Las desapariciones antes del golpe militar

A finales del año 1975 y en enero de 1976, la provincia de Córdoba estaba en la tapa de los diarios con titulares que, después del golpe de Estado del 24 de marzo, ya no se publicarían más.

"Denuncian en Córdoba la ola de secuestros". "Llegan a 16 los secuestrados en sólo dos días". "Los desaparecidos en Córdoba llegan a 18". "La ciudad de Córdoba vive un pánico sin esperanzas".

Durante el gobierno de Isabel Perón, la provincia se había convertido en epicentro de una figura novedosa para el Estado de derecho: "Las desapariciones".

Los atentados y las ejecuciones eran hechos de rutina, que conmovían a la provincia, pero con las desapariciones se inició una modalidad nueva. Ya no se exhibían los cuerpos; los secuestrados, no se sabía dónde estaban.

El gobierno provincial sólo podía hacer una caracterización: "Estos actos de barbarie nos retrotraen al primitivismo animal". Así explicó el interventor federal de la provincia, Raúl Bercovich Rodríguez, la oleada de secuestros de la primera semana de enero de 1976.

Blues del terror azul

La desestabilización institucional de la provincia se había iniciado con un golpe policial del coronel Antonio Navarro -destituyó al gobernador Ricardo Obregón Cano en febrero de 1974-, en un acto de sedición que Perón avaló y el Congreso Nacional también. No repusieron al gobernador en su cargo, sino que definieron una intervención federal.

En primera instancia la asumió Duilio Brunello.

En septiembre de 1974 lo sucedió el brigadier (RE) Raúl Lacabanne, que llegó al mando provincial anunciando la "limpieza ideológica". Finalmente, un año después, fue reemplazado por Raúl Bercovich Rodríguez.

Para esta época ya existía una fuerte influencia policial y militar en la política local. Durante la intervención de Lacabanne se fue conformó una estructura paralela dentro del Departamento de Informaciones (D2) que actuaba en forma autónoma a la policía provincial. Luego se identificarían con un nombre propio, "Comando Libertadores de América".

Su primera acción firmada fue la ejecución de los nueve estudiantes –cinco de ellos bolivianos-, secuestrados de una misma casa cuando estaban preparando trabajos de examen final, en la madrugada del 4 de diciembre de 1975. Aparecieron amordazados y baleados en un camino de tierra, lateral a la Ruta 5, que conduce al dique Los Molinos.

Las imágenes de cuerpos torturados o carbonizados, expuestos a la sociedad, eran prácticas habituales en casi todas las ciudades y provincias.
Pero el vuelco de la práctica represiva paraestatal se dio cuando los cuerpos, tras los secuestros, dejaron de exhibirse. Y desaparecieron.

Córdoba no era la única provincia afectada por esta nueva modalidad. "En el 75 trabajaba en el bloque de diputados del Partido Intransigente y empezaron a llegar familiares de gente que había desaparecido. En ese momento no entendíamos qué era eso, ¿cómo iba a desaparecer la gente? Los familiares iban a la morgue, a la policía, a hablar con sus sacerdotes, pastores o rabinos, y también venían a ver a los diputados. Era el camino que hacían para ver si alguien les podía averiguar algo", refirió Susana Pérez Gallart, miembro fundadora de de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que se constituyó el 18 de diciembre de 1975.

De hecho, en el acta de declaración inicial, la APDH reclama "no someter a los familiares de presos, desaparecidos o asesinados a un trato vejatorio que multiplica los efectos de su dolor".

La desaparición, para consumarse, necesitaba de una logística nueva: el centro clandestino de detención.

Si bien en Tucumán, con el "Operativo Independencia", a fin de "neutralizar y/o aniquilar el acción de elemento subversivos", se creó el primer centro clandestino del país en 1975, las detenciones militares se produjeron en el contexto de un enfrentamiento con el ERP en un territorio determinado.

La diferencia fue que en Córdoba, las desapariciones fueron consecuencia de una cacería urbana, en las calles de la ciudad, durante la madrugada o a la luz del día, sin ocultar sus metralletas o pistolas.

A la vista de todos.

Los días 6 y 7 de enero de 1976 se produjo una sucesión de secuestros que generó terror y sorpresa: la mayoría de sus víctimas no eran reconocidas como militantes obreros, políticos o estudiantiles.

Ese mes se produjeron 26.

Y en el último cuatrimestre, ya sumaban 59.

¿Dónde estaban?

"Aun entre aquellos que no han sido tocados por la desoladora desaparición de un ser próximo, la zozobra, la indignación y sobre todo el miedo, parecen haberse impuesto al espíritu de la ciudad", describió un enviado especial del diario La Opinión.

Todo sucedía en el marco del Estado de derecho, durante el gobierno de Isabel Perón.

