Ni patotas ni parches: se necesita una reforma previsional de fondo

La asonada del jueves de los diputados del Frente Para la Victoria, Unión Ciudadana, el massismo y la extrema izquierda más la pueblada violenta organizada por esa oposición minoritaria, la CGT dual y los grupos de choque de uso múltiple, son inaceptables y bordean, como otras veces lo ha hecho el peronismo en minoría, la rebelión contra la voluntad popular. No es posible ensayar ningún enfoque sin dejar claro ese punto, por encima de cualquier reflexión. Ese accionar merece el repudio de toda la sociedad y serias sanciones políticas y legales. El patoterismo en una sesión del Congreso debe ser considerado un ataque frontal y criminal a los derechos humanos, al fulminar la máxima expresión legítima de la voluntad ciudadana.

Sin embargo, aún sin considerar este acto de barbarie, la (pseudo) reforma previsional estaba y está condenada a sufrir serias resistencias y críticas, y no sólo por la conveniencia de cualquier sector de la oposición, sino por la injusticia que implica, que además convalida una estafa histórica.

Si se analiza el pasado, el mismo paradigma que hace décadas obliga al trabajador a aportar más de una cuarta parte de su sueldo durante 35 años promedio, a la hora de jubilarse le explica que se trata de un sistema de reparto que está en quiebra, como si fuera una limosna y no un derecho legítimo. Eso es una estafa en toda la línea. Adicionalmente, los fallos y acordadas de la Corte Suprema han sido sistemáticamente burlados por el Estado, a lo que se agregó la decisión de Domingo Cavallo, aún vigente, de apelar hasta la muerte del causante los fallos perdidos por la Anses.

Esa situación histórica fue agravada irresponsablemente por Cristina Kirchner, que agregó una cantidad aún difusa -estimada en tres millones – de jubilaciones sin ningún aporte previo, otra estafa que condenó a los aportantes legítimos a subsidiar de por vida a esos colgados al sistema. Y no debe dejarse de lado, por lo menos por la magnitud de la injusticia, los casos de altísimos sueldos de funcionarios que se jubilan con unos días de actividad con el último sueldo, que ya entra en el terreno de la miserabilidad personal y que, si bien no llegan a ser relevante frente a los montos en juego, constituyen importes millonarios en dólares. A eso se debe agregar todos los regímenes extraordinarios de privilegio.

Hace nada más que un año, con un enorme despliegue mediático, se presentó el blanqueo como el fondeo impositivo para una Reparación Histórica a este problema. Eso fue un reconocimiento explícito de la injusticia, sobre el que este cambio en el sistema de ajuste parece retroceder. De paso, en términos de montos, no se ha llegado aún a la mitad de los ajustes de los haberes prometidos en esa oportunidad, y sólo se ha pagado una cantidad mínima de juicios ganados en segunda instancia, que siguen siendo olímpicamente incumplidos por Anses, que decide ignorar la seguridad jurídica y los fallos de la justicia y de la Corte. Al contrario, los cientos de miles de jubilados con juicio ganado en segunda instancia no recibieron el ajuste prometido en sus remuneraciones futuras, con lo que están sometidos a un chantaje jurídico. De paso, esa ley creó una pensión universal de vejez, sin aportes previos, todo con cargo a los aportantes, que ahora tiene que cargar con la suma de errores.

El modo de ajuste que se intenta reemplazar, por otra parte, no fue un sistema gracioso del Estado, sino que fue consensuado con la Corte como un compromiso para moderar el veto kirchnerista al 82% móvil y la acordada incumplida del Tribunal Superior. De esto parecen olvidarse muchos.

