El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que se dicten nuevas leyes que impidan la excarcelación de personas detenidas durante incidentes en manifestaciones públicas, como los que se produjeron en las afueras del Congreso Nacional durante el debate de la reforma previsional.
Es que al día siguiente de los episodios de violencia, todas las personas que habían sido detenidas recuperaron la libertad. Incluso, el militante de izquierda Sebastián Romero, quien atacó a la policía con un arma tumbera de fabricación casera y todavía está prófugo.
"En Argentina tenemos un problema al que no le encontramos solución; por otro lado, tenemos la certeza de que ese problema no solamente no va a atemperar su importancia, sino que esas manifestaciones probablemente se incrementen en 2018, cuando el país sea sede de reuniones y eventos internacionales de muchísima importancia", advirtió Moldes.
En declaraciones a Radio Mitre, el fiscal justificó su pedido. "Acá vemos la existencia de un elemento que no es nuevo, porque es de los años 70. Una especie de renacer de la guerrilla urbana, quizá deteriorada y degradada; y para frenar eso necesitamos nuevas leyes", señaló.
El planteo lo hizo al apelar el sobreseimiento de cuatro personas que fueron detenidas el 1 de septiembre pasado, durante los incidentes en Plaza de Mayo, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.
"Entre aquella manifestación y los desastres de esta semana yo no encontré grandes diferencias, salvo que los delincuentes han progresado tanto en organización táctica, como en armamento y en pertrechos. No quiero llamarlos manifestantes ni revoltosos, como si fueran jóvenes idealistas. Son una milicia. Son criminales", los definió Moldes.
Según el fiscal federal, la actual ley no alcanza para tratar esos fenómenos. "Estos tipos vienen preparados para romper el mobiliario con martillos. También se les secuestró bulones, petardos, tuercas, bujías y bolsas de piedras. Todo eso se vio multiplicado la última semana", advirtió.
"La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes, algo que corresponde a otros Poderes del Estado", sostuvo Moldes en un escrito que presentó ante la Cámara Federal y al que accedió Infobae.
Durante la marcha por la desaparición de Maldonado fueron detenidas 31 personas, quienes recuperaron su libertad tras ser indagadas. El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de ellas por intimidación pública, pero el pasado 6 de diciembre la Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión solo respecto de dos y sobreseyó a otras 17, por entender que no había elementos para señalar que habían cometido el delito de intimidación pública. Moldes no compartió el criterio respecto de cuatro de ellas y apeló para que la Cámara Federal de Casación Penal revise esa decisión.
"Cuando se da este grado de organización (uno de los detenidos tenía un chaleco que decía "PRENSA"), necesitamos una ley que vaya más allá y que impida que con un simple llamado telefónico les abran la puerta de la Comisaría para que salgan y lo vuelvan a hacer la semana que viene; y con un agravante, porque ese breve paso por la Comisaría, lejos de ser un castigo, es una distinción honorífica para su currículum", se quejó.
Para Moldes, "la nueva ley debería hacer diferencia entre las manifestaciones legales aceptables y admitidas, con los delitos que en ella se cometen", dijo, antes de recordar dos casos particulares en los que intervino: uno, la toma del rectorado de la UBA en 2009; el otro, la destrucción de una Comisaría. "Afortunadamente los responsables hoy están enfrentando la acción de la Justicia. En estos casos no puede haber liviandad, esos tipos tiene que ser detenidos e ir presos", enfatizó.
Así, el fiscal recalcó la necesidad de ponerle fin a situaciones de intimidación pública. "Esta situación tiene que tener remedio; algunos en la Justicia queremos ponerle un coto a esto, pero otros por ahí no. A los que queremos, con los elementos legales de hoy no alcanza", concluyó.
Finalmente, Moldes se refirió al operativo de prevención montado en la Plaza Congreso y criticó a la jueza Patricia López Vergara, quien ordenó que la Policía no lleve "armas letales". "Celebro que las autoridades hayan comenzado a mover las fichas para que reciba su sanción, que no es otra que ser eyectada de su cargo. No se puede mandar a los policías a cabecear adoquines", concluyó.