Con Julio De Vido preso, se cierra un capítulo de la era K, pero el "dream team" de la corrupción todavía tiene varios miembros afuera, que seguirán batallando en los tribunales de Comodoro Py para no seguir sus pasos. En el caso de Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de Once, sólo aguarda una definición de la Cámara de Casación. Podría ser el próximo detrás de las rejas.
Cristina Kirchner deberá batallar hasta diciembre ante la embestida política para quitarle los fueros. Una vez que acceda a su banca como senadora, deberá concentrarse en los tribunales. La ex presidenta tiene pendiente un juicio por la causa del dólar futuro. Estará a cargo del Tribunal Federal Oral 1, en fecha a determinar.
Junto a la ex presidenta, serán juzgados Axel Kicillof, Alejandro Vanolli, y doce ex funcionarios procesados por "defraudación contra la administración pública".
Esta semana, la ex presidenta tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa por el encubrimiento de los supuestos autores del atentado contra la AMIA. Todo indica que se encamina al procesamiento, pero su libertad no corre riesgo.
Cristina también podría ser enviada, en breve, a juicio oral en la causa por el direccionamiento de contratos de obra pública por unos 3 mil millones de dólares a favor de las empresas de Lázaro Báez. La Unidad de Información Financiera (UIF) ya le pidió al juez Julián Ercolini que cierre la instrucción. Compartiría ese "privilegio" con De Vido, su ex ministro todopoderoso.
Pero el procesamiento más grave en términos jurídicos para la ex presidenta es el de la causa Los Sauces. Solo resta una definición de la Cámara Federal para avanzar en el camino al juicio oral.
El ex vicepresidente Amado Boudou ya afronta su segundo juicio. Le esperan nueve meses de debate por el escándalo de la ex Ciccone ante el Tribunal Oral Federal 4. Aunque su situación judicial se agrava con nuevos procesamientos, el ex funcionario mira el futuro cercano con cierto optimismo. Cree que arrancó bien el juicio, cuando salió a contestarle a Nicolás Ciccone.
La primera batalla, por la falsificación de los papeles de un auto, terminó con sobreseimiento, pero todavía no pudo cantar victoria. Esta semana, el fiscal ante la Cámara de Casación Ricardo Wechsler pidió que se revoque esa sentencia y ahora el máximo tribunal penal podría ordenar un nuevo juicio oral o dictar una condena a Boudou y al resto de los acusados.
Otro que deberá sentarse en el banquillo de los acusados en el corto plazo es Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete está procesado junto a Jorge Capitanich por las irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa Fútbol para Todos. La Sala I de la Cámara Federal ya confirmó la decisión de la jueza Servini y el próximo paso es el cierre de la instrucción.
Fernández además será juzgado por el Plan Qunita, donde la Justicia detectó un pliego a medida para direccionar la licitación y que resulten ganadoras seis empresas. También será juzgado el ex ministro de Salud de Cristina, Daniel Gollán, que sigue militando cerca de la ex presidenta.
El ex titular de la Sedronar José Granero también espera su juicio hace tiempo. Está acusado de un delito gravísimo: el tráfico de efedrina. En abril de este año, el fiscal Juan Pedro Zoni le pidió a la jueza Servini que cierre la instrucción. Ese dictamen incluyó al financista Ibar Pérez Corradi, a otros ex funcionarios de la Sedronar, y a dos de los hermanos Zacarías, Máximo Rito Zacarías y Miguel Angel.
Quien también se encamina a los tribunales orales es Héctor Capaccioli, el "recaudador" de la campaña K en 2007. Hace más de un año, la Sala II confirmó su procesamiento por lavado de dinero junto a Sebastián Gramajo y Hernán Diez. Llamativamente, el expediente sigue demorado.
El que tiene más chances de ir preso en el corto plazo es el ex ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado en 2015 por la tragedia de Once. Hace meses, la Sala III demora el fallo, pese a que ya comenzó el segundo juicio oral vinculado con ese hecho.
La definición no será antes de fin de año porque el tribunal acaba de fijar audiencias para el 7, 14 y 21 de diciembre, donde podrá escuchar a todas las partes. Salvo Ricardo Jaime, que sigue preso por otros casos de corrupción, el resto de los acusados por la tragedia siguen libres.
La libertad de Luis D'Elía también está en vilo. En el juicio que se le sigue por la toma de la comisaría 24 de La Boca, en junio de 2004, y por la contramarcha al Obelisco en respuesta a la resolución 125, la fiscal Gabriela Baigún pidió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión y lo acusó de siete delitos: atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, privación ilegal de la libertad, usurpación e intimidación pública.
D'Elía respondió con un tour mediático para criticar a Cristina Kirchner. Justo ahora. El ex secretario de Tierra y Vivienda además está imputado por el encubrimiento de los iraníes acusados del atentado en la AMIA. Ese expediente también podría llevarlo a la cárcel.
"A mí a los 60 años me gustaría estar con mis nietitas, con mis hijos, mi familia. Soy un hombre operado del corazón, diabético, en una cárcel probablemente me muera. Entonces Cristina, yo no tengo nada que perder pero tendría que cambiar, tendría que cambiar algunas cosas, tenés que darle organicidad, tenés que crear la fuerza política", dijo el dirigente esta semana en una entrevista con Infobae.
No puede quedar afuera de la lista de ex funcionarios kirchneristas con causas penales pendientes el ex titular de la Aduana y ahora asesor del Senado, Ricardo Echegaray. Hasta ahora logró sortear sus problemas judiciales como pocos (el caso Ciccone es el mejor ejemplo), pero en las últimas semanas su nombre comenzó a sonar con intensidad.
Primero fue Juan Ignacio Suris. "Esto es una pirámide. Estaba Scioli, más abajo Báez, después Echegaray en el medio. Me encuentro con empresas mías, que hay facturación de cifras enormes, falsificadas, que no las hice yo", dijo recién salido de prisión. Y luego se sumó Leonardo Fariña. El ex valijero acusó esta semana al ex titular de la AFIP de haber "encubierto" supuestas operaciones ilegales del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez.