José M, Antonio P y Rosa G son tres de los casi dos mil jubilados, y afiliados al PAMI, que fallecieron hace más de dos años, pero sus nombres nunca fueron dados de baja del padrón porque eran utilizados por funcionarios, médicos y farmacéuticos para estafar a la obra social más grande del país en 30 millones de pesos a través de diversas maniobras. Por ejemplo, en vida, ninguno de ellos era diabético, sin embargo, se les "armó" una historia clínica apócrifa para hacerlos pasar como parte de los 1.133 afiliados "activos", a los cuales se les proveyeron 23.330 unidades de tiras reactivas a través de 583 farmacias de todo el país para detectar exceso de azúcar en sangre. A otros 863 jubilados, también muertos, se les armó un historial médico que los hacía figurar como insulino dependientes para, a través de otras 364 farmacias, hacer constar la entrega mentirosa de insulina.
Estas y otras maniobras en perjuicio de la obra social, como el millonario suministro de medicamentos a beneficiarios falsos, fueron detectadas por la UFI-PAMI a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo y ya son investigadas en los tribunales de Comodoro Py.
Mientras ocurre este asalto a las finanzas del PAMI, los jubilados padecen la demora de hasta seis meses en la entrega de una silla de ruedas, o de ocho meses en el suministro de un audífono, solo por dar algunos de los ejemplos que se acumulan en la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino.
Por su parte, prestadores de sectores como psiquiatría, rehabilitación o geriatría, denuncian demoras en los pagos que pueden llegar hasta casi un año y amenazan con cortes de servicios.
Defraudación millonaria
Estos tipos de maniobras, utilizando el número de afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), no es nuevo, viene de arrastre de administraciones anteriores y, según el fiscal especial, continúa con la actual administración.
Según el dictamen al que accedió Infobae, el perjuicio económico contra las arcas del PAMI, solo en lo que va del año, ascendería a 30.000.000 de pesos.
El nuevo informe de la UFI-PAMI sobre causas por defraudación al INSSJP que tramitan en todo el país actualiza y amplía el relevamiento publicado en mayo pasado en el cual ya se hablaba de una defraudación de 20.000.000 de pesos.
La pesquisa estuvo centrada en la investigación de "millonarias maniobras vinculadas a la provisión de insulina y tiras reactivas a beneficiarios falsos -personas fallecidas o que no padecen la enfermedad- y la inserción de troqueles apócrifos en las recetas para su posterior cobro".
El relevamiento "permitió establecer no solo la presunta responsabilidad de un conjunto de personas -entre las que se encuentran funcionarios del INSSJP, directores técnicos, empleados de farmacia y particulares – sino también la vinculación entre distintas jurisdicciones, detectándose así la utilización de los datos de un mismo profesional y/o afiliado y/o terceros intervinientes, al igual que envíos de medicamentos y/o recetas entre jurisdicciones involucradas", sostiene el trabajo del fiscal especial.
A través de un verdadero trabajo de hormiga, Arzubi Calvo "identificó tres modalidades delictuales, que se replican en distintos puntos del país".
La primera de ellas consiste en la facturación por diversas farmacias de recetas médicas pertenecientes al PAMI, en las cuales se simuló la provisión de tiras reactivas e insulinas para afiliados del Instituto en fechas posteriores a su fallecimiento.
Como ocurrió en casos anteriores -y que no fue corregido- "un factor determinante para llevar a cabo estas maniobras fue la falta de registros en los padrones de la obra social, y de la baja correspondiente de aquellos beneficiarios".
Por esas irregularidades, y con la supuesta complicidad de funcionarios de distintas delegaciones del PAMI de todo el territorio nacional que ya se está investigando, "se detectó la provisión de 23.330 unidades de tiras reactivas en 583 farmacias de todo el país utilizando los datos de 1133 afiliados fallecidos. En tanto, se estableció un consumo irregular de insulina por parte de 863 afiliados fallecidos a través de 364 farmacias de distintos puntos del país, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de 10 millones de pesos a las arcas del Instituto".
La siguiente modalidad, siempre según la denuncia penal, tiene que ver con la inclusión en el "Padrón de Diabéticos" -en el ámbito del PAMI- de personas "que no padecían tal patología".
En este punto vale aclarar que ya en el año 2012, y cuando el jefe de ese organismo era el ahora multiprocesado Luciano Di Cesare, la misma fiscalía UFI-PAMI, advirtió "un crecimiento desproporcionado de este tipo de insumos" y la Subgerencia de Medicamentos del INSSJP ordenó una baja masiva del mencionado padrón, exigiendo que los beneficiarios presentaran nuevamente toda la documentación necesaria para acreditar que padecían la enfermedad.
Pero esto -y queda a la vista- no se cumplió. Por esa razón, desde esa fiscalía federal se había advertido a las nuevas autoridades que "una significativa cantidad de afiliados de diferentes provincias del país no habían cumplido con el trámite".
A partir de esa referencia, se pudo determinar que la mayor parte de los afiliados que no se reempadronó no padecía diabetes, motivo por el cual no utilizaba tiras reactivas ni insulina y, más aún, "ni siquiera conocían a los médicos que habían efectuado las prescripciones", un verdadero escándalo al que no se prestaba atención.
Por esa razón el fiscal Arzubi Calvo volvió a investigar el tema y descubrió que la defraudación a la obra social de los jubilados seguía engordando el bolsillo de los estafadores.
Esto también se vio -y ocurre en la actualidad- porque el padrón de beneficiarios no es actualizado de manera razonable para darle de baja a los fallecidos y eliminarlos así del sistema informático.
Finalmente, un tercer modus operandi está vinculado a la presentación de recetas del INSSJP por parte de establecimientos farmacéuticos de distintas jurisdicciones para su facturación y posterior cobro, en las cuales se adjuntaron troqueles -tanto de insulinas como tiras reactivas y otros medicamentos- presuntamente apócrifos.
Entre las jurisdicciones que más irregularidades presentaron figuran, por ejemplo:
–En Santiago del Estero, la UFI PAMI denunció el consumo irregular de 1.076 dosis de insulinas por parte de 50 afiliados fallecidos, a través de 20 farmacias y con la participación de 40 médicos distintos, resultando de ello un perjuicio patrimonial al Instituto de cerca de 2 millones de pesos.
–En Mendoza, la investigación determinó la utilización de los datos de 145 afiliados fallecidos, en cuyo nombre se presentaron 744 recetas a 100 farmacias que dispensaron insulina y tiras reactivas, lo que habría ocasionado un perjuicio patrimonial cercano a los 7 millones de pesos.
–En Córdoba se detectó la provisión efectuada por 100 farmacias usando los datos de 582 afiliados no reempadronados o fallecidos, al tiempo que se detectó que dos establecimientos presentaron al cobro recetas con troqueles apócrifos en las que se empleaban los datos de 17 afiliados.
Y eso no es todo, en agosto pasado, y en la misma provincia de Córdoba, se realizó una ampliación de la denuncia original a través de la cual se detectaron 1.269 consumos irregulares de insulinas en 75 farmacias por parte de 201 afiliados ya fallecidos, maniobra que habría ocasionado un perjuicio superior a los dos millones de pesos al PAMI.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo el mes pasado se detectaron 14 farmacias que habrían entregado 614 medicamentos a 85 afiliados ya fallecidos, provocando una pérdida estimada en 1 millón de pesos a la obra social.
–En la provincia de Buenos Aires hay actualmente investigaciones abiertas en Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero, San Isidro, Quilmes, Mar del Plata, Campana, Mercedes, Pergamino, Dolores, San Martín y Arrecifes. La defraudación, en estos casos, supera el millón de pesos.
El trabajo nombra al resto de las provincias donde la estafa contra la mayor obra social del país es idéntica a lo ya mencionado.
Es decir que hay un patrón común que, desde hace años, se utiliza para desangrar al PAMI, un organismo descentralizado que se nutre con los aportes realizados por todos los habitantes del país. De esta manera se comprende por qué razón el PAMI salta de crisis en crisis; de deficiencia en deficiencia, y donde los abuelos son los principales perjudicados al no contar con prestaciones básicas para su salud.