Emmanuel Echazú fue el gendarme que había quedado imputado en el marco del caso Santiago Maldonado. El agente que había sido herido de un piedrazo en la cara arrojada por los mapuches se presentó espontáneamente en la causa judicial antes de la aparición del cuerpo del joven artesano. A principio de año, se conoció que Echazú recibió un ascenso y obtuvo el grado de alférez. A raíz de esta resolución firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, llegaron las críticas por parte de la familia del tatuador, que tomaron la decisión como un supuesto "aval a prácticas represivas" y "una provocación".
Tras la polémica, desde Gendarmería justificaron la decisión al argumentar que "cumplió los años reglamentarios como subalférez y, al no existir ninguna restricción legal o reglamentaria, ascendió como toda su promoción".
Desde el ministerio de Seguridad tomaron nota de la polémica generada, aunque hoy continúan ratificando la decisión, ya que el trámite por el ascenso para él y todos los subalféreces en su misma situación administrativa se inició antes del caso Maldonado y correspondía por su antigüedad. En dicha cartera también recalcan que su situación judicial no avanzó y que su imputación había sido voluntaria. La Fiscalía Federal de Esquel había aclarado en su momento que Echazú "se presentó espontáneamente a los fines de ponerse a disposición de la investigación".
Además, el Gobierno decidió sumar requisitos en el proceso de evaluación de ascensos en las fuerzas de seguridad -Policía Federal, Gendarmería y Prefectura-.
Según explicó a Infobae el director de Integridad de las Fuerzas Federales, Damián Arabia, los nuevos análisis hacia los agentes de las fuerzas de seguridad a la hora de definir sus ascensos incluyen cinco filtros que deben ser superados. Todos ellos ya estaban vigentes al momento de darle el visto bueno al ascenso del gendarme Echazú.
Análisis disciplinario: "El primer acercamiento que hacemos es en relación al estudio de los legajos del personal de las fuerzas. En esta instancia tomamos conocimiento de las sanciones y sumarios en trámite del personal", comenzó a explicar el funcionario.
Análisis patrimonial: sobre este punto, Arabia recordó que "desde 2016 se realiza el control patrimonial de todos los miembros de las fuerzas. Empleamos un sistema que contiene todas las declaraciones juradas y que permite detectar alertas tempranas para analizar los desvíos significativos de patrimonio que no se condicen con los ingresos del personal".
Derechos Humanos: "Por otro lado, se solicita información a la secretaría de Derechos para buscar cualquier antecedente sobre posibles vinculaciones con causas de violación a los derechos humanos o atentados contra el orden constitucional", subrayó el director de Integridad de las Fuerzas Federales.
Denuncias: respecto de este filtro durante el proceso de ascensos, el funcionario indicó que "se analizan las denuncias en trámite o finalizadas en cuestiones como violencia de género, insititucional e investigaciones internas".
Causas judiciales: Arabia detalló que este punto se basa en una resolución que ya está vigente desde julio de 2017, mediante la cual "se obliga al personal a declarar si poseen causas judiciales, los datos de las mismas y cuál es la situación procesal. Una vez obtenida esa información, esta dirección hace la investigación correspondiente y las consultas en los juzgados que lleven las causas para generar un informe sobre cada caso particular", agregó. Por esta instancia había pasado el gendarme Echazú durante el caso Maldonado, al tratarse de una evaluación que ya estaba en práctica.
Tras el análisis y aprobación de estas cinco instancias, finalmente la ministra de Seguridad obtiene la conclusión de todo el proceso.
Por último, Arabia aclaró que los requisitos que se sumaron para aprobar los ascensos "no son mecanismos punitivos sino, por el contrario, de prevención y selección de los mejores", al tiempo que destacó que "por primera vez en la historia del ministerio, se ascendió en tiempo y forma a los miembros de las fuerzas".