La diputada Elisa Carrió reabrió un debate latente y nunca cerrado: los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1983. Para la gran triunfadora de las pasadas elecciones porteñas del 22 de octubre, y siempre referido a las personas condenadas o imputadas por esos aberrantes delitos, "a una determinada edad, 70 años, la prisión puede ser domiciliaria, y esto rige para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos".
Como se verá, y a pesar de ese reclamo, la mayoría de los ex genocidas ya gozan de ese beneficio según los datos a los que accedió Infobae.
La socia política de Cambiemos también denunció –sin dar nombres o ejemplos– que hay ex militares condenados "sin pruebas".
Como contrapartida, los fiscales que impulsan esos casos que tramitan en los juzgados federales de todo el país, señalan que en la Justicia existe "un embudo" muy importante en estas causas que lentifican la acción de los tribunales.
Víctor Basterra, uno de los principales testigos de la megacausa ESMA, fue un poco más allá y aseguró que con la llegada de Mauricio Macri al poder comenzó un cambio de clima político e ideológico que llevó, entre otros, al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, "a hacerles saber a los jueces que la política del Gobierno es que los genocidas que cumplieron 70 años deben dejar los penales y ser trasladados a sus casas".
A decir verdad, esta situación comenzó a darse ya en los albores de la caída del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando varios jueces federales tomaron medidas menos restrictivas para con los ex represores.
Como se comprobará con los datos duros, en este momento la mayoría de los presuntos genocidas y colaboracionistas civiles con la pasada dictadura militar gozan del beneficio de prisión domiciliaria, o fueron trasladados a unidades militares, o volvieron a ser atendidos o internados en el Hospital Militar Central, un hecho que había sido prohibido por el ex ministro de Defensa de Cristina Fernández, Agustín Rossi, después de varias y escandalosas fugas.
"El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz (de los expedientes)", se quejó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, una fiscalía especial que depende de la Procuración General de la Nación, que hasta el 31 de diciembre continuará bajo la órbita de la renunciante y cuestionada Alejandra Gils Carbó.
Como muy bien explicó la diputada y abogada Dra. Carrió durante un encuentro partidario desarrollado el 13 de octubre, nueve días antes de las elecciones legislativas, desde el Poder Judicial, entiéndase la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se emitió ninguna acordada que establezca un criterio a seguir.
Es decir, la decisión sigue pasando por la arbitrariedad y el entendimiento de cada uno de los magistrados.
Las estadísticas volcadas en el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuyo corte es del 10 de octubre de 2017, son contundentes. Desde fines de 2014, con Fernández de Kirchner aún en pleno ejercicio del poder, los jueces, contra la voluntad de los fiscales, comenzaron a enviar a los condenados por delitos aberrantes, como la apropiación de bebés y la desaparición forzada de personas, a sus casas mediante el uso de tobilleras o en algunos casos ni eso.
Si –como sostuvo la diputada de la Coalición Cívica– hay ex militares condenados sin pruebas, deberá demostrarse ante la misma Justicia, y de ser así, los jueces deberán ser evaluados ante el Consejo de la Magistratura.
El resto se puede analizar e interpretar desde los datos duros que Infobae obtuvo a parir del último informe firmado por el fiscal especial Jorge Auat.
Más de la mitad libres
De ese relevamiento, y que tiene como fecha de corte el pasado 10 de octubre, surge, sin lugar a duda, que más de la mitad de los ex militares condenados o procesados sin condena firme o a la espera de un juicio justo gozan de prisión domiciliaria por razones de enfermedad o porque son mayores de 70 años.
Solo una minoría de 18 genocidas, la mayoría de ellos "torturadores directos", siguen detenidos en penales o unidades militares teniendo más de 70 años.
En esos casos, los magistrados argumentaron el peligro de fuga que existe, como ya sucedió en otros resonantes casos y ante "los aberrantes hechos por los cuales fueron condenados". También invocaron antecedentes internacionales como las condenas a los genocidas nazis juzgados en los tribunales de Núremberg.
Los restantes que siguen presos tienen menos de 70 años, como es el caso del último jefe del Ejército durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el teniente general César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
El ex teniente general se encuentra procesado por la desaparición, tortura y asesinato del soldado Alberto Ledo. Está encarcelado desde el 17 de febrero de 2017 por la desaparición forzada y tortura de Pedro y Ramón Olivera y Verónica Matta.
Milani asimismo está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y como parte de una asociación ilícita con el represor Luciano Benjamín Menéndez.
Milani nació el 30 de noviembre de 1954, es decir que tiene 62 años.
Según el trabajo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a lo largo y ancho del país hay 818 militares y civiles colaboracionistas condenados.
