La Corte Penal Internacional investigará las acusaciones contra Luis Moreno Ocampo

La Corte Penal Internacional (CPI) investigará las denuncias contra Luis Moreno Ocampo. Así lo anunció el organismo este jueves, luego de que la red europea de periodismo de investigación -EIC por sus siglas en inglés- revelara movimientos de cifras millonarias mediante el armado de una sofisticada ingeniería financiera y acusara al ex fiscal de la CPI de conflicto de intereses. Además de sus negocios ocultos, los documentos muestran que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio Hassan Tatanaki.

"He transmitido acusaciones contra dos miembros de mi despacho al Mecanismo de Control Independiente (MCI) con que cuenta la Corte en su marco jurídico. El MCI indicó que este asunto sería objeto de una investigación completa", indicó en un comunicado Fatou Bensouda, la actual fiscal de la CPI y sucesora de Moreno Ocampo. "Las acusaciones serán evaluadas en forma objetiva e imparcial respetando el debido proceso y el tratamiento justo de los miembros implicados", agregó.

El caso es de gran resonancia internacional y pone en jaque el prestigio que había adquirido Moreno Ocampo porque cuando en 2003 ocupó el cargo de fiscal jefe de la CPI, se encargaba de llevar a juicio a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Estuvo allí hasta 2012.

Bensouda detalló que la investigación fue abierta tras "recientes acusaciones publicadas en los medios acerca del comportamiento reprensible del ex fiscal" Moreno Ocampo "y de algunos miembros anteriores y actuales del despacho", agregó. "En mi calidad de fiscal, estoy preocupada y me tomo muy en serio las acusaciones", afirmó, al tiempo que llamó a "abstenerse de cualquier especulación" y "respetar el procedimiento".

Esta semana, la CPI le había pedido al ex fiscal que "se abstenga" de interferir en su trabajo con respecto al general libio Jalifa Hafter, investigado por posibles crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Por pedido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la CPI investiga posibles crímenes de guerra en Libia desde 2011, cuando Ocampo era aún fiscal jefe. Pero los problemas para el abogado llegaron después, cuando habría sido contratado por tres millones de euros por Tatanaki con el objetivo de asesorarlo y "protegerlo de procesos penales".

El propio Ocampo admitió que recibió de Tatanaki 750 mil dólares y justificó que ayudarlo fue "no solo legal sino también correcto". La denuncia de la EIC hablaba de que el contrato entre Ocampo y el empresario era de un millón de dólares por año.

Posteriormente, cuando Ocampo ya no formaba parte de la CPI, un empleado de la Fiscalía del tribunal se habría puesto en contacto con él para advertirle de que Hafter podría ser investigado por ese organismo debido a un discurso televisivo, en el cual el militar amenazaba de muerte a aquellos que no se unieran a su causa.

Esa alocución fue retransmitida a través de un canal de Tatanaki, por lo que Ocampo decidió elaborar "una estrategia para aislar" al magnate libio. Su accionar habría puesto también en riesgo la confidencialidad y curso de las investigaciones del tribunal, es decir, actuó en contra de los objetivos del tribunal que integró.

Moreno Ocampo conocía bien el conflicto libio. Durante su magistratura en la Corte investigó los crímenes cometidos por Muammar Gadaffi contra su pueblo, sobre quien llegó a ordenar su captura internacional. Esa tarea se vio abortada en 2011, cuando Gadaffi murió asesinado en un linchamiento popular. Aquella muerte no puso fin a la guerra civil. En 2014, la coalición islamista "Amanecer Libio" tomó Trípoli, la capital, y gran parte del noreste del país. El gobierno oficial, apoyado por Estados Unidos, Rusia y Egipto, se exilió con el ejército hacia el este, en la ciudad de Tobruk.

Frente al baño de violencia que sumió al país, Tatanaki impulsó la iniciativa Justicia First ("Justicia Primero") con el objetivo de "traer la paz a Libia". En este contexto es que le ofrece un contrato millonario en 2015 a Moreno Ocampo para que oficie como asesor. El ex fiscal ya estaba fuera de la Corte y había vuelto al mundo privado. Él mismo promocionó la iniciativa en la CNN, en mayo de 2015.

Pero aunque se mostraba como un importante empresario y filántropo, en parelelo Tatanaki mantenía una estrecha relación con el general Khalifah Haftar, el jefe del Ejército Nacional Libio, a quien llamaba "compañero".

Y fue cuando Ocampo dejó la CPI que su sucesora, Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de Haftar. Por eso que ahora la fiscalía aseguró que desde que Ocampo terminó su mandato, "la oficina se abstiene de iniciar contactos o de entablar conversaciones con él sobre la labor" de ese órgano.

La actual fiscal "ha aclarado esta posición a Ocampo en el pasado" y "le ha pedido que se abstenga de cualquier pronunciamiento o actividad pública que pueda interferir con las actividades de la Oficina o desacreditarla", pues "no habla ni actúa en nombre de la Fiscalía".

Otro punto que complica a Moreno Ocampo y pone en juego su moral es que una vez que lo vínculos de Tatanaki con Haftar eran evidentes, él pudo haber denunciado a su cliente o roto su contrato en señal de protesta. Lejos de ello, decidió proteger a Tatanaki ante la Corte Internacional.

Sobre los vínculos offshore que aparecen en la denuncia periodística, la CPI expresó que "no prejuzga la exactitud de esas acusaciones" y, en caso de ser ciertas, la corte "no era consciente de esas cuentas".

La denuncia que lo involucra en paraísos fiscales se basa en el análisis de más de 40.000 documentos, entre ellos, balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, cruzados con fuentes de información pública.

El 15 de agosto de 2012, dos meses después de que Moreno Ocampo dejara su puesto como fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, su cuenta en el banco holandés ABN AMRO recibió 50.000 euros procedente de una cuenta en Suiza. "El emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá. En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirán", sostiene el artículo publicado en El Mundo.

Esa no fue la única "offshore" a la que está vinculado. Su esposa aparece formando parte de Lucia Enterprises, con sede Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado. Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado hasta hace poco tiempo un paraíso fiscal en Latinoamérica. "Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Panama Papers", sostiene la investigación.

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