Entregar diagnósticos socioeconómicos poco agradables para intendentes, gobiernos o ministros no resulta tarea nada sencilla para Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Pero este es un reto que se impuso desde que empezaron a establecer acuerdos con instituciones estatales y el resultado está a la vista: "Siempre es un riesgo que algunos tomen nuestros aportes como prenda fácil para legitimarse o deslegitimar a otro, o mostrarle a la vidriera su particular sensibilidad política", dice Salvia.
El Observatorio Social de la UCA se ganó un gran prestigio en la Argentina cuando el INDEC estuvo intervenido durante el kirchnerismo y no había datos reales sobre la pobreza. Ahora exigen que sean los gobiernos quienes asuman el prestigio perdido. O como dice Salvia en diálogo con Infobae, que "las dirigencias políticas de nuestro país encuentren una cultura política en donde las verdades parciales que provea las ciencias sociales estén por sobre los intereses mezquinos".
-¿Cuáles son los acuerdos que el Observatorio de la Deuda Social está haciendo hoy con diferentes municipios y gobiernos?
-Estamos trabajando con diferentes organismos nacionales, gobiernos provinciales y también algunos municipios. Las investigaciones más importantes se están desarrollando con el Ministerio de Desarrollo Social, el RENAPER del Ministerio del Interior, así como con el ANSES y el Ministerio de Seguridad, pero también con los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Tucumán y Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de Paraná, Morón, Lanús, entre otros. No menos importante es destacar que también hacemos estudios e informes periódicos para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
-¿Qué dificultades encuentran en estos trabajos?
-Como se puede apreciar, no hay grieta ideológica en nuestros estudios, dado que está muy clara nuestra misión: poner en la agenda las injustas privaciones que afectan a los sectores más vulnerables y promover las políticas públicas que atiendan sus derechos, necesidades y demandas. Es muy importante que haya coincidencia en este punto, dado que no podemos desdibujar nuestra misión y dejarnos manipular por los gobiernos o partidos, cualquiera sea su color político.
Lamentablemente, un convenio firmado con el municipio de Lanús fue presentado en algunos medios como una colaboración del Observatorio con dicho municipio en su lucha contra la inseguridad, lo cual desvirtúa profundamente el sentido de los trabajos del ODSA. En este caso, el convenio especifica claramente un único objetivo: "Se espera lograr información relevante que permita comprender con mayor objetividad e integralidad la problemática sociopolítica del narcotráfico y la narcodependencia juvenil".
Esto de ninguna manera implica "acompañar" la política del Municipio sobre inseguridad o brindar aprobación al modo concreto de ejecutar esa política. Los comunicados de prensa que surgieron a raíz de dicho convenio poco ayudan a servir a nuestro objetivo. Lejos estamos de acompañar a cualquier gobierno en sus políticas económicas, sociales o de seguridad. Nuestra labor no es hacer política ni legitimar determinada política, sino como dije, mostrar el tamaño, calidad y gravedad de los desafíos que enfrentan las dirigencias si buscan efectivamente contribuir al bien común, cualquiera sea su ideología u orientación política.
Nos interesa mucho la pobreza definida como déficit en capacidades de desarrollo humano e integración social. Esto involucra temas tan variados, pero a la vez vinculados como el empleo, el barrio, la vivienda, los recursos psicológicos de las personas, el problema del narcotráfico, las adicciones, la falta de confianza en las instituciones políticas que registra nuestra ciudadanía.
-¿Cuáles son los aspectos en los cuales ustedes no trabajan en relación a la política social de un intendente o gobierno?
-Como creo dije, nuestra preocupación principal y permanente es hacer visible la pobreza, la marginalidad y la exclusión, así como el avance del narcotráfico en nuestro país, y la falta de garantías políticas y jurídicas para enfrentar los atropellos que no pocas veces sufren los sectores más vulnerables por imposición de los intereses que mueven a las elites políticas y económicas. Siempre es un riesgo que algunos tomen nuestros aportes como prenda fácil para legitimarse o deslegitimar a otro, o mostrarle a la vidriera su particular sensibilidad política. La difusión pública de nuestras investigaciones intenta evitar eso, aunque no siempre lo logramos. Tampoco podemos hacer mucho contra eso más que ser transparentes con nuestras metodologías, con los resultados y dejar al debate político-ciudadano el esclarecimiento de las verdaderas intenciones de sus gobernantes.
-¿Podría dar algunos ejemplos de investigaciones en curso?
-Por ejemplo, las contribuciones más importantes que estamos haciendo apuntan a ubicar, caracterizar y georreferenciar a nivel de radios censales y pequeños vecindarios urbanos y caseríos rurales a los grupos de población en situación de inseguridad alimentaria y a aquellos que carecen de documento de identidad. También estamos trabajando en la identificación y caracterización de la llamada "economía social" y de los segmentos sociales a quienes todavía no les ha llegado la Asignación Universal por Hijo. Esto debería permitirle a los organismos avanzar con la búsqueda, registro y atención a dichos segmentos sociales. También estemos abocados a elaborar las líneas de base y evaluar el impacto en términos de inclusión de varios programas como el Plan ABRE de integración urbana que impulsa la provincia de Santa Fe, los programas de fomento a la economía social en la Provincia de Tucumán, los programas de integración urbana que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, o la propia AUH y el programa Progresar a cargo del gobierno nacional. Incluso, estos estudios los estamos haciendo nos contraten o no los respectivos gobiernos interesados. Son de interés ciudadano, y eso es muy importante para nosotros.
-¿Hay posibilidades de que los intendentes o gobiernos tomen en cuenta sus consejos o estadísticas para modificar programas sociales?
-Eso esperamos, pero muchas veces eso no es fácil. Más allá de que logremos producir buenos diagnósticos, los temas que involucran privaciones injustas entran en la agenda de los gobiernos cuando hay una demanda social al respecto y la opinión pública se hace eco de la misma. Obviamente, sin diagnóstico o con malos diagnósticos, no llegaremos muy lejos. De ahí nuestro particular interés en que los actores políticos tengan no sólo verdadera vocación por el bien común, sino también honestidad y humildad de criterio, dado que tienen mucho que aprender de la investigación académica. No sólo de nosotros, sino del campo científico-académico nacional que es muy prolífero en dar cuenta de las graves consecuencias económicas, sociales e institucionales que ha tenido para nuestra sociedad comprarle a las dirigencias y al gobierno de turno, espejitos de colores.
-¿Creen que se puede trabajar con total independencia de criterio en este tipo de acuerdos?
-Sí lo creo, pero siempre implica un pacto de confianza. Nosotros no dejaremos de hacer lo que hacemos, esperando hacerlo siempre mejor, aunque la investigación científica puede partir de supuestos fallidos y sus resultados nunca carecen de un margen de error, cualquiera sea la ciencia. Esto forma parte de las reglas de juego. Pero sí creo que cabe esperar que sean las dirigencias políticas de nuestro país las que encuentren una cultura política en donde las verdades parciales que provea las ciencias sociales estén por sobre los intereses mezquinos, las meta verdades interesadas y la falta de honestidad en el manejo del bien público.