El Gobierno a través de la Dirección Nacional de Vialidad le reclamó a Cristina Elisabet Kirchner, Julio De Vido, José López, y Lázaro Báez, entre otros muchos imputados, por $ 22.500 millones a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción" en la causa que investiga las irregularidades en las licitaciones de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Vialidad había denunciado hace tiempo el desvío de fondos a favor de Austral Construcciones y otras firmas del holding del empresario santacruceño. "Hemos pedido al juez Ercolini, dentro de la misma causa penal, que de hallar a los culpable de la corrupción que hemos denunciado, se le devuelva a todos los argentinos, que pagaron impuestos para que se construyan rutas, los fondos que no fueron a las obras", enfatizó Javier Iguacel, director de Vialidad Nacional.
En declaraciones de Radio Mitre, el funcionario destacó el trabajo del equipo de abogados y de la oficina anticorrupción. "Nos conformamos como actores civiles luego de computar el daño causado por la corrupción. Si el juez fallara que efectivamente el delito se cometió, todos los responsables deberán devolver el dinero", explicó.
"Esta es una de las 20 denuncias que hicimos. El sistema permite que el damnificado pueda reclamar un resarcimiento económico por el daño causado, más allá de la pena judicial pueda definir", añadió el funcionario.
Iguacel aludió así a una "máquina de estafar a los argentinos" y a personas que fueron "pseudo empresarios" para conformar la "matriz delictiva" que actuó junto a los entonces funcionarios K.
En la investigación original se determinó que el grupo empresario de Báez fue beneficiado con 52 contratos por unos $46 mil millones a través de licitaciones direccionadas con sobreprecios.
Días atrás, los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido que la ex presidente y los otros ex funcionarios fueran enviados a juicio oral y público. Ercolini también está a cargo de las investigaciones por corrupción conocidas como Hotesur y Los Sauces.
Este reclamo millonario se suma a los problemas judiciales de la ex Presidente, sus ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal y los empresarios amigos favorecidos con la obra pública.
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