El Senado aprobó con cambios la ley que pena la corrupción empresarial

El Senado aprobó con cambios la ley de Responsabilidad Penal Empresaria y ahora el proyecto volverá a Diputados, en donde había conseguido la media sanción pero, a raíz de las modificaciones que realizó la Cámara alta, deberá votar su aprobación final. La votación en general fue de 65 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Esta iniciativa, que pena la corrupción en las empresas, es uno de los principales intereses de Mauricio Macri porque es un requisito para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los cambios realizados fueron en torno a este objetivo. La propia Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, se involucró y se reunió con los senadores y diputados de Cambiemos para que el proyecto sufra las modificaciones necesarias. Entre ellas, se determinó que se limitan los delitos aplicables a empresas, las multas no se vinculan a su facturación y podrán salvarse si cuentan con un programa de integridad. Además, la ley solo contemplará los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas (prescriben a los seis años) y las multas serán de dos a cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa. 

Los delitos contemplados son cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias nacional o trasnacional, concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. 

Un artículo que quedó descartado fue el 37, que había sido rechazado en Diputados y la oposición en el Senado no cedió para incluirlo. Lo que pretendía este punto era que las empresas involucradas en casos de corrupción pudieran hacer "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Se lo conocía como "artículo Odebrecht".

Lo que sí se mantuvo es el "colaborador eficaz", equivalente a la figura del arrepentido en las personas físicas. Lo que implica es que si esta persona devuelve el dinero por el delito por el que se la acusa o brinda información, puede tener una reducción de condena, aunque nunca podrá ser eximido de prisión.

En el comienzo del debate, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pedro Guastavino (PJ-FPV), explicó que se ha llegado a un texto "realmente muy bueno" que permitirá que "la legislación argentina se alinee con las legislaciones internacionales".

El senador citó que entre los cambios realizados se acotó el alcance de la legislación a los delitos referidos a la corrupción contra la administración pública que comprenden, entre otros, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances falsos y el cohecho transnacional.

También se quitó del texto la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción contra la administración pública que había establecido la Cámara baja porque, dijo Guastavino, "era una barbaridad" equipararlos con los delitos de lesa humanidad.

El otro punto clave que se aprobó -media sanción- fue la prórroga de la Ley 26.160, que evita los desalojos en tierras que son habitadas por comunidades indígenas. Con 62 votos a favor, ninguno contra y ninguna abstención, finalmente se prorrogó por 4 años como querían los pueblos originarios y no por dos años y medio, como quería el Gobierno. Ahora Diputados deberá votar la prorrogación final.

La norma, sancionada en 2006, suspendió los desalojos por cuatro años a la espera de un relevamiento catastral que nunca se terminó y fue prorrogada en dos oportunidades, pero lo dispuesto en el texto vence el 23 de noviembre próximo, razón por la cual el Congreso volvió a extender el plazo.

La titular de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda, fue quien más defendió la prórroga: "Cuatro años es el plazo mínimo en que podemos pensar para terminar con el relevamiento. Si no se extiende la ley antes de tiempo, más del 65% de las comunidades quedarán en estado de vulnerabilidad".

Por su parte, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti apuntó contra el Gobierno: "Es evidente la demonización que están haciendo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich". 

Luis Naidenoff, del interbloque Cambiemos, explicó que, según el informe del INAI, ay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado: "A 11 años de vigencia de la ley, solamente el 30% de las comunidades tienen un relevamiento real y efectivo y están en condiciones de avanzar en la eventual titularidad del dominio".

En el final, Miguel Ángel Pichetto realizó dio su opinión sobre el caso Maldonado y los mapuches: "Para mi no hay tierra sagrada en Argentina. No puede haber ningún espacio argentino que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades. Eso no es tolerable desde el punto de vista de la lógica constitucional. Estoy seguro de que hay una mayoría inmensa de la comunidad mapuche que no comparte para nada la violencia del grupo RAM".