Según referían los testigos en artículos de prensa de la época, grupos de 15 ó 20 personas que se movilizaban en tres o cuatro autos se introducían en las casas y se llevaban gente. O levantaban gente en las calles o paradas de colectivos. También estallaban bombas en locales partidarios y/o casas de dirigentes políticos.

"Todo esto ocurre frente a un Gobierno cuyas fuerzas de seguridad, curiosamente, no han descubierto ninguno de estos hechos ni apresado siquiera a un solo sospechoso", firmó la UCR provincial en un comunicado.

En un artículo de La Opinión, el jefe de la policía provincial, comisario Miguel Ángel Brochero, confirmó haber escuchado la versión de un "campo de concentración donde estarían confinados algunos de los desaparecidos de los últimos días", pero subrayó que la policía "detiene, no secuestra".

El comisario Brochero pidió contribución a las instituciones políticas para "esclarecer los graves hechos".

En las homilías del cardenal Raúl Primatesta comenzaron a acercarse familiares de desaparecidos. Uno de ellos era el novio de Norma Waquin, secuestrada junto a su hermana Gloria el 7 de enero. La madre de las hermanas Waquin denunció el hecho de inmediato a la comisaría, pero le respondieron que "no tenían vehículos" para perseguir a los secuestradores.

Esa semana el interventor Bercovich Rodríguez estaba de vacaciones en Mar del Plata.

Si bien condenó los hechos, quiso dejar a salvo a las fuerzas de seguridad. "Cualquier cosa que sucede en Córdoba es atribuida a la policía. Hay sectores interesados en desprestigiar a la institución y al gobierno provincial", afirmó.

La autoridad provincial que salió a dar una respuesta política fue el ministro de Gobierno, Carlos Saúl Risso. Decidió presentarse ante una asamblea en la fábrica de Ika Renault. En esos días, sectores fabriles y los empleados municipales abandonaban tareas en repudio a las desapariciones. En la planta automotriz cuatro mil obreros se habían reunido para reclamar información al III Cuerpo de Ejército por las desapariciones –"utilizando términos hostiles", según la crónica de prensa- y debatir futuras acciones.

Frente a la multitud, Risso desligó a la policía y atribuyó la escalada de violencia a un "ajuste de cuentas entre sectores que participan en la subversión", en referencia al ERP y Montoneros. Tuvo que interrumpir su discurso y retirarse en forma abrupta, por la disconformidad que generó en la asamblea.

En reportajes posteriores, Risso aclaró que el "ajuste de cuentas" era la información que le había brindado el III Cuerpo de Ejército y la policía, que ellos no tenían ninguna responsabilidad en las desapariciones, y él no dudaba de que esa información era correcta.

Mientras tanto, una recién conformada "Comisión de Familiares de los Desaparecidos" organizó una "Marcha del Silencio", que saldría desde el Arzobispado hasta la legislatura provincial.

En principio la marcha había sido alentada por el propio Risso –había sugerido que recorriera las calles con banderas blancas y la consigna "Paz, basta de violencia"-, pero luego fue prohibida por el Gobierno con el argumento de que "la Comisión organizadora no fija domicilio alguno ni real ni legal".

Los partidos políticos organizaron una reunión multisectorial e invitaron al Ejército, pero la institución castrense rechazó la convocatoria porque "el arma no puede inmiscuirse en un problema político".

El huevo de la serpiente

En los hechos, el jefe político de Córdoba era el general Luciano Benjamín Menéndez. El hombre que recibía los pedidos de audiencia por parte de Bercovich Rodríguez, Risso o el cardenal Raúl Primatesta. A este último, Menéndez admitió que algunas detenciones las había producido el Ejército.

El general Menéndez había estado a cargo de la V Brigada de Infantería de Tucumán, con "comisiones de servicio" en el norte argentino pero sin capacidad de reprimir al ERP, ya instalado en la provincia. Hasta entonces era una competencia de las fuerzas policiales.

Cuando en febrero de 1975 se instauró el "Operativo Independencia", y el Ejército tuvo el poder represivo en Tucumán, Menéndez fue desplazado, e ingresó al Estado Mayor, que planificaba la estrategia del arma. Después asumió en la comandancia del III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, en septiembre de 1975. Fue designado por el general Jorge Rafael Videla, nuevo titular del Ejército.

El nuevo destino castrense le permitió a Menéndez encarar "la guerra antisubversiva" desde el llano.

Fue el primer ejecutor de las desapariciones.

El primer adelantado.

Su tarea se anticipó al golpe de Estado de 1976.

Hasta entonces, en Córdoba, la represión ilegal estaba en poder de las bandas operativas del Departamento de Informaciones (D2) que hacían el trabajo de calle, con el mando del comisario inspector Raúl Telleldín.
Otro de sus jefes operativos era Héctor Vergéz.

Cada noche los "brigadistas" traían secuestrados y luego de algunos días de interrogatorios, notificaban a la Justicia o los mataban y tiraban sus cuerpos. La sede del D2 se transformó en una cárcel clandestina. Hasta que llegó el general Menéndez.

"Cuando Menéndez asume como comandante en el III Cuerpo, operaban bandas autónomas del D2 —afirma Camilo Ratti, autor de 'Cachorro'. Vida y muertes de Luciano Benjamín Menéndez (editorial Raíz de Dos)—. No respondían a una estructura central. Eran un poco lúmpenes. Buscaban plata, extorsionaban, mezclaban represión política con delincuencia. Y actuaban con impunidad: el D2 quedaba en el centro de Córdoba, al lado del Cabildo y la Catedral. Y entraban y salían, llevaban gente. Menéndez agradece todo el servicio de informaciones que venían haciendo –desde 1974- sobre ámbitos obreros y estudiantiles, se nutre de ellos, lo utiliza, pero luego los va apartando. Arma una 'comunidad informativa' que le permite tener un control de la represión y aplicar su plan. Allí surge la idea de los secuestros y el desaparecido, para que no se sepa quiénes son ni dónde están, como un mensaje de terror. Esto sucede después de que (el presidente provisional Italo) Luder firma los decretos de 'aniquilación de la guerrilla' en octubre de 1975. Y ahí surgen los campos de concentración. El primero es 'La Ribera', una vieja cárcel militar para soldados que faltaban al Código Militar. Menéndez lo convierte en un centro de detención ilegal. Después empieza a construir 'La Perla', para detenidos de mayor peso. A 'La Ribera' le decían 'La escuelita' y a 'La Perla', 'la Universidad'".

¿Cómo fue la reacción del poder político y judicial frente a los secuestros?

"El interventor Rodríguez Bercovich no tenía margen de autonomía frente a Menéndez. Y su ministro de Gobierno, Carlos Risso, tampoco. Ellos no provienen del peronismo ultraderechista. Tienen su origen en el peronismo histórico, conservador, digamos, moderado. El único que podía interceder ante Menéndez era el cardenal Primatesta. Y la Justicia federal no tenía peso. El juez federal (Adolfo) Zamboni Ledesma se tomó licencia y todas las denuncias le quedaron al juez (Humberto) Vázquez que intenta imponer justicia, pero cuando iba al D2 le escondían los detenidos".

En su entrevista con Ratti, publicada en el libro Cachorro, Vázquez recuerda: "La mayoría de los detenidos que traía la policía eran por simples sospechas, sin pruebas firmes de su vinculación con la guerrilla o de que hubiera participado en una acción contra el Estado. A cualquier ciudadano se lo acusaba de asociación ilícita o de violar la ley de seguridad nacional. Pero un juez no puede basarse en indicios para procesar ni condenar a una persona, mucho menos en aquella época, cuando la vida de las persona corría serios riesgos. Cuando iba a recorrer las comisarías con Telleldín o a las dependencias de la D2, en busca de detenidos, que él tenía en una lista, no aparecían. Nunca estaban, me lo escondían porque seguro habían sido torturados por grupos de tareas que estaban bajo su órbita y respondían a Menendez".

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general Menéndez, el primer impulsor de las desapariciones, que tenía subordinadas a cargo 50 unidades militares, con una jurisdicción de mando sobre siete millones de personas, tomó el poder en la Casa de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Estaba casi vacía y a oscuras. Menéndez ingresó al frente de su equipo militar y ordenó detener a las dos únicas personas que estaban en el despacho, esperando novedades desde Buenos Aires: el interventor federal Bercovich Rodríguez y su ministro de Gobierno Carlos Risso. Uno de los primeros desaparecidos, esa misma noche, sería su hijo, Fernando Risso.

Lo llevarían a "La Ribera".

Desde entonces, "La Ribera y "La Perla" comenzarían a utilizarse con mayor libertad.

Y los secuestros y desapariciones dejarían de publicarse en los titulares de los diarios.

Dejarían de publicarse.

Hoy, a sus 90 años, con doce condenas a prisión perpetua, el general Menéndez es el único de los "señores de la guerra", con dominio territorial para la represión ilegal, que se mantiene vivo.

Es difícil encontrar motivos para reconciliarse con él.

*Marcelo Larraquy es periodista e historiador (UBA). Su último libro es Primavera Sangrienta. Argentina, 1970-1973. Un país a punto de explotar. Guerrilla, presos políticos y represión ilegal. Ed. Sudamericana.

Bibliografía: Córdoba, a 40 años del Golpe. Estudios de la dictadura en clave local. Ana Carol Solis y Pablo Ponza (comps), Editorial Filosofía y Humanidades UNC" y artículos de La Opinión y Clarín, diciembre de 1975 y enero de 1975.