En las últimas horas, el Gobierno recibió una muy mala noticia. La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un recurso de amparo para que la empresa FB Líneas Aéreas SA, denominada FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), "se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000".
En pocas palabras, la magistrada -que integra la agrupación Justicia Legítima- le impide a la sociedad comercial "emitir boletos" y al ministro a cargo del área, Guillermo Dietrich, "continuar las obras ya iniciadas en los Hangares y todas las posteriores".
Forns es la misma magistrada que el 3 de agosto pasado le asestó un duro golpe a la política tarifaria de Cambiemos al emitir un fallo que suspendió el tarifazo de luz en todo el país impuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En este caso, y a pesar del las críticas que recibió desde Balcarce 50, la medida fue ratificada por las instancias superiores que obligaron al Ejecutivo a realizar las ignoradas audiencias públicas.
Ahora, en su contundente fallo, la jueza no solo toma como propios los reclamos vecinales por el posible impacto en el medio ambiente que puede generar el tráfico de las aerolíneas de bajo costo autorizadas a operar desde El Palomar, sino que avanza sobre un tema denunciado en causas penales anteriores y sobre el cual los magistrados actuantes aún no se expidieron: la modificación de lo que por ley fue destinado como "sitio de la memoria", ya que el lugar fue utilizado durante la última dictadura militar como Centro Clandestino de Detención y Exterminio, según los decretos 1986/14 del 29/10/14 del Poder Ejecutivo Nacional.
Así, la magistrada sostiene que la ANAC, a pesar de los requerimientos anteriores, "nada dice sobre el tema", y que el Ministerio de Transporte "sólo apela a la genérica afirmación de que la medida adoptada no afecta a los Derechos Humanos".
Sobre el tema, la jueza federal Forns fue tajante al sostener que "las obras de infraestructura que se pretenden realizar en la I Base Aérea de El Palomar pueden resultar una pérdida de importante prueba para causas penales en trámite" vinculadas a delitos de Lesa Humanidad, "según surge del informe del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria –dependiente de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural", que depende del doctor Sergio Kuchevasky, quien reconoce que "la I Brigada Aérea El Palomar ha sido incorporada a la nómina de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado, por haber funcionado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión".
En la resolución, que será apelada por el Poder ejecutivo de la Nación a través de sus abogados, la jueza de San Martín sostiene que "en la inspección ocular (que realizó el juzgado de San Martín) se encontraron dos edificios cercanos a la pista, de los cuales uno tenía la leyenda 'Depósito de Explosivos' y otro denominado como 'Polvorín' y no se acompañó aún prueba documental de que tales edificios militares estén desactivados o desocupados", lo cual entrañaría un peligro para los trabajadores y potenciales clientes o pasajeros para las denominadas aerolíneas de bajo costo.
Darle lugar al recurso de amparo para paralizar las difundidas obras en la base aérea El Palomar es ir en contra del decreto 1092 publicado en el Boletín Oficial del martes 26 de diciembre de 2017, en el cual el Gobierno decidió incorporar el aeropuerto de El Palomar "al Sistema Nacional de Aeropuertos para que pueda ser objeto de la modernización de la infraestructura aeroportuaria necesaria para afrontar las recientes políticas relativas a la expansión del mercado aerocomercial".
DECRETO PRESIDENCIAL
El decreto 1092/2017 llevó la firma de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la del ministro del área, Guillermo Dietrich. En sus considerandos, se argumentó que el Estado "debe adoptar las medidas pertinentes para lograr una adecuada infraestructura para el transporte aéreo comercial, tanto interno como internacional, y asegurar la vinculación a través de ese medio con los demás países del mundo y la intercomunicación de las distintas regiones" del país.
El decreto pareció estar redactado a la medida de la aerolínea low cost Flybondi, que en julio pasado hizo una presentación para la concesión del uso de la terminal como base de operaciones. Casi de inmediato, organizaciones sociales, de DDHH y vecinales de Tres de febrero, Hurlingham y Morón, se movilizaron para solicitar que no se habiliten los vuelos anunciados por el Gobierno por la contaminación ambiental, el temor a accidentes y la violación al espacio por la memoria que traería como consecuencia.
En diálogo con Infobae, la abogada Patricia Danna, una de las denunciantes, sostuvo que durante la inspección ocular que realizó la jueza federal de San Martín, víctimas del "terrorismo de estado identificaron los lugares que funcionaron como centro clandestino de detención, que son donde se están llevando adelante las obras ilegales impulsadas por el gobierno nacional. También pudimos comprobar que se ha derribado la casa por la que se ingresaba a los secuestrados y donde se realizaban los interrogatorios y que se han modificado los hangares donde los detenidos eran subidos a los 'vuelos de la muerte'".
Danna recordó, además, que el centro clandestino, que estuvo bajo la órbita del jefe de la Fuerza de Tareas 100 y funcionó en coordinación con la Mansión Seré y el Hospital Posadas, consta en las causas investigadas por (el juez federal Daniel) Rafecas", y cuestionó que "el Gobierno, que es el encargado de proteger los Sitios de Memoria, lo ha destruido todo. Han violado la ley 26.691, porque pretenden borrar la historia. Es un delito flagrante".
Cada una de estas palabras, incluidas por Marisi en el recurso de amparo, fueron tomadas como propias por la jueza federal que ya es un dolor de cabeza para el gobierno de Mauricio Macri.
¿ANUNCIO POSTERGADO?
Días pasados, desde la Casa Rosada se había anunciado para el 10 de febrero el "primer vuelo de Flybondi desde Palomar". Ese fue el puntapié final para que los ciudadanos de las inmediaciones se manifestaran a través de marchas y que el abogado y vecino de Hurlingham Leandro Marisi presentara el recurso de amparo al que dio luz verde la jueza Forns.
La magistrada también ataca al decreto presidencial al sostener que "de la norma general surge indudablemente la obligación de la realización del Estudio de Impacto Ambiental en forma previa al inicio de toda obra o actividad y también su previa aceptación o autorización por las autoridades competentes, cuando sean significativas. No caben dudas que la nueva actividad aeronáutica comercial anunciada por las autoridades codemandadas para el futuro, sea a corto o largo plazo, sea de pocos o muchos aviones, sea de una o más empresas low cost, en un aeropuerto como El Palomar que fue habilitado para aviación militar y civil en el año 1968 (hace 50 años), producirá un impacto en el ambiente y en la población que requiere ser examinado previamente y autorizado por los organismos competentes".
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