Repentinamente, los argentinos han descubierto que el país carece de una política de defensa. El martirio de los tripulantes del ARA San Juan sumergió a todos en la triste realidad y obligó a dejar de lado la uniformidad hipócrita de la corrección política deliberadamente inducida y alimentada.
Se dirá que es apresurada cualquier opinión sin conocerse las causas del desastre (probablemente nunca se sepan) pero la razón primera ha sido el despropósito de sostener la falacia de unas Fuerzas Armadas inexistentes y enviarlas a misiones sin armamento, equipamiento, mantenimiento, presupuesto y entrenamiento suficientes ni estrategia alguna, sostenidas solamente sobre su moral. Eso se viene gestando desde 1983 a la fecha, con diversos grados de ensañamiento, humillaciones o desguace.
Ese planificado descuido es atribuible a la ignorancia e ideologización de muchos de los que tuvieron la responsabilidad de desarrollar la política de fondo en esa área, que debieron procurar dar por superada la etapa trágica de la guerrilla, la represión y la también trágica de Malvinas, para no dejar al país sin un sistema legitimado de defensa y seguridad. Si no mediara esa incompetencia, sería imposible sostener que "al no haber hipótesis de conflicto y al existir tratados con todos los países vecinos y tratados internacionales, es innecesario desarrollar planes de defensa de mayor alcance". La política de defensa no se basa en las hipótesis de conflicto, sino en los intereses que el país necesita preservar en un escenario geopolítico determinado. Las hipótesis de conflicto las usa cada fuerza para preparar sus planes de contingencia y determinar sus necesidades de equipamiento, entrenamiento, especialización y emplazamiento, pero no condicionan la política de defensa. La sola declaración de semejante idea es una rendición incondicional anticipada. Así piensan los especialistas en el tema, que no han sido consultados con frecuencia en estos 34 años.
Con inocencia pueril la ley determina que las Fuerzas Armadas sólo pueden actuar en caso de un ataque externo, pero únicamente si proviene de otro Estado. Condicionamiento paralizante. Porque los ataques externos ya no son perpetrados por una fuerza con uniformes, bandera y banda, sino por mercenarios con siglas diversas, tras de una maraña internacional financiera, de entrenamiento, armamentos y soporte jurídico de los supraorganismos, penetrados por el gramscismo, entre otros. ISIS, las FARC, los diversos movimientos separatistas, unidos por los mismos lazos, los sistemas de espionaje, de sabotaje y hackeo, las decenas de organizaciones (o sus filiales) que supuran en el mundo árabe y atacan a Europa subterráneamente, y los cuentapropistas de la violencia ciega, son potenciales amenazas externas terribles, aunque no provengan de un país. La nueva guerra.
Por ello es esencial incluir en el análisis sobre defensa a las fuerzas de seguridad, porque hoy las situaciones se imbrican, se entrelazan, se superponen. Esto no significa confundir funciones, ni pasar por alto criterios jurídicos, orgánicos o estructurales. El ancho campo de la defensa nacional va desde el narcotráfico y el lavado de dinero en las fronteras terrestres y el espacio aéreo, a la piratería ictícola. Adicionalmente, la lucha contra el poder narco, que no es lo mismo que el narcotráfico. Y la gravedad de haber firmado contratos secretos con empresas privadas y con una potencia como China en áreas de enorme valor geopolítico y estratégico, libradas al control de dudosos gobiernos provinciales.
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En ese ya complejo escenario, aparece la neoguerrilla del RAM y otros rótulos. Con graves antecedentes en Chile, donde son buscados por serios delitos, que nuestra justicia hoy apaña. Con soporte de entrenamiento, económico y jurídico internacional. De paso, defendiendo un reclamo mapuche improcedente, un proyecto de soberanía, separatismo y enclave. Cualquier semejanza con la guerrilla separatista que empezó a fines de los 60 y que culminó con miles de víctimas inocentes del terrorismo y con el golpe y represión de 1976 y sus casi 7000 desaparecidos-muertos no es coincidencia. Una neoguerrilla que recién está comenzando y cuyos alcances no deberían subestimarse.
Las fuerzas de seguridad también tuvieron su amplia y planificada cuota de desprestigio, maltrato y deslegitimización durante igual período. (Además de culpas propias por corrupción y mafias internas que aún perduran) Pero tienen un papel preponderante que cumplir. La ministra Patricia Bullrich comprendió con claridad que en el caso Maldonado se buscaba justamente inutilizar uno de los recursos más poderosos del estado en esta enmarañada lucha. Por eso su apoyo incondicional a la Gendarmería.
El relato de las voces garantistas es notable: cualquiera fuera el camino que sigan las fuerzas de seguridad para restablecer el orden es rotulado como represión o como ataque a los derechos humanos. En esa línea de ideas, la desgraciada muerte de un militante mapuche viene como anillo al dedo a quienes se desilusionaron porque la infortunada muerte de Santiago Maldonado no fue una desaparición forzada.
Y aquí aparece otro enemigo del país, la continua provocación e instalación del caos, otra verdadera subversión que desafía y deja en ridículo un componente central del estado moderno: el monopolio de la fuerza para garantizar el orden interno. Piquetes, tomas, usurpaciones, ataques a civiles, tomas de parques nacionales, encapuchados, ataques y daños a edificios públicos o personal policial.
¿Se trata de un plan sistemático de debilitamiento institucional? Lo parece. Los cuasi mapuches tomando tierras e impidiendo la entrada de las fuerzas de seguridad y de los jueces es un escupitajo en la cara del Estado.
Por supuesto que nada de lo dicho justifica abusos ni excesos de ningún tipo ni grado, ni tampoco apartarse un ápice de la letra de la ley. Pero aquí entra otro elemento en juego, también estratégico para la defensa y el orden público: los jueces. Como si fuera parte de una conjura, varios jueces consideran natural que alguien tome un parque nacional y deba pedírsele permiso para entrar al terreno usurpado, o deba negociarse condiciones con él. La ridiculización del poder del Estado. Algo similar a los 70, otra vez, cuando los jueces miedosos no querían aplicar la ley por miedo a las represalias terroristas. Revisión pendiente nada menor si se trata de tener una política de defensa-seguridad moderna y eficiente. Pero imprescindible si no se quiere caer en lo payasesco, como hasta ahora.
También la Constitución Nacional es hoy un trabalenguas que hace tropezar muchos de los intentos de ejercer seriamente la defensa y la seguridad con la ley en la mano y respetando esa ley. La reforma de 1994 creó una Carta Magna bipolar que regala derechos y garantías como si fueran chocolatines y borra en un artículo lo que dice el anterior. Acaso sea imposible pensar en estos temas con esta Constitución torpedeada y con peligro de hundimiento. Ese enorme bache, creado parte por incompetencia y parte por una ideología que no es mayoritaria, debe empezar a revisarse para enmarcar en ella la nueva política de defensa y seguridad.
Lo rescatable es que el tema se ha puesto sobre la mesa de discusión, aunque por razones todas lamentables. Tal vez estos muertos que hoy lloramos estén prestando con su grito desgarrador de alerta un último servicio a la patria.