El 13 de diciembre de 2017, dos días antes de que se cumpliera un mes de la desaparición del ARA San Juan, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, intercambiaron "notas" y "resoluciones" con el sello de "CONFIDENCIAL" y "MUY SECRETO".
Según los escritos a los que accedió Infobae, el representante del Poder Ejecutivo puso bajo un manto de sospechas la validez de un sumario interno elaborado el 7 de diciembre por el capitán de fragata Gabriel Gustavo Niscicelli -y firmado por Srur- en el cual se pedía la separación de sus cargos de dos altos jefes: el comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contralmirante Luis López Mazzeo, y el capitán de navío Claudio Villamide.
Ambos habían quedado señalados por la desaparición del submarino ARA San Juan. Se los acusaba de "arriesgar la tropa" y "negligencia en el servicio", al "no impedir" que el buque de guerra "navegase con posterioridad a las severas anomalías detectadas" durante la operación realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017.
Aguad sostenía en la Resolución 168/2017 –ver documento– que incluía conclusiones que "serían inexactas" o "habría omitido considerar elementos de hecho que resultarían relevantes para dar fundamento" al desplazamiento de López Mazzeo y de Villamide.
Para defender su postura, el ministro de Defensa sostuvo que el 5 de septiembre de 2017 el capitán de fragata Pedro Fernández, comandante y uno de los 44 tripulantes desaparecidos del submarino, aseguraba en un informe que el ARA San Juan estaba "habilitado" para navegar.
Ese mismo 13 de diciembre, el capitán de fragata Riscicelli -"oficial instructor", según su sello- le elevó al almirante Srur un informe en el que defendía su trabajo.
La respuesta a los cuestionamientos de Aguad es dura y contundente: "El mentado informe –el firmado por el comandante Fernández- ya se encontraba incorporado a los actuados (Anexo II, Caja 2, carpeta 2) y fue oportunamente analizado entre toda la documentación incorporada al expediente, no asignándole esta instrucción la relevancia conferida por el Señor Ministro de Defensa, pues a criterio de quien suscribe, existe prima facie una ostensible contradicción entre la calificación de 'BUQUE HABILITADO' y las numerosas observaciones de fallas, falencias, anomalías y desperfectos enumerados en el Punto 1.2 al 10.16 del agregado al oficio número 07/17 "C" los cuales eran de entidad suficiente, en opinión del suscripto, como para no apartarse de las conclusiones y novedades surgidas de la documentación precitada, referida en el CONSIDERANDO del acto administrativo en cuestión".
Hay quienes especulan que el sumario interno firmado por Srur, y los cuestionamientos que sobre él realizaron los asesores de Aguad, y el propio ministro, redundaron en que una semana después, el 20 de diciembre, el marino pasase a "retiro obligatorio", a través del Decreto 1051/2017, cuando habitualmente los jefes de las fuerzas dejan sus cargos bajo la denominación de "retiro efectivo".
En el párrafo final de su nota, el "oficial instructor", y siempre haciendo referencia a los cuestionamientos del ministro de Defensa a su trabajo, escribió: "En consecuencia, a juicio de esta instrucción, no se evidencia que el vicio señalado en la causa de la 'Resolución EMGA 168/17C', amerite su modificación o derogación. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que su esa Jefatura en atención a lo expuesto por el señor Ministro de Defensa, diverso al sustentado por quien suscribe, se encuentra facultado para modificar o revocar el acto administrativo por el cual se requiere opinión".
El capitán de ultramar Marcelo Covelli, asesor técnico de la querella conformada por familiares de los tripulantes desaparecidos, coincide con lo expresado por el oficial instructor Riscicelli: "La planilla que hizo el comandante Fernández sobre el 'índice de conservación de materiales' no tiene la integridad, es decir, no tiene el peso como para contrarrestar todos los informes del Auditor. O sea, todo lo que revisa y califica, el capitán Fernández, no tira abajo todo el resto", le dice a Infobae, y abunda: "Esa habilitación también la hicieron en 2016, y sin embargo el Auditor también había descubierto todas las fallas que tenía el ARA San Juan y que no se subsanaron".
Infobae, a través de fuentes judiciales, tuvo acceso exclusivo a las mencionadas "planillas" en las que el comandante Fernández calificó los "sistemas de servicio", de "comunicación" y de "navegación" del ARA San Juan como "HABILITADO", y puntuó con un "4,25" el "índice de Calificaciones del Estado del Material (I.C.E.M.). El óptimo es "5".
Esto es lo que el capitán de ultramar Covelli califica "sin fuerza", tal como también lo interpretó el instructor oficial de la Armada, ya que esas planillas "van más en lo operativo", y da un ejemplo práctico. "Es como cuando de una ambulancia, el médico revisa si tiene oxígeno, si funciona el desfibrilador, y le da el ok para ir a atender en una urgencia a un paciente. Ese es el listado que hizo Fernández. El inspector, después de recabar todos los informes, firmados inclusive por Villamide, dice 'esto es una ambulancia, pero también un vehículo, y como camioneta, quizás tiene problema en los frenos. Es decir que en materia de seguridad, como vehículo, puede fallar y por eso debe ingresar al taller. Tal como ocurría con el ARA San Juan, que ya tenía previsto el ingreso al dique seco por todos los problemas que tenía y salió a navegar igual".
Ya pasaron tres meses desde el intercambio epistolar de Aguad, Srur y el oficial instructor, y ni el nuevo jefe de la Armada Argentina, José Luis Villán, ni el ministro de Defensa anularon el cuestionado sumario interno. Quizás ahora, con la documentación que forma parte de la causa a la luz pública, se tome una decisión en un sentido o en el otro.