En ese contexto, el Gobierno quiere cambiar el sistema de ajuste para gastar menos, obviamente, cuando sabe de antemano  que en breve tendrá que legislarse de nuevo para elevar la edad jubilatoria, ya que al haberse duplicado de un plumazo el número de beneficiarios, sin los aportes previos correspondientes, evidentemente el ejercicio no cierra. (Ni cerraba antes)

Tal vez si este cambio se hubiese realizado en el marco de un programa de reducción general del gasto del estado consolidado habría sido posible sostener ética y económicamente la procedencia de la medida. Pero la realidad es que no se están bajando seriamente gastos cuya simple difusión indigna – cada lector puede aquí hacer la lista de barbaridades y excesos evidentes contenidos en los presupuestos – que además se siguen aprobando. Bastan como ejemplo los pagos a piqueteros y a sindicatos que se ha hecho y que se seguirá haciendo para conseguir -ilusamente- que no inunden las calles con sus reclamos. Para rematar con los subsidios de todo tipo que se continúan pagando y que no han merecido ni una sola revisión pese a la gran cantidad de denuncias, y que sí conforman montos de suma importancia. Culminando con el intocable empleo del estado, el mayor rubro presupuestario.

En tales condiciones, esta medida con los jubilados luce como un cachetazo injusto, difícil de defender jurídica y económicamente en un país que pagó sin chistar los costos delirantes de los contratos de dólar futuro heredado, o que gasta fortunas inútiles en bajar la propia inflación que provoca, o que no se ha molestado en analizar ni un sólo contrato de adjudicaciones o licitaciones con privados que no sean los dos malvados kirchneristas elegidos como chivos expiatorios, y aun así, hasta cierto punto.

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La simplificación de juzgar por los grandes números hace que, como el costo de jubilaciones y pensiones es el segundo más alto del Estado, se manotee ese rubro por ser el más fácil de atacar, no sólo por incapacidad técnica para desbrozar los presupuestos sino por conveniencias políticas, reparto de prebendas y lo que se llama gobernabilidad, para no llamarle Banelco. El gasto de personal, dos veces mayor, no se toca por razones esotéricas.

El error de Cambiemos fue creer que, al satisfacer los intereses multipartidarios, no bajar el resto del gasto y aumentar el reparto de fondos fáciles a las turbas, se retribuiría esa consideración apoyándolo en la ley de achique a los jubilados. El panorama se agrava porque el Gobierno no cree en la importancia de la persuasión a la ciudadanía para modificar prácticas, hábitos y leyes, sino que se juega a que el acuerdo político solucionará cualquier situación, con prescindencia de la injusticia o los errores contenidos en las decisiones. Eso ha hecho que se pegara varios porrazos y que tuviera que recular varias veces, como en las tarifas o en los impuestos internos y en este mismo caso, donde la diputada Carrió osciló entre el rechazo a la propuesta, la posterior defensa a ultranza de la misma y finalmente la frontal oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia donde, de paso, se incluía el parche compensatorio de último momento a la (pseudo) reforma.

Esta dificultad de coordinación interna es nada más que una expresión de la dicotomía que describe esta nota, que hace crujir los andamiajes de la coalición y al mismo tiempo la debilita ante la opinión pública y ante sus aliados y adversarios.

Nada de lo dicho aboga por la continuidad de un régimen obsoleto, fracasado e inviable, que debe ser reformado de cuajo, empezando por la obligatoriedad de aportar a una bolsa negra del Estado, donde los ahorros y el futuro de los aportantes están sujetos a todo tipo de manoseo, arbitrariedad e ilegalidad. Pero eso no se logrará con 20 minireformas. El Gobierno debe plantear una propuesta integral de un nuevo sistema y un modo de transición, defenderla, explicarla y realizar los acuerdos con la oposición civilizada que lleven a su aprobación, sin la interferencia de hordas salvajes ni dentro ni fuera del Congreso. De lo contrario pasará mil veces por este tipo de situaciones sin llegar a ningún resultado inteligente. Es preferible pagar todos los costos de una vez, en especial los de negociar con el peronismo, experto en chantajes y agachadas.

Y esto vale para todas las reformas, entre ellas la confección de presupuestos de base cero en todas las jurisdicciones, que por supuesto no se le ocurre a nadie. Esta división en pequeños trozos de cada problema, el cortarle la cola al perro un centímetro por día, sólo conduce al caos, a enojar a la sociedad, al desorden continuo y a desvirtuar cualquier intento serio de cambio. Además de la frustración, el desgaste y el endeudamiento sin contrapartida. Lo primero que se debe cambiar es el concepto mismo de gobernar.