Durante el desarrollo de esos extensos y dolorosos debates, 99 fueron absueltos por la Justicia por falta de pruebas. Es decir que los jueces han fallado a favor de estos cuando entendieron que no existían elementos para ser sentenciados. Aunque siempre pueden existir excepciones, como sucede también entre los presos comunes.
Fallecidos durante el proceso
Desde el año 2006, fecha en que se realizaron los dos primeros juicios orales tras la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hasta el 10 de octubre pasado, en los tribunales orales federales de la República Argentina se dictaron 193 sentencias.
Como derivación de estas, en las unidades penitenciarias federales hay alojados 1.064 detenidos por crímenes de lesa humanidad. De ellos, 533 están en prisión domiciliaria y 449 entre rejas.
Las cifras, elaboradas en base a los datos remitidos por los fiscales federales que intervienen en este tipo de procesos, también revelan que hay en la actualidad 754 personas procesadas y a otras 154 se les dictó la falta de mérito.
Esos mismos tribunales, sobre los que Carrió sembró dudas, sobreseyeron a otros 58 ex militares sometidos a proceso.
Durante estas largas tramitaciones judiciales, que en muchos casos superó a la media de la Justicia penal, y en los cuales los presuntos violadores a los derechos humanos estuvieron detenidos, 492 fallecieron.
El informe no aclara un punto que se podría catalogar de aberrante –porque también lo es para cualquier persona sometida a proceso– de cuántos murieron enfermos mientras esperaban su condena o absolución.
Desde 2006 hasta la fecha, existe una larga lista de 531 imputados –la mayoría militares y policías, aunque también algunos civiles– que aún no fueron llamados a indagatoria.
Genocidas prófugos
El número de ex genocidas prófugos, la mayoría con condenas firmes, trepa a 38. Una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) reveló que esta situación se puede dar porque "hay una especie de ODESSA, formada por unas 20 empresas y abogados vinculados a los genocidas, que les brindan una estructura económica para mantenerlos fuera del alcance de la ley".
El ex funcionario se refería a una supuesta red de colaboración secreta desarrollada por grupos nazis para ayudar a escapar a miembros de la siniestra SS desde Alemania a otros países donde estuviesen ocultos, particularmente a Latinoamérica, para no ser llevados a los tribunales internacionales para ser juzgados y condenados.
Desde abril del año pasado, o sea a cuatro meses de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación, su ministro de Defensa, Julio Martínez, ordenó que los ex uniformados detenidos por causas de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en el Hospital Militar Central.
La prohibición la había impartido el entonces ministro de Defensa del gobierno anterior, Agustín Rossi, luego de que los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, se fugaran de ese nosocomio el 25 de julio de 2013.
El 31 de enero pasado, casi cuatro años después de la gran fuga, Olivera fue recapturado cuando iba a visitar a su mujer, en el partido bonaerense de San Isidro, oculto en el baúl de un auto.
Meses antes, y también durante la gestión de Cambiemos, fue recapturado, en el barrio porteño de Almagro, De Marchi, el otro represor y socio en la fuga del Hospital Militar Central.
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A pesar de los reclamos de Carrió para que los genocidas sean trasladados a sus casas, la mayoría de ellos ya lo están, inclusive por razones de salud algunos menores de 70 años, como lo marcan las leyes.
Solo algunos ejemplos. De los 37 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la llamada megacausa Arsenales II de Tucumán, ya no queda ninguno en una cárcel común. El último en ser beneficiado fue Ariel Orlando Valdiviezo.
El represor Valdiviezo tiene 71 años y fue condenado en dos causas en 2013 a 14 años de prisión por asociación ilícita, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de diez personas.
Al año siguiente, en 2014, fue condenado a prisión perpetua por ser el autor material del asesinato de Osvaldo de Benedetti, secuestrado en 1978. Ese tribunal, "por razones de edad ya que goza de buena salud", en agosto de 2016, lo benefició con prisión domiciliaria.
El detallado informe demuestra que "todas aquellas categorías sumadas dan 2.971, que es la cantidad de personas que han sido sindicadas como responsables de crímenes de lesa humanidad en los últimos once años".
Más de la mitad en sus casas
Pero volvamos por un momento al punto de debate que propuso la diputada Elisa Carrió que dicho sea de paso, es la autora de la Ley de nulidad de la Obediencia Debida y Punto Final, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Las personas detenidas en todo el país por gravísimas violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo el robo de bebés y la aplicación de tormentos, son 1.064, de las cuales más de la mitad, 533, permanecen en arresto domiciliario y 449 transitan su encierro en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
Unas 63 están alojadas en otros recintos, como la Unidad 34 de Campo de Mayo, que funciona dentro de una instalación militar. Es decir que la mayoría de los militares imputados por estos crímenes aberrantes no están en prisión.