Obligado, el Gobierno acelera el debate por el financiamiento de campañas y apunta a la "contabilidad creativa"

Aunque este año le quitará el pie del acelerador a la agenda legislativa y propiciará la presentación de proyectos de ley por parte del Parlamento y no tanto del Poder Ejecutivo, en el Gobierno se empieza a acelerar el debate por el financiamiento de los partidos y de las campañas políticas, un rubro en el que tanto el oficialismo como la oposición todavía pescan en un mar plagado de opacidades.

Si bien aún no hay fecha definida, tanto en la Cámara baja como en los principales despachos del primer piso de la Casa Rosada le confirmaron a Infobae que el Gobierno buscará discutir y aprobar este año el proyecto de ley de financiamiento político, que en caso de obtener luz verde le daría un barniz de transparencia a la campaña presidencial del próximo año. La recaudación del 2015 de Mauricio y del resto de los candidatos estuvo repleta de ilegalidades.

En ese sentido, el oficialismo prepara para finales del mes una jornada en Casa Rosada en la que volverá a poner sobre el tapete el debate sobre la financiación de las campañas. El seminario, bajo la organización de la Secretaría de Asuntos Políticos, a cargo de Adrián Pérez, intentará reunir a organizaciones como CIPPEC, Poder Ciudadano y Transparencia Internacional, que desde hace tiempo insisten en dotar de transparencia el sistema electoral.

En Cambiemos circulan dos proyectos. El de la diputada Silvia Lospennato, especialista en el rubro, y el de la Casa Rosada, que ya está en manos del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, para su revisión. Ambos bajo los mismos preceptos: la bancarización total de los aportes, un nuevo esquema para la presentación de informes de campaña, la creación de un sistema de de información de financiamiento de campañas en tiempo real -una imitación del Instituto Nacional Electoral de México- y de un registro de proveedores de bienes y servicios de campaña, y la eliminación de la prohibición a las empresas de realizar aportes de campaña, entre otros. Según confiaron desde la jefatura del PRO, sobrevoló además a fines del año pasado la idea de acotar los tiempos de publicidad radial y televisiva en vísperas electorales.

En las elecciones del año pasado en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, más del 80% de las donaciones a los candidatos a senadores y diputados de Cambiemos fueron en efectivo. "Los aportes en efectivo presentan un obstáculo tan importante como injustificable para conocer el origen y el destino del dinero de los partidos políticos", subraya el texto de uno de los proyectos. Lo que en la jerga se conoce como "contabilidad creativa": "cuando los informes se alejan de lo que efectivamente ocurre". El principal dilema de los procesos electorales no es quién pone el dinero si no quién se hace cargo. La famosa "simulación de aportes", vigente desde siempre -incluso en la última elección legislativa- tanto en el partido de gobierno como en los de la oposición.

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El apuro de la Casa Rosada por modificar las normativas vigentes obedece en buena medida a esas inquietudes. Es decir, a la circulación de fondos opacos. De hecho, el PRO trabaja en estas semanas en el impulso de una nueva modalidad de contratación del consultor Jaime Durán Barba, que haga al menos algo más real el vínculo laboral Cambiemos y el ecuatoriano, cuyas finanzas están bajo la lupa desde hace tiempo.

El jueves venció el plazo para la presentación de los informes finales de campaña de los partidos, que los proyectos en danza quieren acotar de 90 a 30 días. Según la rendición de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, las candidaturas de Esteban Bullrich y de Graciela Ocaña costaron $35.695.467,74 y tuvieron ingresos por $34.353.133,80, es decir un déficit de más de un millón de pesos.

El ítem relacionado a la recaudación es uno de los más tabú dentro de la coalición de gobierno. En especial por la figura de Elisa Carrió, que nunca avaló los aportes de empresas y que desde hace tiempo medita si se abre o no a la posibilidad de aceptar las donaciones de personas jurídicas, una práctica aceptada en los hechos. Es que entre la Coalición Cívica y el PRO hay un abismo en ese rubro. En la campaña del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, los candidatos de Carrió en la lista de "Vamos Juntos" tomaron préstamos personales para aportar en las generales de octubre. Una histórica costumbre, inédita para el macrismo.