Primero fue el propio Mauricio Macri, que en la noche del domingo se mostró fastidiado por el fallo de la Cámara Federal porteña que liberó y suavizó la situación procesal de Cristóbal López, investigado por la supuesta evasión de $8.000 millones del impuesto a los combustibles. La respuesta llegó ayer por parte del camarista Eduardo Farah, uno de los dos jueces que votó a favor del empresario: "El Presidente debería medirse un poco", dijo el juez.
Esta mañana, el Gobierno volvió a criticar el fallo, esta vez en boca de Fernando de Andreis, un funcionario del riñón del jefe de Estado. "Nos llena de indignación, creemos que es una muy mala señal para todos los argentinos, sobre todo si nos paramos en el lugar de los que pagamos los impuestos", subrayó el secretario general de la Presidencia en diálogo con los periodistas acreditados en la Casa Rosada tras la tradicional reunión de gabinete de los martes.
Es que, tras la decisión del viernes de la Cámara Federal, el Gobierno dejó trascender un creciente malestar por el cambio de carátula de la investigación en torno a López y a su socio, Fabián De Sousa, liberados al final de la semana. También se había manifestado en esa línea el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Si bien desde el entorno de Macri confiaron en que en la reunión de esta mañana no se abundó en el tema –según De Andreis, sobrevolaron cuestiones empresariales y vinculadas al G20-, la situación del dueño del Grupo Indalo fue casi de lo único de lo que se habló ayer en Casa Rosada.
Al mediodía, de hecho, hubo una cumbre en el primer piso de Balcarce 50 en la que se desmenuzó el fallo y se analizaron los pasos a seguir. Participaron, como publicó ayer Infobae, el saliente ex titular de la AFIP, Alberto Abad; su sucesor, Leandro Cuccioli; los vicejefes de Gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui; el jefe de Asesores de la Presidencia José Torello, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, entre otros colaboradores técnicos.
En el cónclave volvieron a confirmar que la AFIP apelará hacia finales de esta semana el fallo de cámara, a pesar de los rumores en torno a la salida de Abad. El organismo quiere verificar una deuda que asciende a unos $17.000 millones, entre intereses y punitorios.