Dos de los tres partidos que conforman la coalición de Gobierno creen que el subsecretario que depositó USD 1,2 millones en Andorra debería dejar la función pública hasta que se esclarezca el caso.
El presidente Mauricio Macri recibió este lunes reclamos de sus aliados para suspender transitoriamente al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. Se trata del funcionario que depositó USD 1,2 millones en un banco de Andorra, según una investigación publicada por el diario El País de España.
El primer dirigente en pedir la renuncia de Díaz Gilligan fue el radical Mario Negri. El diputado nacional pidió la "separación del cargo" del joven funcionario para que aclare su situación en la Justicia. "No es condena. La "vara" sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos", aseguró en redes sociales.
Los "lilitos" Fernando Sánchez y Paula Oliveto se pronunciaron en un sentido similar. Sánchez, integrante de la Jefatura de Gabinete, dijo que en una situación similar hubiera pedido licencia y analizó: "Si se comprueba que hubo evasión de impuestos, sería un problema muy serio".
La legisladora fue más allá: "Yo hubiera renunciado para ayudar al Presidente. En el caso Gómez Centurión, el Presidente decidió correrlo hasta que se aclarara su situación procesal. Fue una decisión muy sana. Me parece que en el caso Díaz Gilligan habría que correrlo; es distinto".
El peronista converso Luis Juez también fue muy crítico. Disparó: "Es una pelotudez decir que le estabas cuidando la plata a un amigo en un paraíso fiscal, yo le diría que se busque un abogado".
El propio Macri y su mano derecha, el jefe de Gabinete Marcos Peña, ofrecieron una defensa cerrada del subsecretario involucrado en la polémica. Según explicaron, activaron un procedimiento ante la Oficina Anticorrupción (OA) para que el funcionario dé las explicaciones del caso. En distintas entrevistas, el subsecretario general de la Presidencia aseguró que el dinero que estaba en la cuenta era del empresario Francisco "Paco" Casal.
El viernes, la OA notificó electrónicamente al funcionario Díaz Gilligan del inicio del expediente. Según la ley de procedimientos administrativos, el funcionario cuenta con 10 días hábiles para responder.
Además, la OA solicitó autorización para acceder a los anexos reservados de su declaración jurada y requerirá información a organismos públicos y privados a fin de reunir toda la información oficial sobre el tema.
"El equipo técnico de la OA analiza toda la documentación disponible y verifica que las conductas se hayan ajustado a lo previsto en la legislación vigente", informaron voceros del organismo.
Como resultado del análisis de la documentación solicitada, la OA puede requerir al funcionario la rectificación de sus declaraciones juradas y, en caso que corresponda, realizar la denuncia judicial. En aquellos casos en que ya existe causa judicial, el órgano administrativo aporta toda la documentación y sus conclusiones a la Justicia. Una vez finalizada la investigación, se notificará la resolución al funcionario y se publicarán los resultados.
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