El presupuesto universitario bajo la lupa: rectores piden $7.000 millones más en fondos

En un año marcado por conflictos con el sistema científico y el sector educativo, las universidades vuelven a reeditar la discusión con el Gobierno por el Presupuesto 2018. Aunque desde el Poder Ejecutivo aseguran que la brecha entre lo que se pide y se asigna se achicó sensiblemente, los rectores aseguran que los recursos son insuficientes. De hecho, denuncian "congelamiento" y recortes en algunas áreas sensibles, como en investigación y hospitales universitarios.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que representa al conjunto de las universidades nacionales, hizo oficial su reclamo de una partida extra de $7.000 millones el pasado 29 de septiembre cuando se realizó el 78° plenario de rectores en Pergamino. Para el año que viene, habrá $100.800 millones destinados a las universidades. Es un 26% más con respecto al año anterior, además de un 4% de aumento para otros rubros de la Educación Superior como Salud e Investigación. En total, el incremento estipulado será del 30 por ciento.

La puja por los recursos universitarios pasará por el Congreso nacional, cuando se debata el tema en las comisiones de Hacienda y Educación. Pero ninguna cifra se modificará hasta después de las elecciones de octubre.

"Nuestro presupuesto está por encima del que mandó el Poder Ejecutivo, que es un 8% más. Vamos a seguir insistiendo con esto, porque al sistema universitario no le alcanza con lo que se mandó", sostuvo Rodolfo Tecchi, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

Según los rectores, el financiamiento proyectado por el Gobierno no permite afrontar adecuadamente los proyectos científicos y educativos del sistema.

"Este año, los gastos de funcionamiento aumentaron más del 25 por ciento. La política siempre fue actualizar el presupuesto de acuerdo con la pauta salarial, pero como estos gastos crecieron más que los salarios, va cambiando la relación. Y después de las elecciones van a haber más aumentos", añadió Tecchi.

Parte de los pedidos del CIN incluyen un adicional de 3.000 millones para obras e inversiones de equipamiento. "En estos dos años hubo que postergar para más adelante las iniciativas de desarrollo y lanzamiento de nuevas carreras o sedes. Cada universidad tiene sus planes, no solo se trata de mantenerse, sino de crecer institucionalmente", consideró el titular del CIN.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, advirtieron que los fondos resultan suficientes. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fue más allá con las definiciones y planteó que en los últimos 15 años la brecha entre lo que piden los rectores y lo que se establece en el presupuesto nacional es "la más chica". 

"Es nuevo lo de la brecha", afirmó Danya Tavela, secretaria de Políticas Universitarias (SPU). "Lo que piden se basa en un modelo, y como todo modelo, se trata de una representación de la realidad. Es muy difícil que alguna vez vamos a equiparar esa solicitud presupuestaria. En esta oportunidad, para 2018, vamos achicando esa brecha aunque queden desigualdades a resolver adentro del sistema. Lo cierto es que asignamos el 95% del presupuesto solicitado",

Desde el CIN plantearon que esa brecha no se achica. "Nosotros lo que aplicamos es un modelo de desarrollo que tiene en cuenta el aumento de la matrícula de los alumnos, las necesidades edilicias, la pauta salarial entre otros puntos que hacen al quehacer de las universidades", afirmó Tecchi. "Siempre hubo diferencias entre lo que pide el CIN y el Poder Ejecutivo, pero ahora son mayores que antes", agregó.

Afinar el lápiz 

Son varios los puntos presupuestarios en los que aún hay desacuerdo. Uno de ellos es el área de Ciencia e Investigación, es decir, los fondos destinados a proyectos científicos y sostenimiento de subsidios, sobre los que denuncian que hay un "congelamiento". "En esa área nos han asignado $500 millones, que es lo mismo a lo del año pasado y nos permitió, más o menos, mantener el ritmo de nuestros planes y equipamiento. Pensamos que el año próximo iba a ser de $1.000 millones, pero esto no ocurrió", sostuvo el rector de la UNJu.

