En medio de tanto estruendo judicial –y sus estelas de humo-, Cristina Fernández de Kirchner tiene algo bastante asegurado: el pedido de desafuero asoma sin chances en el Senado. El peronismo anticipó su rechazo y el oficialismo, que se dará tiempo para analizar el texto de Claudio Bonadio, admite que terminaría en vía muerta.
Nada de eso cierra el debate de fondo, que supera a la ex presidenta y refiere a los alcances de la prisión preventiva. ¿Los legisladores encararán una ley que precise los límites de ese recurso para evitar posibles usos discrecionales? No es fácil, aunque desde el Gobierno y el PJ empiezan a surgir señales coincidentes.
La lectura más mezquina dice que la inquietud y en algunos casos el malestar frente a la epidemia de detenciones expresan un reflejo casi corporativo de la política. El criterio de la prisión preventiva que, tal como se repite ahora de memoria, es aplicable ante peligros de fuga o la capacidad de entorpecer las investigaciones, fue ampliado a la relación de los procesados con el poder en general y sus estribaciones en posibles complicidades o influencias posteriores para operar sobre un proceso judicial.
Ex funcionarios y funcionarios, según la mirada más llana, estarían muy a tiro de la discrecionalidad de un juez.
Puede ser, pero la cuestión en debate traspasa los límites de esa interpretación. Lo señalaron, entre otros, dos figuras de diferente tradición y posiciones políticas, pero con méritos individuales muy reconocidos e historia compartida como integrantes del tribunal que juzgó a las Juntas de la última dictadura: Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián lo han expuesto en declaraciones hechas en estos días. No son los únicos: también lo advierten legisladores de distintos colores políticos.
Algunas otras señales de estas horas hacen tambalear la posición cómoda de ver todo en blanco y negro. La decisión de Bonadio no tomó de sorpresa al Gobierno: los pedidos de fuerzas de seguridad para las detenciones ordenadas por el juez terminaron de confirmar los rumores un día antes. Pero voceros y referentes vinculados al oficialismo expresan malestar o incomodidad. Y algunos se muestran críticos de los modos en que se están aplicando las prisiones preventivas. Una manera de exhibir distancia también frente al cálculo sencillo que supone considerar útil –"funcional", es el término repetido- al Gobierno cualquier episodio judicial que afecte a la ex presidente.
"El tema de las prisiones preventivas es serio y la reacción es transversal en la política. El Congreso debería hacerse cargo", dice una fuente del Gobierno. No habla de un proyecto del Ejecutivo, sino de una iniciativa de los propios legisladores para achicar al mínimo el margen de interpretación de un recurso judicial difuso en sus alcances. La misma fuente recomienda la lectura de un reciente documento del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
No es ingenua la sugerencia. Esa organización es presidida por Guillermo Lipera, de posiciones muy duras frente al gobierno de la ex presidente y acusado por el kirchnerismo de ser cuanto menos "funcional" al macrismo.
El Colegio de Abogados porteño se pronunció sobre el tema en medio de los ecos por las detenciones de Amado Boudou y Julio De Vido. Y advirtió que "a fin de evitar abusos de discrecionalidad judicial que afecten el principio de legalidad penal y la división de poderes, los recientes hechos de público conocimiento plantean la necesidad de reanalizar los límites de la restricción de la libertad durante el trámite del proceso".
Fue un poco más allá el texto e hizo expreso el destinatario de su pedido: es necesario –dice- que "el Congreso de la Nación reglamente las causales que, objetivamente, puedan configurar los supuestos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, para lo cual deberá ponderar no solo la ley procesal, sino también la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos".
En el peronismo, antes que en el kirchnerismo duro, ya hubo voces críticas respecto de la aplicación de la prisión preventiva. Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque del PJ –que acaba de ser reconfigurado, con Fernández de Kirchner y sus seguidores afuera- lo expuso cuando los titulares aludían centralmente a De Vido. Y señaló que los legisladores no pueden mirar para otro lado.
La ex presidente, en cambio, prefirió una respuesta "política", colocada en posición de víctima de una operación que tendría a Mauricio Macri como director y a Bonadio como ejecutante. Volvió a hablar de una campaña para intimidar y disciplinar a la oposición. Y por supuesto, descalificó el procesamiento por traición a la patria y el propio andamiaje de la causa por encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la AMIA.
La solidez de la causa, iniciada por la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman pocos días antes de aparecer muerto en su departamento, deberá pasar en primer lugar la prueba de la Cámara Federal. Y también, las detenciones, que incluyeron a Carlos Zannini, Luis D'Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. Un interrogante es si en caso de convalidar los procesamientos también sería avalado el criterio de las preventivas en general y específicamente para cada uno de ellos.
El caso judicial también requiere respuestas de la política: en la práctica, y en primer lugar, con expresión concreta en el Congreso. Un aspecto resulta ineludible y es el pedido de desafuero de la ex presidente. El otro está atado a la voluntad real para definir los alcances de la figura de la detención preventiva.
Desde hace meses, los avances y también las demoras en las causas por corrupción suelen ser evaluados en mesas de periodistas y políticos tomando como referencia lo que viene ocurriendo en Brasil con el Lava Jato. Una de las evidencias prácticas es que allí y en buena medida las detenciones, y el temor a pasar años en la cárcel, actúan como un elemento que promueve la delación premiada.
El mecanismo es tema de debate más allá de nuestra frontera, intolerable en primer lugar por la matriz extorsiva que exhibe. Pero aquí agrega un componente más peligroso por su carácter oculto, una aplicación de hecho que estaría yendo a contramano del sentido de la prisión preventiva. Lo advierten entre otros el referido documento del Colegio de Abogados porteño: "La privación de la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar".
Los senadores tienen en el horizonte otra cuestión inmediata: el pedido de desafuero de la ex presidente. El Senado, en rigor, cuenta con un plazo de 180 días para dar respuesta. Antes, debería resolver si trata el tema aún en un período de sesiones extraordinarias, y rearmar con los nuevos legisladores la Comisión de Asuntos Constitucionales, primera escala de la solicitud del juez.
Pero el dato determinante es que la aprobación de un desafuero requiere dos tercios de los votos. La sola oposición del peronismo alcanza. Y el oficialismo, se ha dicho, va a estudiar el tema, pero no se muestra interesado en forzar una batalla pública, entre otras razones porque debe cuidar los puentes que vienen siendo muy transitados para aprobar el paquete de reformas que motoriza el Gobierno.
Fernández de Kirchner criticó con dureza los proyectos impulsados por Macri y acordados con los gobernadores. Dijo, entre otras cosas, que Bonadio es parte de un plan más amplio para silenciarla en el Senado. Y descalificó de paso a los senadores peronistas que ya votaron algunos de esas iniciativas.
Curiosidades o delicias de la política: Pichetto, pieza clave en los acuerdos y detestado por el kirchnerismo duro, es también determinante en el rechazo al desafuero. Sostiene que sólo es admisible si existe sentencia firme, como ya lo han expresado frente al caso de Carlos Menem. En ese escalón compartido coloca a la ex presidente.