.

En el caso de la Ciudad, el entorno jurídico que envuelve a Horacio Rodríguez Larreta es mucho más complejo por las históricas relaciones entre el macrismo y el peronismo porteño en torno a la Justicia local. Traducido, por ejemplo, en el ámbito del Consejo de la Magistratura. O en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cuya presidenta, Inés Weinberg de Roca, acaba de ser postulada por Macri para el Ministerio Público Fiscal.

En la provincia de Buenos Aires, la mesa jurídica de María Eugenia Vidal está mucho más concentrada que la del líder del PRO. La rodean solo Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense, y el procurador Julio Conte-Grand: son los dos consejeros de la gobernadora.

Ferrari, un dirigente de múltiples vínculos que viene del sciolismo, trabó una estrechísima relación con la mandataria. Esta semana, la representó en un foro global anti corrupción en París, Francia. Es, por ejemplo, uno de los mensajeros de la Provincia con la Corte Suprema.

El caso de Conte-Grand es más delicado. Es la cabeza de los fiscales bonaerenses, el puesto que ahora el jefe de Estado quiere ocupar a nivel nacional con Weinberg de Roca.

Su antecesora, María del Carmen Falbo, había acumulado cuestionamientos por su cercanía con la política. Especialmente con el sciolismo en los últimos años. Conte-Grand, a quien le sobran pergaminos, fue uno de los asistentes de lujo del último festejo de cumpleaños de la gobernadora, en septiembre pasado, en la base aérea en la que vive. Invitó solo a los más íntimos.

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