La justicia bonaerense implementará un protocolo para evitar que las amenazas de bomba interrumpan el acto electoral

La seguidilla de amenazas de bomba que afecta a las escuelas bonaerenses (más de 3000 en el último mes) puso en alerta a las autoridades en la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que dispondrá el domingo un protocolo especial para evitar que eventuales amenazas de bomba en escuelas interrumpan el acto electoral. La responsabilidad estará a cargo del juez electoral de ese distrito, Juan Manuel Culotta, de la Junta Electoral y del Comando Electoral, integrado por las fuerzas de seguridad dispuestas para custodiar la jornada. 

La decisión fue anunciada hoy por el ministro de Justicia del distrito, Gustavo Ferrari, quien -en diálogo con Radio Mitre- dijo esta que se va a "generar una acción articulada con el Comando Electoral, que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucran en la elección".

"Vamos a tener un protocolo, en primer lugar para tratar de que no se interrumpa el acto electoral. Y en el caso de que eso suceda, vamos a generar las condiciones para que todas las personas de esa escuela voten igual", afirmó esta mañana.

El funcionario bonaerense justificó la decisión de adoptar un protocolo: "Si no, sería tener una postura pasiva y darles el gusto a los que quieren complicar no sólo el acto electoral, sino también el clima de estos días".

Ferrari sostuvo que le llama "mucho la atención que (las amenazas) se concentren en la provincia de Buenos Aires, y que no haya habido voces de condena, más allá del oficialismo".

"Uno no ha escuchado manifestaciones públicas (de la oposición), ante un hecho de tamaña gravedad, con casi 3000 llamados desde el primero de septiembre, llamando a la cordura", lamentó.

Finalmente, el ministro advirtió que la Provincia va a "continuar con el proceso penal" contra quienes realizaron llamados con amenazas de bomba "y también generar la acción civil de recupero de los daños, porque son todos los contribuyentes de la provincia los que pagan el gasto" de los operativos que se implementan tras cada amenaza.