La difícil relación Macri-Iglesia: hasta un hecho menor alcanza para sumar tensión

La difusión de los fondos del Estado destinados a la Iglesia Católica -y en particular, las asignaciones de los obispos- alcanzó para generar un revuelo político notable, llamativo sobre todo porque no se trató de una revelación.

Las cifras fueron puntualizadas en el Congreso por el jefe de Gabinete, en respuesta a una de las más de mil preguntas que acumuló el cuestionario de los legisladores. Los protagonistas del episodio niegan, por supuesto, que se haya tratado de una escena armada, muy atractiva en el imaginario de las conspiraciones. ¿Cambiaría mucho si lo hubiera sido? No parece, pero sí importa el impacto, síntoma del delicado cuadro de las relaciones entre el Episcopado y el Gobierno.

Las estribaciones del caso se extendieron bastante más allá del episodio, a mediados de la semana. Desde la Iglesia, se dejó trascender el malestar por la "difusión" de los datos. Y en medios del oficialismo se admitió algún contacto con obispos para aclarar las circunstancias: el informe periódico del jefe de Gabinete, que debe responder preguntas de todo calibre.

En privado, se habló además del efecto mediático, parte central del fastidio eclesiástico. Y para amortiguar un poco, el Gobierno decidió que el subsecretario de Culto, Alfredo Abriani, saliera a explicar que no había nada nuevo y que todo se ajusta a "la ley y la Constitución".

Conviene hacer un repaso mínimo. Marcos Peña ya había respondido un par de decenas de preguntas de los legisladores cuando le reclamaron precisiones sobre las partidas anuales para la Iglesia Católica. La inquietud fue planteada por la diputada Carla Carrizo, del bloque Evolución, que encabeza Martín Lousteau. Y la respuesta remitió al Presupuesto: unos 130 millones de pesos, globalmente, con asignaciones que oscilan entre los 40 mil y los 49 mil pesos mensuales para los obispos, según el rango jerárquico.

Hasta allí, nada nuevo. Lo significativo, sin dudas, es que junto o a partir del impacto público, el hecho alcanzó para disparar especulaciones sobre una escalada en la tensa relación entre el Gobierno y el máximo nivel de la Iglesia Católica. Los efectos del episodio en Diputados y no su origen hablan del problema: la presentación de Peña en el Congreso no habría alcanzado ni la categoría de anécdota en otro contexto.

En esta historia, está claro que un capítulo central y difícil –cuyas líneas recién empiezan a ser escritas- fue disparado por la decisión oficial de abrir las puertas al debate legislativo sobre la despenalización del aborto. Pero el pesado cortinado de fondo ya había sido desplegado: se trata del vínculo entre el Gobierno y el papa Francisco, cuya decisión de no visitar la Argentina se extiende sin fecha a la vista. No vendrá este año y nada indica que vaya a hacerlo el próximo, teñido por la campaña electoral.

Desde la Iglesia se dejó trascender la idea de que todo se trata de una especie de "cortina de humo" para ocultar las dificultades y aristas más duras de la economía, en primer lugar la persistente inflación. En esa línea anotan el debate sobre la interrupción legal del embarazo. Y ahora parece que le han dado una vuelta de tuerca: en esa visión, la difusión del presupuesto asignado a la Iglesia sería una jugada para debilitar ante la opinión pública su oposición a la despenalización del aborto.

Algo de eso pareció expresar el obispo de la localidad cordobesa de San Francisco, Sergio Buenanueva, al sostener que no veía mal que se difundiera el presupuesto en cuestión, aunque dijo que le parecía raro que el tema surgiera ahora, porque es un dato público, nada nuevo. "De tanto en tanto, cuando conviene sacudir un poco a la Iglesia, sale a la luz el tema de los 'sueldos' de los obispos", dijo. Sutil, si se quiere, pero directo.

También habló el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, autor de la reacción más dura, extrema, contra el Gobierno por la apertura del debate sobre la legalización del aborto. Esta vez, fue también directo al afirmar que la Iglesia no puede sostenerse sin los fondos estatales –que el episcopado y el propio Gobierno consideran mínimo en el total de su propio presupuesto- y de paso condenó el nivel de aporte de los fieles católicos, que a su juicio "suele ser miserable".

El episcopado, más orgánicamente y por vía reservada pero institucional, hizo llegar su inquietud al Gobierno. Fuera de las declaraciones para bajarle el tono al tema, a cargo de la subsecretaría de Culto, en el Gobierno evalúan que en este caso hubo una sobrevaloración del impacto en los medios: al menos, ese habría sido parte del mensaje recibido. Las fuentes consultadas admiten, claro, que el episodio y algunas reacciones toman volumen por las tensiones evidentes con la jerarquía católica.

Desde la bancada que lidera Lousteau, por otras razones, también apuntaron a poner el asunto en su real caja. Señalan que no es nueva la posición de la diputada Carla Carrizo, que comparten en líneas generales, y recuerdan que junto al ex fiscal y entonces diputado Manuel Garrido ya había presentado en 2013 un proyecto tendiente a la equidad de cultos y a ajustar las asignaciones para los obispos en línea con el salario de un docente universitario, y no en el actual rango, que oscila entre el 70 y el 80 por ciento del sueldo de un juez de primera instancia.

En todo caso, aclaran que sólo les preocupa que la posición de la legisladora pueda ser asimilada a una táctica de Cambiemos. Y no por alguna coincidencia conceptual en alguna materia, como los proyectos sobre igualdad de género, sino por la difusión de salarios como elemento mediático "para descalificar políticamente". Una factura, para despegar además de cualquier especulación basada, destacan, en "visiones chiquitas, conspirativas".

Vistas todas las explicaciones, resulta claro que hay de todo menos una revelación sobre las cifras de los aportes del Estado a la Iglesia. Esta vez, el ingrediente revulsivo no es el hecho, sino la sensibilidad del contexto. Eso, en política, tampoco es un dato desdeñable.

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