Corruptos del futuro: los planes del nuevo Código Penal para los delitos en el Estado

Una creencia política y jurídica se percibe hoy en todo el gobierno y en particular al Ministerio de Justicia ante tantos casos de corrupción: aseguran que, si estuviese vigente el Código Penal que elabora la Casa Rosada con un grupo de expertos bajo estricta reserva, se habría avanzado en el proceso de detenciones y bienes decomisados por el Estado de algunas personalidades de la política. Muchos podrían haber seguido los pasos de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, Ricardo Jaime, Julio De Vido y Lázaro Báez, entre otros.

Impiadoso, moderno, estricto y coherente califican al borrador del nuevo Código Penal en los capítulos dedicados a perseguir y desterrar de una vez los casos de corrupción. Hay figuras novedosas para la jurisprudencia argentina como el "decomiso definitivo", el ajuste de penas según el salario mínimo, el agravamiento de penas para funcionarios y ex funcionarios públicos, la ampliación en el tiempo de una investigación en el caso de delitos de enriquecimiento ilícito y modernos sistemas aplicables para evitar la discrecionalidad judicial.

"Es muy probable que en el caso de que entre en vigencia el nuevo Código Penal que estamos elaborando y analizando hacia el futuro inmediato, los funcionarios corruptos tengan poco margen de escapar de la justicia y las penas", dijo a Infobae Mariano Borinsky, el presidente de la Comisión Especial que redacta desde hace diez meses el anteproyecto de Código Penal que reemplazará por completo al que se creó en 1921.

Esa comisión está integrada por funcionarios del gobierno, reconocidos juristas y jueces federales, que se reúnen semanalmente en el Ministerio de Justicia para elaborar lo que Mauricio Macri sueña con dejar como máximo legado jurídico de su mandato: el nuevo Código Penal de la Argentina. La intención del gobierno es presentar antes de marzo en el Congreso el nuevo Código Civil para que sea aprobado y habilitado de inmediato.

Ante tantas causas de corrupción de la era kirchnerista y denuncias de corrupción en el Estado, el borrador del nuevo Código Penal cobrará dimensión a futuro sobre los siguientes puntos:

Decomiso. La iniciativa hasta ahora consensuada por la comisión de juristas contempla que haya un decomiso de bienes de un funcionario o ex funcionario público, al margen de la existencia de un fallo firme de la justicia al respecto. En casos donde el imputado admita el origen ilícito de los bienes, que exista una eventual prescripción de la causa o un peligro de fuga del involucrado, el Código Penal preverá el decomiso automático de los bienes.

Estos artículos previstos serían innovadores en la Argentina, donde hoy se ven muchos casos de ex funcionarios tras las rejas por casos de corrupción pero que sus bienes jamás se tocan.

Colaborador eficaz. Se prevé el agregado del "colaborador eficaz" en casos de corrupción extensiva a los funcionarios que puedan ser sometidos a juicios políticos. Se trata de una figura similar a la del arrepentido pero adaptada a una escala jerárquica del funcionario.

Siempre será aplicable esa figura en el caso de que el involucrado entregue a la Justicia información verosímil para avanzar con una investigación y haya un reconocimiento de la procedencia ilícita de los bienes que se investigan.

Agravamiento de penas. En la nueva redacción del Código se establece también un agravamiento de penas para funcionarios públicos. Se especifican los casos del "Presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros, legisladores y gobernadores" involucrados en delitos de cohecho y tráfico de influencias: en la mayor parte de esos ejemplos de corrupción se contemplan penas no excarcelables (mayores a los tres años de prisión). A la vez, en los casos de enriquecimiento ilícito, la intención de los juristas es que se pueda seguir investigando a una persona hasta seis años después de haber ocupado un cargo público. "El capítulo dedicado al agravamiento de penas busca tener una aplicación efectiva de los fallos y que no se vulneren las penas", dijo Borinsky.

Discrecionalidad judicial. Con la clara intención de achicar los márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones de los jueces, el nuevo Código Penal apuntará a establecer reglas claras para la reincidencia, libertad condicional, arrepentido, decomiso, pautas para la determinación de la penas y responsabilidad penal empresarial.

Multas actualizadas. Actualmente, en muchos casos las multas que rigen para aquellos funcionarios que cometieron un acto de corrupción están fijadas por el actual Código Penal en moneda Austral de la época del gobierno de Raúl Alfonsín. La intención de los juristas y funcionarios que evalúan el nuevo anteporoyecto buscará emular el sistema de Alemania para instrumentar multas actualizadas. Así, se contemplará la aplicación de multas relacionadas al pago de días laborales en donde habrá penas que van de los 50 a los 500 días de multas. De esta manera, cada día de multa será equiparable a un salario mínimo vital y móvil que se irá actualizando con el índice de inflación anual.

Por otra parte, el Código Penal pensado a futuro mantendrá la figura de asociación ilícita en los casos de corrupción en el Estado. También hay un capítulo dedicado al cohecho, que imparte penas severas para los empresarios que hayan participado con funcionarios en hechos delictivos.

"Estamos trabajando para fijarnos objetivos claros y bien firmes en la aplicación del Código Penal para innovar en figuras del decomiso, la aplicación de prisión no excarcelable y responsabilidad empresaria para darle más seguridad jurídica a la sociedad y reducir la discrecionalidad de los jueces", comentó Borinsky.

Allegados al ministro de Justicia, Germán Garavano, dijeron a Infobae que "el gobierno buscará imponer un Código penal para los próximos 50 años y donde los corruptos del futuro tengan pocas posibilidades de eludir la cárcel o retener los bienes robados al Estado".

Con este diagnóstico, quienes trabajan en un Código Penal creen que en los futuros casos de corrupción, a personas como Boudou, De Vido, Jaime u otros no les resultará tan fácil escapar de la ley.

Ya se lleva elaborado más de un 70% del anteproyecto de ley del nuevo Código Penal. Contiene artículos tan innovadores como polémicos y de profunda trascendencia para el futuro en lo que a la jurisprudencia del país se refiere. No sólo alcanza la temática de la corrupción sino ejes penales tan variados como delitos relacionados con el narcotráfico, el lavado de divisas, el medio ambiente, la trata de personas y el contrabando.

"Se tratará de un cambio sustancial e histórico para la Justicia Penal argentina ya que, desde que fue creado en 1921 el Código Penal, recibió más de cien reformas pero no hubo modificaciones de fondo como las que vamos a proponer", expresó en su momento a Infobae el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, otro de los funcionarios designados para llevar adelante esa vertiginosa tarea. Bajo la supervisión del ministro de Justicia y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la comisión encargada de redactar el nuevo Código Penal ya desplegó un amplio listado de temas por legislar a futuro y escuchó las voces de especialistas en medio ambiente, temas genéticos, violencia en el deporte, delitos de lesa humanidad, cibernética, delitos de tránsito y ciencia, entre otros rubros.

Borinsky expresó que "se busca una visión integrada e integral del Código Penal, que al darle actualidad y coherencia sea un espejo de los intereses vitales de toda la sociedad".

La Comisión de reforma del Código Penal está integrada, además de González Guerra y Borinsky, por el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, entre otros. El presidente Macri sueña con poder dejar el legado de un Código Penal novedoso y vanguardista para la Argentina. También se piensa en un país donde los corruptos tengan menor margen de acción.