"Hay un desmantelamiento progresivo del aparato científico. Es la misma partida que la del año pasado. Una vez más, se privilegia a los laboratorios y los cachés privados de lo que se investiga. Esto se agrava además con la devaluación incluida en los insumos de origen extranjero, por lo que hay menos cantidad de insumos previstos", consideró Antonio Rosselló, secretario adjunto del gremio docente Conadu Histórica.  

Tavela, en cambio, consideró que de los $150 millones que eran destinados al área de Ciencia en el Presupuesto 2015, se aumentó a $860 millones, si se añaden los $150 millones del Programa de Incentivos y los $210 millones que se destinarán a la incorporación de los becarios despedidos del Conicet. Se trata de los doctores que finalizaron su beca y, pese a contar con la admisión en el organismo, quedaron afuera del instituto en 2016 por decisión del ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao. El cese de las becas generó un conflicto gremial que conllevó la ocupación de los investigadores del Polo Científico Tecnológico del barrio porteño de Palermo. Aunque ese conflicto sigue abierto, los becarios aceptaron pasar a formar parte de las universidades.

En los hospitales universitarios, en tanto, hay reclamos por la reducción de las partidas. Ese rubro pasó de los $300 millones de 2017 a $140 millones para 2018. Desde la SPU aclararon que esa merma se debe a que hubo un crecimiento en gastos de capital, por lo que se recortó la participación destinada a gastos corrientes. "Se van a reducir las prestaciones de hospitales públicos que dan asistencia gratuita a la población", alertó Rosselló. Tecchi adelantó que están pidiendo recomponer esa asignación.

Sintonía fina sobre el conurbano

Las llamadas "universidades del conurbano", aquellas creadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, también tienen sus propios reclamos de recursos. Aseguran que fueron perjudicadas en el reparto presupuestario al destinarse únicamente 250 millones a su fortalecimiento. Son en total 17 universidades los establecimientos "nuevos" en todo el país.

"Las universidades nuevas son las que tienen menos de 10 años. Tienen planes de desarrollo en marcha y todos los años registran una mayor demanda de crecimiento, por lo que requieren de una especial atención en recursos. Recién se consolidan a los diez años de haber sido creadas, por eso estamos pidiendo más partidas", planteó Tecchi.

Una de las casas de estudio más ruidosas en reclamo de recursos es la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), de Florencio Varela. El sindicato Conadu viene exigiendo a la SPU que se paguen los salarios de cerca de 140 docentes ingresantes que dictan clases en aquella sede universitaria. El presupuesto para esta casa de estudios es de $483 millones, pero la institución reclama $169 millones más para poder funcionar en condiciones mínimas.

Tavela reconoció que están teniendo diferencias de criterio con algunas universidades en particular y sus requerimientos de financiamiento para expandirse. "Algunas este año duplicaron su presupuesto. En la UNAJ tienen que modificar y organizar su estructura de manera más eficaz", planteó la funcionaria.

Una de las pautas sobre la reorganización de las universidades fue anticipada por el propio Finnochiaro. El titular de la cartera educativa advirtió que se priorizarán las carreras universitarias que tengan inserción en el desarrollo económico y planteó que "si en un radio de 3 kilómetros hay tres universidades que tengan una carrera, no habilitaremos una cuarta con la misma oferta".

"Vamos a tener una rediscusión con muchas universidades sobre cómo implementan su proyecto institucional, desde el punto de vista de la planificación, aunque respetando su autonomía", afirmó Tavela.

Mientras los rectores de las universidades confían en poder acordar más fondos en el Congreso con el oficialismo y los bloques de la oposición, desde los gremios la postura es más dura.

"Rechazamos este presupuesto de plano, no vamos a entrar en una negociación. Los gastos no salariales del presupuesto se redujeron en 20 millones de pesos, mientras que los salariales se movieron recién después de 20 días de paro", fustigó Rosselló, quien aclaró que su sindicato exige unos $300 millones más para que se aplique en su plenitud el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes.