Durante la jornada de este lunes el Congreso volverá a ser protagonista de la discusión del proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno, luego de la fallida sesión que tuvo lugar el pasado jueves, en un marco de violencia en las calles pero también dentro del recinto de sesiones. Desde lo político, uno de los cambios para evitar que se repitan los desmanes fue correr al Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, del operativo: quedó en manos de Martín Ocampo, responsable del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Otro de los cambios tiene que ver con la Justicia. A instancias de un recurso de amparo presentado por el legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, la jueza Patricia López Vergara dispuso una serie de medidas para garantizar la seguridad de los manifestantes.
Una de ellas es que el Gobierno de la Ciudad deberá informar al juzgado cuáles son las fuerzas de seguridad que tendrán intervención en la movilización de hoy. Además, todos los efectivos destinados al operativo deberán estar con uniforme reglamentario y visiblemente identificados.
Los agentes no podrán utilizar armas de fuego, y las balas de goma y gases lacrimógenos solo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes.
También, las autoridades porteñas deberán informarle a la Justicia la nómina de vehículos que serán utilizados y entregar todas las filmaciones y registros que realice del operativo, en tanto que se prohíbe la utilización de vehículos y personal de civil no identificado y se ordena evitar la dispersión innecesaria de los posibles detenidos en diversos lugares de detención.
Entre los argumentos de la resolución, la jueza planteó que "la herida abierta en el imaginario social que dejaron las muertes de Maximiliano Kosteki y Dario Santillan, en junio de 2002, víctimas de una cruenta acción policial, interpela nuevamente nuestra memoria ante el escenario acontecido el jueves pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional entre las fuerzas de seguridad, manifestantes y terceros".
"Una vez más ha quedado expuesto el fuerte sesgo de clase que estas protestas delatan recurrentemente. Ahora, ante la vulnerabilidad de los sectores de los jubilados y de nuestros mayores, así como de aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijos, quienes se hallan casi en dos bordes periféricos de la humanidad de esta sociedad. La fuerza pública y los funcionarios aquí involucrados deben propender a evitar que existan obstáculos y valladares que bloqueen el periplo de la sociedad por dichos canales. Finalmente, los defensores y líderes de agrupaciones gremiales –incluidos los aquí referentes- deben agotar la persuasión y llamar a cauce, ante posibles desmanes que desvirtúen el ejercicio del derecho constitucionalmente consagrado, cuyo resguardo se persigue a través de esta decisión", detalló en el texto.
"Hemos visto una brutal represión el jueves pasado, seguida de detenciones arbitrarias, y no queremos que eso se repita porque atenta contra el derecho que todos tenemos a manifestarnos y expresar nuestra opinión", explicó Recalde a través de un comunicado. Catalano, en tanto, agregó que "muchos manifestantes resultaron heridos y hasta fueron reprimidos varios diputados de la oposición en un claro intento de amedrentar a trabajadores y trabajadoras, jubilados, estudiantes y a todos aquellos que sólo buscan que se escuche su voz en contra de este proyecto de reforma previsional".
En la presentación judicial, ambos dirigentes explicaron que "el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial, es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas". A su vez destaca que el mismo protocolo establece que "la posta de goma y el material químico anti tumulto solo deberá ser utilizada como último recurso".
A pesar de la resolución de López Vergara, que falló por estar de turno durante el fin de semana, la causa sobre el operativo dispuesto en el Congreso fue sorteada y está a cargo del titular del juzgado n°17 Marcelo Segón.
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