De repetirse los resultados electorales de las PASO del 13 de agosto –el Gobierno espera mejorarlos en algunos distritos-, Cambiemos se verá muy beneficiado en ambas Cámaras del Congreso y aumentará su presencia de legisladores, lo que le permitirá depender menos de otros bloques a la hora de aprobar leyes. Pero esto será después del 10 de diciembre, cuando se renueven los diputados y senadores, lo que implicaría que Mauricio Macri llame a sesiones extraordinarias, algo que está contemplado pero no aún decidido. Esperarán a ver cómo se comporta el peronismo –sobre todo los gobernadores- luego de las elecciones.
Marcos Peña y Mario Quintana convocaron para hoy a los principales referentes de Cambiemos en el Congreso a Casa Rosada para discutir la agenda parlamentaria. Emilio Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Federico Pinedo, Ángel Rozas y Fernando Sánchez estuvieron presentes para definir los principales lineamientos.
Las iniciativas que impulsará el Ejecutivo están mayormente relacionadas a la economía y las considera "fundamentales" para los objetivos de gestión de cara al 2019: Presupuesto 2018, Responsabilidad Fiscal (ya ingresó al Senado), Reforma Impositiva, Impuesto al cheque (ya en Diputados) y un revalúo del Impuesto a las Ganancias para empresas, que también ingresó en Diputados. Asimismo, espera que se sancione la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que pena a las empresas involucradas en hechos de corrupción y que ya tiene media sanción en Diputados, aunque se espera que el Senado haga cambios -tiene dictamen- y vuelva a la Cámara baja.
El objetivo del Gobierno es hacer un "gran acuerdo" con la oposición que permita aprobar todas las normas. Esto es porque la mutación de los bloques opositores tanto en Diputados como en Senadores también serían un guiño para el oficialismo, ya que los gobernadores no aliados al kirchnerismo comenzarán a pisar fuerte, sobre todo en la Cámara baja, donde el peronismo no K podría formar una bancada de más de 40 diputados.
A partir de esto, la estrategia se basa en poner a las provincias en la dicotomía de elegir entre "el crecimiento y el desarrollo" o "los desastres del pasado". En la Casa Rosada consideran que estas leyes afectan a todas las economías regionales y las ayudarán a crecer, por lo que confían en que "nadie querrá quedarse fuera". En especial con la Responsabilidad Fiscal -la gran mayoría son deficitarias y 21 provincias ya firmaron un acuerdo con la Nación- y con la Reforma Impositiva, aunque ahora lo acordado podría estar en jaque a raíz del reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que le quitaría al resto de los distritos 55 mil millones de pesos por año. Lo mismo sucede con el Impuesto al cheque, que vence a fin de año, y los distritos calculan que recibirán menos fondos, lo que les impedirá cumplir las metas de reducción de gasto.
Con respecto a la Reforma Impositiva, está previsto que se discuta en la comisión bicameral -que ya está funcionando- hasta 2018. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, informó que allí también se discutirá el Impuesto al cheque. En el oficialismo creen que no es inminente que se apruebe esta norma –la impositiva- sino que será un "debate largo". Estiman, además, que recién en el último año de Macri como presidente entraría parcialmente en aplicación.
Pero este conjunto de leyes aún no son una batalla perdida para el Presidente, que tiene en Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Dujovne a sus principales interlocutores con los gobernadores. Sucede que todavía el Gobierno no decidió cómo reformará el Impuesto al cheque (sí que lo prorroga hasta 2019) y, además, hay que aguardar a la decisión de la Corte Suprema con respecto al Fondo del Conurbano, de la cual los mandatarios provinciales esperan un espaldarazo: no quieren que tenga la palabra final, sino resolver el conflicto ellos "mano a mano" con la Casa Rosada.
En el Ejecutivo no son ajenos a la importancia de los momentos políticos para utilizar el Congreso. Por eso, la única sesión que habría en Diputados hasta las elecciones será el 4 de octubre, donde se trataría la paridad de género. Esto es porque no quieren darle espacio a la oposición para instalar temas conflictivos.
La misma lógica utilizan para exprimir los resultados electorales, que, observan, le darán más empuje político y legitimidad. Los referentes del oficialismo en la Cámara baja –Mario Negri, Emilio Monzó, Nicolás Massot– piensan que en octubre los resultados serán tan buenos que el peronismo, de la mano de los gobernadores, se acercará para consensuar las leyes más importantes. Aquí volvería Frigerio como interlocutor. A raíz de esto es que pasa a ser relativa la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias: a pesar de los resultados de las elecciones, Cambiemos no tendrá mayoría en ninguna Cámara y estará obligado a negociar. Entonces, especulan, si el peronismo se presta para realizar acuerdos, hay leyes importantes que saldrán en el período ordinario. En cambio, si la situación es a la inversa, el Presidente extenderá los días parlamentarios. También puede ocurrir una mezcla y que se voten algunas normas antes del 30 de noviembre (último día para aprobar leyes) y otras a partir del 10 de diciembre.
En caso de aplazarse el tratamiento de estos proyectos, la presencia de Cristina Kirchner en el Senado, inesperadamente, también beneficiaría al Gobierno, ya que vendrá de la mano con una división del bloque PJ-FpV, que tiene formalmente 36 miembros pero que con los aliados supera los 40. Esto se verá reducido no solo por los senadores que Cambiemos conseguirá en las elecciones sino porque el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, ya anticipó que no compartirá espacio con la ex presidente. Una doble división que favorece al oficialismo, que durante estos dos años supo cosechar una buena relación con el legislador de Río Negro. En Balcarce 50 estiman que el bloque del kirchnerismo duro será de entre 10 y 12 senadores.