La investigación judicial por el tráfico de efedrina entre 2004 y 2008 otra vez quedó al aborde de un escándalo. En dos resoluciones, la Cámara Federal anuló este martes el requerimiento fiscal de elevación a juicio respecto a los tres ex funcionarios de la Sedronar procesados (Ramón Granero, Gabriel Abboud, Julio de Oure) y puso en duda el futuro de la causa judicial, a casi diez años de su comienzo. Al mismo tiempo, en otro jugada llamativa, la jueza María Servini decidió apartarse del expediente por el que alguna vez amenazó con allanar la Casa Rosada. Eran otros tiempos políticos. En este contexto, el juicio podría tener solo tres protagonistas: Esteban Ibar Pérez Corradi y dos de los hermanos Zacarias, ligados al matrimonio Kirchner.
La Sala I de la Cámara Federal decidió anular el requerimiento de elevación a juicio para los ex funcionarios. El tribunal determinó que el fiscal Juan Pedro Zoni "omitió detallar la participación específica de los funcionarios públicos en cada uno de los hechos ilícitos comprobados". Y especificó que el requerimiento debe establecer "una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos con respecto a cada imputado".
La decisión sorprendió a los investigadores porque se trata del mismo tribunal que ya había confirmado todos los procesamientos. Del otro lado, hubo festejos.
¿Cómo sigue la batalla jurídica? El nuevo juez de la causa, Sergio Torres, podría elevar a juicio a Pérez Corradi, detenido hace casi dos años, y a los Zacarías, mientras se define la suerte de los ex funcionarios. La Cámara se expidió en ese sentido y le pidió celeridad.
"Estimamos conducente que, una vez devueltas las actuaciones, se extremen los recaudos a fin de continuar sin demora con las siguientes etapas del proceso respecto de los hechos e imputados que estén en condiciones de hacerlo, toda vez que hay personas detenidas preventivamente en el marco de esta pesquisa", dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
No es todo. Torres tuvo que hacerse cargo del expediente judicial porque la jueza María Servini se apartó ante una serie de planteos realizados por la defensa de Gabriel Abboud en los tribunales de Comodoro Py y en el Consejo de la Magistratura. Según la magistrada, fue "víctima de hostigamiento como pocas veces ha visto a lo largo de toda su carrera judicial". En su resolución, habló de planteos de nulidad, de recusación y hasta de una denuncia penal. Otra situación confusa en una causa acostumbrada a estos vaivenes.
Torres había rechazado la competencia, pero ayer mismo la Cámara lo confirmó al frente del expediente. "Los argumentos vertidos por la Dra. Servini lucen atendibles y exponen motivos suficientes y valederos que aconsejan su apartamiento en procura de aventar cualquier sospecha de parcialidad", argumentaron los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
El expediente tuvo un pico de exposición en 2014, cuando Servini amenazó públicamente con allanar la Rosada ante la falta de colaboración del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, la jueza buscaba información sobre llamadas telefónicas. Finalmente el entonces secretario general de la presidencia Oscar Parrilli recibió a los funcionarios judiciales y les entregó los datos.
Con todo, los tres ex funcionarios de la Sedronar siguen procesados por un delito muy grave: haber introducido al país materias primas para la fabricación de drogas sintéticas.
Luego se sumaron Máximo Rito (ex empleado de Ceremonial del PAMI) y Miguel Angel Zacarias, secretario privado de Granero y el supuesto"nexo" entre los importadores y la Sedronar, el organismo que debía controlar el ingreso de precursores químicos.
El último procesado fue Pérez Corradi, que admitió su participación en el negocio.