A pesar de las críticas que recibió de expertos constitucionalistas, la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, insistió en que la ocupación de los establecimientos educativos por parte de alumnos, que se oponen a la reforma, no son un delito.
"Las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ese tipo de delito", aseguró la jueza que la semana pasada hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la policía las ocupaciones.
En declaraciones a radio FM La Patriada, Liberatori insistió en su defensa de los alumnos que encabezan las tomas. "Este tipo de situaciones no pueden ser entendidas como delitos de usurpación, ese tipo de delitos están referidos a la propiedad privada. Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya", enfatizó.
"(Germán) Garavano, cuando dice que esto es una ilegalidad, entonces habla de una usurpación. Pero no es lo mismo que tomar mi garaje. La ilegalidad en sí no existe. No hay una ley específica de la Legislatura que tipifique la toma como falta, contravención o delito. No hay delito sin leyes previas. Habría que preguntarle (al ministro) qué leyes se están violando", agregó en diálogo con FutuRock FM.
Sin embargo, para el fiscal de primera instancia porteño, Carlos Fel Rolero Santurian, "los chicos de 16 y 17 son imputables" por las tomas de colegios y "también los padres pueden ser imputados".
Rolero Santurian explicó que los menores de 18 años que están bajo la guarda de los padres son responsabilidad de sus progenitores. Si los adultos tienen conocimiento de algún hecho delictivo que pudieran cometer, deben intentar evitarlo, ya que si no tienen responsabilidad penal.
La protesta estudiantil tiene hoy 16 causas judiciales.
Infobae habló con tres expertos constitucionalistas que dieron su visión sobre el proceder de la jueza. El doctor Gregorio Badeni afirmó en forma contundente: "Creo que la jueza se equivocó y cometió un error muy grave. De ninguna manera puedo coincidir con la decisión que tomó la jueza Liberatori".
Por su parte, el constitucionalista Guillermo Lipera dijo: "En primer lugar, yo creo que su resolución no es ajustada a derecho, porque no contempla el derecho que tienen los alumnos que quieren estudiar. Segundo, toda medida realizada por la fuerza es ilegal. Por ende los alumnos que toman un colegio deben recibir sanciones disciplinarias".
En coincidencia con sus colegas, el doctor Alejandro Fargosi afirmó: "Estoy en contra, no es un derecho constitucional, es una equivocación muy grande. Primero la Argentina tiene un sistema en el que tienen prioridad los Tratados Internacionales de Derecho del Niño, tal como prevé el artículo 13 de la Convención de Derechos de Niño".
En este marco, y luego de casi cinco semanas de conflicto, los estudiantes que ocupaban los colegios porteños comenzaron ayer –paulatinamente– a levantar las tomas. Anoche quedaban 11 colegios tomados de un total de 29, según informaron fuentes del Ministerio de Educación porteño.